“Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, dijo el abogado César Omar Gómez Hernández.
El anuncio de una probable denuncia contra Encinas coincide con la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, quien después de tres años se retiró del cargo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos para aprobar la cancelación de otras 16 órdenes de aprehensión que se presentaron contra mandos militares.
Desde el 18 de agosto, el gobierno federal dio a conocer la posible participación en el caso del general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, quien presuntamente mandó asesinar a seis de los 43 normalistas.
También informó sobre la implicación de los militares José Martínez Crespo, Fabián Alejandro Pirita Ochoa y Eduardo Mota Esquivel, razón por la cual fueron detenidos el 14 de septiembre y vinculados a proceso días después.
Ahora, la defensa de los militares afirmó que las acusaciones se sustentan únicamente en la versión de un testigo protegido identificado como “Juan”, que pertenece al grupo criminal Guerreros Unidos y en cuya versión “refiere datos falsos”.
Sobre el informe de la Comisión de la Verdad, los abogados aseguraron que este “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la fiscalía especial para el caso y al GIEI, lo que fue desmentido por este”.
Órdenes de aprehensión contra militares canceladas
La Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con el diario El País, de las 21 órdenes, 16 corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada, entre ellos, Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes en septiembre de 2014.
Esto significa que la fiscalía se arrepintió de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante tribunales por el caso Ayotzinapa.
Por su parte, el abogado de las familias de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, señaló que hay presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la cancelación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del caso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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