Tan solo tres días después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en medio de la polémica que ha generado la renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre el hallazgo de mensajes entre militares e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, sobre información no entregada por el Ejército y sobre acusaciones deficientemente armadas por la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras irregularidades en la investigación de este crimen.

En un informe publicado este jueves —tras una conferencia de prensa—, el GIEI señala que nueva información del caso, procedente de la interceptación de comunicaciones por autoridades de Estados Unidos, menciona al menos 12 mensajes en los que se observa relación entre Guerreros Unidos e integrantes del Ejército, así como referencias a la Marina, personal del Semefo, el C4, policías estatales y locales y presidentes municipales.

Tres periodistas del medio BCS Noticias fueron vinculados a proceso por una jueza tras ser acusados de violencia política de género.

En un hecho sin precedente, la jueza Guadalupe Juárez Martínez vinculó a proceso a los periodistas Erick Murillo, Perla Cota y Diego Soto por el presunto delito de violencia política en razón de género en contra de una funcionaria pública.

El juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, al considerar que la querella está prohibida por leyes federales.

“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones”, escribió el juez Saylor en su fallo, descrito en unas 40 páginas.

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Delia González Cobos, entregó al Congreso local los resultados de la cuenta pública 2021, en la que se detectó un daño patrimonial de 3 mil 299 millones de pesos.

Durante este proceso fueron practicadas mil 12 auditorías y se emitieron más de 3 mil observaciones, de las cuales 133 fueron para entes estatales y el resto a municipios.

La reportera Kara Castillo fue despedida del portal de noticias El Ciudadano a sólo cuatro días que publicara la nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el Conafe en el interior del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, la periodista, con más de 15 años de trayectoria y especializada en temas de transparencia, dijo que tuvo que publicar esa investigación en el portal e-consulta ya que, por su línea editorial, era uno de los contados medios de comunicación de Puebla que lo divulgaría.

Desde el jueves 29 de septiembre, un grupo armado de aproximadamente 60 personas tiene sitiada la comunidad Atzamiló, ubicada el ejido Santa Martha, en Chenalhó, dejando el saldo de al menos cuatro pobladores muertos y varias heridos, denunciaron pobladores del lugar.

Los hechos se dieron porque a inicio de este año, en Santa Martha la población decidió firmar un acuerdo de paz y desarme, lo que les llevó a expulsar del lugar a quienes integran un grupo armado que mantiene bajo asedio a la población del municipio vecino de Aldama.

A un año de que se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de Chihuahua, entre ellos Juárez, 257 mujeres han sido asesinadas en el estado.

La violencia contra la mujeres prevalece incluso en los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, donde especificamente el mecanismo de la alerta se activó en agosto del 2021 para evitar muertes violentas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC) fueron asesinados durante un ataque armado la noches del jueves en la ciudad de Guadalupe.

Los jóvenes Francisco Javier García, Juan Genaro Ramírez y José Carlos Ramírez, quienes tenían entre 18 y 21 años, eran originarios de la comunidad Saucito, Pánfilo Natera, municipio limítrofe con San Luis Potosí, según informó el ayuntamiento de esta demarcación al manifestar condolencias a sus familiares.

Al menos 14 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 18 planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) declararon paros académicos y laborales en conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

A 54 años de la Masacre de Tlatelolco, los alumnos de ambas instituciones educativas recordarán, con una lista de demandas estudiantiles que expusieron en pliegos petitorios, el mitin que realizaron, hace más de medio siglo, los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.

Al presentar el cuarto informe del caso Ayotzinapa, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) criticaron la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, al considerar que existen intromisiones hacia la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que han dificultado su labor para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Además, se señaló falta de apoyo técnico, como por ejemplo la omisión de servicios periciales para reconocer y analizar las voces en videos donde aparecen “personas públicas conocidas” participando en actos de tortura. En distintas oportunidades fue solicitado el apoyo sin que fuera brindado, por lo que se obligó a la UEILCA a buscar asesorías en el extranjero, mismas que lograron hacer la identificación de las voces en los videos, explicó Francisco Javier Cox Vial, integrante del GIEI.

