martes, 6 de septiembre de 2022

AMLO reconoce que presionó a ministros de la SCJN, por tema de prisión preventiva oficiosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió, el 6 de septiembre del 2022, que presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la discusión del proyecto sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero insistió en que se tiene que buscar una auténtica legalidad y justicia, ya que, según dijo, hay muchos inocentes en prisión.

“Puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema. Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo. Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir, si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea se borra al Ministerio Público y el derecho de las víctimas”, insistió el mandatario nacional.

“Y ¿a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo. Es mucho riesgo, han asesinado policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan [a los presuntos delincuentes], los jueces los liberan y ajustician, hay venganza”, señaló el político tabasqueño.

“Si, muchos, por lo mismo, por la corrupción, deben de ser miles, tienen que buscar una reforma a la Constitución y fijar un límite […] Yo no hablo con jueces, yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública en una democracia”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

SCJN SUSPENDE DISCUSIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició, el 5 de septiembre del 2022, la discusión respecto a la declaración o no de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO), figura jurídica a través de la cual se permite encarcelar a las personas sin que hayan sido encontradas culpables.

Durante la primera parte del debate -que duró casi dos horas-, tan sólo cinco de los 11 ministros expresaron el sentido en el que votarían. Hasta el momento, sumaron tres en contra y dos a favor, de la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulado, 136/2019 y el amparo en revisión 355/2021, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e integrantes del senado de la República.

Los primeros que rechazaron la PPO fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán. Mientras que los que se dijeron a favor fueron Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara. Por su parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, levantó la sesión y citó a sus homólogos para la sesión del 6 de septiembre del 2022.

“La prisión preventiva no puede ser la regla general ni una medida punitiva, sino que es una medida cautelar [dicha figura cautelar] debe ser uno de los últimos recursos para los que se debe acudir al Derecho Penal”, indicó el ministro Aguilar Morales, en su proyecto de 186 cuartillas de extensión.

“Se trata de una medida cautelar subsidiaria y excepcional que al limitar los derechos humanos de libertad personal, debe leerse a la luz de los principios pro persona y de presunción de inocencia, de manera que sólo las conductas más dañinas para la sociedad y el Estado Mexicano ameriten el uso de esta medida cautelar [la prisión preventiva oficiosa o automática]”, indica el texto.

En el proyecto deja claro que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reiteró que “la prisión preventiva constituye la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada, y por ello debe aplicarse excepcionalmente, de manera que la regla sea la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal”.

Además, enfatizó que uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia, según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía de presunción de inocencia, se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen.

Asimismo, agregó que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado.

Al inicio de la sesión, Aguilar Morales, aclaró que en su proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión preventiva oficiosa o automática, “no se estudia si la prisión preventiva es válida o necesaria […] tampoco se propone que desaparezca”. Se busca, según dijo el ministro ponente, “que únicamente se dicte por el juez correspondiente, siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que a una persona se le acusa por un delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general, las víctimas o la investigación del proceso”.

Además, se pretende que sea una medida que se aplique de manera excepcional y limitada a los principios de legalidad, presunción de inocencia, en tanto que deberá estar sujeta a un plazo razonable. “Se propone que la prisión preventiva se dicte únicamente cuando esté debidamente justificada, esto es, motivada por causas y motivaciones legítimas”, para evitar la evasión o que represente un riesgo para las víctimas”, agregó el proyecto.

Ello, dado que “la prisión preventiva vulnera los derechos humanos en muchas dimensiones y se convierte en una pena anticipada; atenta contra el propio sistema penitenciario y contra los fines de la reinserción social general, el crecimiento de la población penitenciaria y, por tanto, del hacinamiento carcelario”.

“¿Puede la SCJN dejar de observar y cumplir la Constitución y privilegiar un tratado internacional, en contra de la Carta Magna?: No podemos […] La SCJN no es una reproductora autómata de las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó, en su turno, Esquivel Mossa.

Además, la ministra dijo que la SCJN carece de atribuciones para inaplicar la Constitución y expresó que “lo único que podemos hacer es aplicarla y preservarla, pero siempre preservando la norma […] Si se considera que hay un abuso (de la medida cautelar de prisión preventiva) este no es un problema de la Constitución, ni de nosotros […] suprimirla implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas del crimen organizado […] Mi voto es en contra de sus consideraciones y de su sentido [del proyecto]”, enfatizó la ministra.