Tras el ciberataque que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hacktivistas denominado Guacamaya, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó a legislar “urgentemente” y aplicar normas estrictas en materia de ciberseguridad.

El senador dijo que en el país hay un problema serio con la seguridad en los archivos y en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue hackeada, como reconoció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

José Martínez Crespo, capitán retirado y actualmente preso en el Campo Militar 1-A, presuntamente solicitó su libertad bajo caución dos semanas antes de que se cumplimentara la segunda orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.

Documentos de seguridad nacional, correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente, informes de inteligencia sobre líderes criminales, transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios de contactos, seguimiento a personajes de alto nivel como el embajador de EU, disputas entre los secretarios de Sedena y Marina y datos sobre la fuerza militar de México son algunos de los datos que fueron sustraídos del Ejército por un grupo de ‘hacktivistas’ identificados como ‘Guacamaya‘, por lo que hay que preguntarse qué se podría hacer con esa información, señaló para Aristegui en Vivo el experto en ciberseguridad Manuel Rivera.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue hackeada por el grupo ‘Guacamaya’.

La vulneración de la ciberseguridad  de la Sedena y la extracción de seis terabytes de información, obtenidos por el grupo de hacktivistas fue informada la noche del jueves. Horas más tarde, en la conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó.

Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió justicia a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con su primer decreto oficial como presidente creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, con la intención de “dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales”.

Cuatro años después, ya con él como presidente, colectivos y organizaciones advierten que, si bien se hizo una labor importante al reconocer la desaparición como una problemática real a nivel nacional, la promesa de justicia no ha sido cumplida, ni para los 43 ni para las familias de las más de 100 mil personas desaparecidas a lo largo del país.

Un día después de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) criticaran la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la investigación del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a ambas instituciones y aseguró que estas colaboran para esclarecer los hechos.

Un juez federal vinculó a proceso por explotación ilícita del subsuelo, a Cristian Solís, identificado como dueño de la mina de carbón mineral “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, que se derrumbó el pasado 3 de agosto dejando atrapados a 10 mineros.

Es cierto que hubo un ataque cibernético o robo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional “mediante estos mecanismos modernos” y también son ciertos todos esos padecimientos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que es cierto lo que dio a conocer Latinus basado en lo filtrado por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” y que se dio porque “aprovecharon que está llevando a cabo un cambio en el sistema de información por eso son profesionales”.

Usuarios de redes sociales reportaron una balacera y persecución la tarde de este jueves en Matamoros, Tamaulipas, a la que siguió un fuerte operativo policiaco, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya informado oficialmente del suceso.

De acuerdo con reportes periodísticos, se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y fuerzas de seguridad en Plaza Fiesta, un centro comercial de esta ciudad fronteriza. Según esta versión, la refriega de saldó con un muerto y varios vehículos incendiados.

Los elementos de la Unidad de Investigación de Francisco Zarco, del Valle de Guadalupe, retiraron una narcomanta que fue localizada a las 6:34 horas de este viernes 30 de septiembre.

De acuerdo con el reporte el mensaje se encontraba en la zona conocida como Termoeléctrica, del Ejido Francisco Zarco en Ensenada, sobre la calle Luciano Jiménez y carretera Ensenada- Tecate, a dos locales del Mercado Castro.

En una casa hechiza de madera fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer en una zona de invasión en la colonia Hacienda Linda Vista en Tijuana.

De acuerdo a información obtenida por ZETA, alrededor de las 08:54 horas del jueves 29 de septiembre se reportó a la central de emergencias que en la calle prolongación calle Segunda, se escucharon por lo menos siete detonaciones por arma de fuego, en donde había personas lesionadas.

Al menos 17 personas fueron detenidas por su presunta implicación en dos células criminales dedicadas a diversas actividades ilícitas.

La detencón fue llevada a cabo en el municipio de Toluca por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) en trabajo colaborativo con la Guardia Nacional (GN), la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la Coordinación Nacional Antihomicidio (Conaho), la Secretaraía de Seguridad estatal y de Seguridad Pública de Toluca.

Con tan sólo cinco días al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, se anunció el relevo de Manelich Castilla Craviotto. A Castilla Craviotto le sustituye Rubén Oyarvide Pedrero, quien se encontraba al frente de la Seguridad Pública en Cancún.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han opuesto a cumplir con el informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por la Comisión de la Verdad, que es liderada por Alejandro Encinas.

El Jefe del Ejecutivo, en cambio, sí se dijo consciente de que adentro de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero pueda haber funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que estuvo en manos de Jesús Murillo Karam, hoy preso por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Pueblos de Oaxaca exigieron al Estado mexicano la prohibición del uso de agrotóxicos, no sólo del glifosato, y del cultivo de transgénicos en sus territorios y en todo el país, en el marco del Día Estatal en Defensa del Maíz Nativo, el pasado 29 de septiembre.

Reunidos en el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, los pueblos recordaron que los agrotóxicos han causado muertes en comunidades humanas, animales, vegetales y de hongos, y que en particular en comunidades oaxaqueñas los campesinos «se han ilusionado por la productividad y los resultados rápidos pero peligrosos».

Un “grupo internacional de hackers”, auto denominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

La información fue compartida por los denominados “hacktivistas” al medio digital Latinus, que la dio a conocer la noche del 29 de septiembre del 2022, a través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”.

La madrugada del 26 de septiembre de 2014, entre los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que fueron agredidos y posteriormente desaparecidos por autoridades de distintos niveles y miembros del crimen organizado, se encontraba un muchacho que, además, era parte del Ejército mexicano: José Luis López Patolzin.

“Su historia va más allá y da un giro clave a los hechos”, narra un nuevo video realizado por la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y publicado este viernes en la cuenta oficial del Gobierno de México.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca se despidió desde el martes pasado, por medio de un video, de su gestión, aunque desde hace cuatro meses, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) perdió Tamaulipas, “él sacó a su familia y prácticamente la Casa de Gobierno ha estado vacía”, reveló la periodista Martha Olivia López, Directora de En un 2×3.

El 1 de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tomó protesta como el primer Gobernador de la oposición luego de 86 años sin alternancia en Tamaulipas: “Lograr un Estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí y tengan la certeza que cumpliré. Aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido esta tierra; aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido Tamaulipas”. Esas fueron sus palabras y promesa ese día.

Hoy, seis años después, deja el Gobierno de ese estado en medio de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que las autoridades entrantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia.

Decenas de miles de correos electrónicos alojados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron hackeados por un grupo internacional de activistas y revelan detalles sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el periodista Carlos Loret de Mola en el capítulo 96 de su programa semanal en el canal Latinus.

En lo que se presenta como “el ciberataque más grave que haya sufrido el gobierno de México en su historia”, los correos vulnerados –que datan de 2016 hasta septiembre de 2022– revelarían además disputas entre los titulares de la Defensa y la Marina, así como información sobre el operativo en el que fue capturado y luego liberado Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un juez dictó prisión preventiva contra el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por el delito de ejercicio abusivo de funciones relacionado con el desvió de más de 9 millones de pesos.

Los exregidores Anayeli Fabiola “N” y Enrique “N” también quedaron en prisión, luego de que el agente del Ministerio Público presentó prueba contra los exfuncionarios.

Autoridades de Durango informaron de un derrumbe en la mina Gambusina en el municipio de Indé.

A través de redes sociales, Protección Civil del estado de Durango informó que tras el reporte del derrumbe, el coordinador, así como personal de la dependencia, se trasladaron al lugar de los hechos.

Después de que el pasado 25 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), se equivocara al anunciar la detención de Cristian Solís, a quien le atribuyó ser propietario de la mina “El Pinabete", en el municipio Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 mineros, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo García Berdeja, informó que hasta la mañana de este jueves 29, sigue pendiente la detención de los propietarios.

El día 25, la FGR dio a conocer que la detención se realizó por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, pues Cristian Solís presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación.

El gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo firmó un contrato por hasta 23 millones de pesos para evento del festejo del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre que incluyó el concierto de Los Tigres del Norte.

El Universal publicó que el contrato fue signado entre la Secretaría de Cultura capitalina y la empresa Kit Wear. Por la administración local firmó Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales Comunitarios, y por la empresa el apoderado legal Edwin Gafyd Flores Gordillo.