“Mi voto será en contra de la prisión preventiva oficiosa”, porque es violatoria a la presunción de inocencia, señaló, por su parte,Ortiz Ahlf, quien también destacó que la prisión preventiva no está prohibida, siempre y cuando se imponga de forma proporcional y razonable. “A mi parecer, la inaplicación es una cuestión sumamente delicada, que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes […] se correría el riesgo de constituirse en un poder constituyente”, acotó la ministra.

Mientras que Pérez Dayán resaltó que en un diferendo jurídico siempre ha de prevalecer la Constitución por encima de los tratados internacionales, amén de que la Carta Magna no puede declararse inconvencional ni inconstitucional. “El Tratado se debe a la Constitución, no la Constitución al Tratado […] No soy quien para desprender hojas de la Constitución […] Estoy en contra de la inaplicación de la Constitución y en consecuencia de la invalidez de las consecuencias aquí combatidas”, abundó el ministro.

 

MINISTROS NO AMAN AL PUEBLO; SI ELIMINAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, SE CONVERTIRÁN EN “SUPREMO PODER CONSERVADOR”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 5 de septiembre del 2022, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no le tienen tanto amor al pueblo”, y que si eliminan la prisión preventiva oficiosa, el Judicial se convertirá en el “supremo poder conservador”.

“Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo porque si se cancela el artículo entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar, no creo, la verdad que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución”, indicó el mandatario nacional.

“Pero eso ya le correspondería al legislativo, y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el ‘supremo poder conservador’. También depende cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución, creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados, constitucionalistas, y son buenos abogados en general”, seññaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“La diferencia que tenemos con ellos es que no se les da mucho apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo, pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos, nada más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo, entonces, se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos, desde luego, pero de que son buenos abogados, sin duda, vamos a esperar”, agregó.

“El día de hoy la #SCJN inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los #DDHH de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad. #PPO”, señaló, por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, a través de su cuenta de la red social Twitter.
“ME EQUIVOQUÉ”, DICE AMLO RESPECTO A SUS 4 PROPUESTAS DE MINISTROS PARA LA SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, el 2 de septiembre del 2022, que se equivocó con sus cuatro propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque, según acusó, ya en el cargo se olvidaron del proyecto de transformación y de hacer justicia. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf son los cuatro ministros que llegaron al máximo tribunal constitucional de México, en lo que va del mandato del político tabasqueño.

“Entonces, dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”, indicó el mandatario nacional.

“Y ¿qué creen?, me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos, y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con 4 de los 11”, agregó el político tabasqueño, quien recordó la votación en la SCJN, de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por su Gobierno.

“Por ejemplo en el tema de la ley eléctrica, los conservadores del PRI y el PAN [partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional], en contra, un acto sin duda de traición a la patria, y luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica, y ahora esto, que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia, de repente, quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”, finalizó López Obrador.

ACUSACIONES POR CORRUPCIÓN DE AMLO, ATENTAN CONTRA SU INDEPENDENCIA, SE QUEJAN 1,600 JUECES Y MAGISTRADOS

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió, el 30 de agosto del 2022, que las acusaciones del presidente Andrés López Obrador de corrupción generalizada en los juzgadores, quienes, según el político tabasqueño, “no resiten cañonazos”, atentan contra su independencia.

“Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, señaló en un comunicado, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”, agregó el director de la Asociación -conformada por más de mil 600 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país-, que, según Muñoz Alvarado tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, insistió el magistrado director de la JUFED.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, agregó Muñoz Alvarado, quien concluyó su comunicado con una frase de José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

JUECES NO RESISTEN CAÑONAZOS DE DINERO Y DESPRECIAN AL PUEBLO, DICE AMLO

Hasta el momento, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni el CJF, han respondido a los dichos del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien durante su conferencia de prensa matutina, del 30 de agosto del 2022, afirmó que los jueces no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

“Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar. La mayoría, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial, no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones”, expresó López Obrador.

Tras reiterar que le tiene confianza y respeto a los titulares de la SCJN y de la Fiscalía General de la República (FGR), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, el político tabasqueño acusó que los jueces desprecian el pueblo, defienden grupos de intereses creados y empresas extranjeras, además de que viven en una especie de burbuja “artificial”, donde la gente no cuenta.

“Vamos a limpiar el Poder Judicial y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va haber corrupción y que va haber apego estricto a la ley, pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica, todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, pero el Judicial está intacto”, aseveró el mandatario nacional.

“NO QUIERO SER CÓMPLICE” SI LA SCJN ELIMINA LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, SEÑALA AMLO

El presidente López Obrador dijo, el 30 de agosto del 2022, que si el Pleno de la SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa, él respetará la decisión, no obstante, según advirtió, el pueblo sabrá que fueron los jueces y no el Poder Ejecutivo Federal, los responsables de liberar a delincuentes “a diestra y siniestra”.

“Tenemos que cambiar esto y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir, como entran, los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘oiga y ¿por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco'”, comentó.

“Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial; en fin, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, insistió el mandatario nacional.

“No estoy inventando nada, hace como cuatro días di a conocer cómo se detienen a un presunto delincuente [José Bernabé Brizuela Meraz, alias ‘La Vaca’], generador de violencia en Colima, y ya en la madrugada el juez ya lo había dejado en libertad. Nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes”, aseguró el presidente.

“Ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo y por lo mismo, que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería, los jueces liberarían a a diestra y siniestra, si ya lo hacen, se agravaría el problema. Nosotros no podemos quedarnos callados”, finalizó López Obrador.

AMLO RECONOCE QUE SU GOBIERNO NO HA PODIDO LIBERAR A PRESOS QUE SON INOCENTES

El 29 de agosto del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, durante su conferencia de prensa matutina, que su Gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel y lo achacó al burocratismo de jueces, quienes, según dijo, no tienen voluntad de hacer justicia.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo dijo que los dos titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que ha tenido en su Gobierno, Olga Sánchez Cordero Dávila y Adán Augusto López Hernández, respectivamente, no han podido liberar a los presos que son inocentes.

“Y dicen que los torturados todavía no salen, van a salir y dicen algo que es cierto, que no han podido dos Secretarios de Gobernación, ya del Gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y fueron torturados y es cierto. Porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia y hay todavía mucho burocratismo”, acusó.

“En general, es parte de la decadencia, quedaron las prácticas de que falta el oficio de juez y no se ha estudiado bien el expediente […] Hoy decía en la mañana y estimo muchísimo al Presidente de la Corte, no es un asunto personal, lo considero un hombre íntegro y fue a una visita a un reclusorio. Y fue como hace un mes, aproximadamente, y habló de una persona que iba a hacerse cargo de que saliera y no ha salido y es el Presidente de la Corte”, lamentó López Obrador..

“A mi me pasa porque son resistencias, ponen los procedimientos legales por encima de la justicia. Se les olvida que la ley es para la mujer y el hombre, no el hombre y la mujer para la ley, son de lo más cuadrado, pero esto lleva tiempo […] ¿Qué sucede? Hablamos con el juez, nos pidió un oficio, ya se le entregó, pero todavía no lo ha visto y ya son las 3 de la tarde y ya no está, ah, ya es viernes, el sábado y el domingo, no. El sábado y domingo que se aguante el que está en la cárcel, aunque sea inocente, el sábado y domingo no hay justicia. Es como los hospitales, aguántate, te enfermas el lunes o el martes. Así va pasando, va pasando, va pasando”, insistió.

“Hoy tratamos ese tema y le estoy dando el encargo a Rosa Icela Rodríguez [Velázquez], lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, que los libere de inmediato y que si va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia y Rosa Icela sabe hacerlo, vamos a avanzar mucho”, urgió el mandatario nacional, a la titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadano (SSPC).

AMLO CULPA A JUECES DE ABUSAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA; AMENAZA SCJN POLÍTICA DE SEGURIDAD, DICE SEGOB

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 25 de agosto del 2022, a los jueces de abusar de la prisión preventiva oficiosa e incluso dijo que no está de acuerdo con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien defendió la propuesta de eliminar la obligatoriedad de dicha medida.

“¿Cuántos jueces o cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Acaso es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza? Estimo mucho al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Es mas esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas”, cuestionó el político tabasqueño.

El 24 de agosto del 2022 -durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se lleva a cabo en el auditorio Aurora, del recinto legislativo de San Lázaro-, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dijo que acotar la prisión preventiva terminaría con la estrategia de seguridad del Gobierno de México.

El ex gobernador de Tabasco anticipó que acudiría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar un documento que contiene la postura de la SEGOB, de la Consejería Jurídica y del Gobierno Federal, en contra de que se acote la prisión preventiva. Asimismo, indicó que desde la perspectiva del Gobierno Federal, las convenciones internacionales no deben estar por encima de la Constitución mexicana.

“Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos. Tenemos que fortalecer este proyecto de seguridad que es parte del proceso transformador del país”, afirmó López Hernández.

“Nosotros ayer hicimos un comunicado con la postura. Yo sé que no se iba a discutir el día de hoy, sé que será en los primeros días de septiembre. Seguramente leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión”, dijo antes, el titular de la SEGOB, tras salir de una reunión con los ministros de la SCJN.

El funcionario federal adelantó, también, que la discusión sobre el proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, que plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa, había sido pospuesto y que lo más probable es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo discutiera a comienzos del mes de septiembre del 2022.

SCJN POSPONE DISCUSIÓN PARA ELIMINAR LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó, el 25 de agosto del 2022, que se posponía la discusión respecto a la iniciativa del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propondría a sus homólogos, declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, invalidando el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución.

“Informo a la opinión pública, que por acuerdo de este Tribunal Pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, indicó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, al inicio de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 25 agosto del 2022.

 

SUBSECRETARIO DE SSPC ALERTA ‘MERCADEO’ DE ABOGADOS Y JUECES SIN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, advirtió, el 25 de agosto del 2022, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, se dejaría a un solo juzgador decidir los casos de acusados de delitos, lo que podría generar corrupción y un “mercadeo” de abogados y jueces.

“Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco”, alertó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando se logra la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática”, insistió Mejía Berdeja.

“Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar estos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal”, agregó el subsecretario de la SSPC Federal.

“Y, sobre todo, representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal [….] Por eso reivindicamos lo que ayer [24 de agosto del 2022] dijo el secretario Adán Augusto López [Hernández] y la Consejería Jurídica, en defensa de la prisión preventiva oficiosa”, finalizó el funcionario federal.

GOBIERNO DE AMLO PIDE A SCJN MANTENER PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortó, el 24 de agosto del 2022, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no declare inconvencional la prisión preventiva oficiosa, invalidando el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, tal como lo propuso el ministro Luis María Aguilar Morales.

“Es del conocimiento público que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en próximos días resolverá dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019”, señaló el Gobierno de México, en un comunicado.

“La Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias (cero impunidad), con pleno respeto a los derechos humanos”, insistió el Gobierno encabezado por el presidente López Obrador.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, añadió el Gobierno de México en el comunicado, firmado por Adán Augusto López Hernández y María Estela Ríos González, titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, respectivamente.

“[…] tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”, enfatizó el Gobierno Federal.

“Delitos de alta gravedad como ‘abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones-, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud’, de conformidad con nuestra Constitución, implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión”, detalló el Gobierno de México.

“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura. Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, finalizó el comunicado.
AMLO ADVIERTE QUE PROYECTO DE SCJN, DE INVALIDAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, DARÍA PASO A IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, el 24 de agosto del 2022, que se daría paso a la impunidad y la corrupción, con la iniciativa de Luis María Aguilar Morales, quien propondría al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, invalidando el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución.

“Hoy vamos a dar a conocer eso, porque si los ministros votan así, que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada y les pedí al Secretario de Gobernación [Adán Augusto López Hernández] y a la Consejera Jurídica [María Estela Ríos González] que fueran muy claros, porque hay veces que se usan tecnicismos, y se habla de tesis y de jurisprudencia, y del debido proceso, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción”, dijo el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita, pero que llo no debe ser pretexto para liberar a “diestra y siniestra”.

PROPONE MINISTRO DE LA SCJN, INVALIDAR LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá, el 5 de septiembre del 2022, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, invalidando el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, lo que necesitaría ser aprobado con mayoría calificada de ocho votos.

Los delitos de prisión preventiva forzosa previstos en la Carta Magna mexicana son: quince conductas relacionadas con robo de hidrocarburos; cinco modalidades de posesión, portación o acopio de armas prohibidas; siete acciones en materia de desaparición forzada; cuatro delitos electorales relacionados con uso de recursos y programas públicos; y, cinco modalidades de delitos contra la salud.

Además de: delincuencia organizada (régimen legal que incluye 26 delitos distintos); delitos cometidos por medios violentos; secuestro; trata de personas; homicidio doloso; feminicidio; robo a casa habitación; abuso sexual a menores; ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos; robo a transporte de carga; enriquecimiento ilícito; fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos; contrabando por más de 8.7 millones de pesos; y, factureo.