Después de casi seis meses de la desaparición de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ocurrida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el pasado 8 de abril, por fin, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la carpeta de investigación por feminicidio que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Después de que la insistencia de los padres de la joven obligaron a contratar a otro equipo de peritos forenses, quienes aclararon que la causa de su muerte fue “por sofocación y que su cuerpo no fue sometido a violencia sexual” y no, por una contusión profunda del cráneo, como la Fiscalía estatal había señalado.

A partir de la próxima semana, los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México pondrán en marcha una estrategia de seguridad metropolitana para combatir el robo a bordo de las unidades del transporte público en las zonas colindantes de Iztapalapa con Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz.

Acompañada de las autoridades policíacas de ambas entidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que este delito ha bajado en toda la ciudad, pero en algunos puntos de Iztapalapa la disminución ha sido menor, por lo que se determinó reforzar la vigilancia en avenidas como Zaragoza y Ermita.

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

Preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez entra y sale de su celda constantemente con motivo de sus enfermedades para ser atendido en hospitales de lujo, privilegio del que no gozan sus compañeros de cárcel.

La versión de las presiones del Ejército al subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para evitar encarcelar a militares, son rumores porque saben que no se puede encubrir a quien comete un delito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los procesos judiciales en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se buscó girar órdenes de aprehensión contra más militares, fuera de lo que indica el informe de la Covaj, porque buscaron dinamitar la investigación y generar una rebelión dentro del Ejército mexicano.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pedirá al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, una reunión para conocer por qué la Fiscalía decidió cancelar 21 órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

Desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información generada por los militares, argumentando que esa instalación no existía en 2014, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que él personalmente aceleró el arresto de figuras relevantes en el caso Ayotzinapa, y que dio la instrucción directa “y por escrito” al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval González​, para que los cinco militares involucrados en la desaparición y muerte de algunos de los 43 normalistas fueran detenidos.

La noche del miércoles 28 de septiembre, el exdirigente del Partido Nueva Alianza, Juan Pablo Rodríguez Gil, fue atacado a balazos en el fraccionamiento Playas de Tijuana.

Información revelada a ZETA refiere que alrededor de las 21:02 horas se reportaron detonaciones por arma de fuego sobre las calles Isla Coronado y de las Perlas en la sección Coronado, en donde un hombre había resultado lesionado.

«El aborto es un asunto de salud pública y el Estado tiene que garantizar este derecho». Con esta convicción, miles de mujeres realizaron marchas y acciones en todo Chiapas por su autonomía corporal y su derecho a decidir: en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula, Ocosingo, Tonalá, San Fernando y Mapastepec.

Integrantes de la la Asociación de Jubilados, Trabajadores y extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) volvieron a bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Morena y sus aliados lideran las preferencias electorales rumbo a las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 2023, mientras que la alianza Va por México tiene el 40 por ciento, seis puntos menos que el partido oficialista, de acuerdo con una encuesta publicada este jueves por El Financiero.

El ejercicio estadístico realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno muestra que la ligera ventaja morenista se redujo con respecto al anterior sondeo de julio, cuando Morena y sus aliados tenían una ventaja de nueve puntos porcentuales.

México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y defensores de la tierra, según un sondeo global dado a conocer el miércoles. En el norte del país, el pueblo indígena yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021.

El asesinato de defensores de la tierra indígenas a menudo evoca imágenes de activistas de la Amazonia asesinados en lo profundo de la selva, y Colombia y Brasil aún representan muchas de las muertes. Pero según un informe del grupo no gubernamental Global Witness, en México hubo 54 activistas asesinados en 2021, en comparación con 33 en Colombia y 26 en Brasil. El grupo registró la muerte de 200 activistas a nivel mundial en 2021.

La Guardia Nacional (GN) informó que identificó a los elementos de la corporación que participaron en la extorsión de un conductor en Guadalajara, a quien exigieron 100 pesos para dejarlo ir sin multarlo por no tener licencia de conducir vigente.

En una comunicación difundida por sus redes sociales la noche del miércoles, la GN explicó que la Unidad de Asuntos Internos identificó a los responsables del hecho e inició la investigación correspondiente.