En el documento de 191 cuartillas, el ministro señala que la prisión preventiva oficiosa es desproporcionada y atenta contra los principios constitucionales. Según Aguilar Morales, el estudio del tema deriva de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, el ministro menciona que los efectos nocivos de la reclusión se traducen en penas anticipadas, desproporcionadas y arbitrarias, mismos que vulneran los derechos fundamentales de libertad personal, presunción de inocencia, y generan una gran variedad de afectaciones en detrimento de las personas.

“Configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta contra la propia funcionalidad del sistema”, explica el proyecto de Aguilar Morales, quien sostiene que no se trata de una medida cautelar, sino de una pena anticipada.

“No considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, no mira el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar y, no considera los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad”, añade el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es una visión parcial, incapaz de mirar al sistema penal de forma integral, anclada a una inercia sobre la operación y funcionamiento de los órganos de procuración e impartición de justicia, que ha quedado superada por la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y la transformación del sistema de justicia penal”, agrega Aguilar Morales.

“A la luz de estos elementos, a juicio de este Tribunal Pleno este asunto constituye la oportunidad idónea para reflexionar sobre el régimen de prisión preventiva en nuestro país y desterrar en definitiva su aplicación automática partiendo de que esa configuración únicamente tiene efectos perjudiciales tanto para las personas en quienes se aplica, como para el propio sistema de justicia penal en general”, detalla el proyecto del ministro.

Aguilar Morales también hace mención que, hasta junio del presente año, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no reciben sentencia. Asimismo, el ministro enfatiza que la propia función jurisdiccional a cargo de los jueces de control, se ve trastocada con la vigencia de dicha figura.

“La cifra de personas en prisión preventiva es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, afirma el proyecto.

El ministro recordó que en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se han concentrado los asuntos en los cuales en amparo indirecto se impugna una prisión preventiva justificada. “En un Juzgado de Distrito se van a concentrar o ya están concentrados 180 asuntos sobre prisión preventiva justificada”, insiste.

“Al tenor de lo narrado, no cabe duda de que la existencia de la prisión preventiva oficiosa únicamente tiene efectos nocivos para la persona en quien se aplica, pero también consecuencias perjudiciales en relación con el sistema mismo, todo lo cual implica un atentado contra la vigencia del régimen de derechos humanos en el marco del proceso penal”, enfatiza Aguilar Morales.

“Más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias”, dice el ministro, quien en otro punto asevera que la amenaza de prisión forzosa es un incentivo para que los acusados se fuguen, no comparezcan al proceso y, de ser encarcelados, no tengan recursos para reparar el daño a las víctimas.

El minsitro de la SCJN puntualiza que esta serie de transgresiones ponen en total evidencia que el sistema mexicano de prisión preventiva oficiosa es contrario a los derechos humanos y, por tanto, la consecuencia natural e inmediata debería ser la invalidez de las normas que la establecen.

“No hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo, argumentar en favor de su vigencia sólo puede hacerse a la sombra de los derechos humanos y de forma ajena a la realidad imperante en este país”, insistió Aguilar Morales.

El proyecto del ministro también propone invalidar la reforma de noviembre de 2019, que estableció prisión preventiva forzosa para la emisión de facturas por servicios inexistentes, así como fraude fiscal y contrabando, por montos superiores a 8.7 millones de pesos. Para justificar la gravedad de estos delitos, el Congreso de la Unión los caracterizó como “amenaza a la seguridad nacional” y los incluyó en el régimen de la delincuencia organizada.

Durante su conferencia mensual, del 17 de agosto del 2022, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, adelantó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba por discutir dicho asunto, que afirmó, podría cambiar la vida de miles de personas y desterrar el paradigma sobre el cual se ha construido la persecución de delitos en México desde hace décadas.

AMLO CRITICA A PRESIDENTE DE SCJN POR DECIR QUE PRISIÓN PREVENTIVA CASTIGA A LA POBREZA

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 29 de octubre del 2021, a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por decir que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, por lo que con dicho instrumento jurídico se “castiga a la pobreza”.

El mandatario nacional afirmó que, en este caso, la prisión preventiva no no afecta a los pobres, y que con la resolución de la SCJN solo se protege a quienes tienen una mejor posición económica, como es el caso de los llamados “factureros” o a quienes evaden impuestos.

“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo y respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que protege si no va a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales”, aseguró el mandatario nacional.

“Ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica, la justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia la que tiene menos”, detalló el político tabasqueño.

“¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve que no deben a ir a la cárcel porque se afectan sus derechos humanos, ¿qué no se afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la Hacienda pública para apoyar a la gente?”, expuso el presidente.

“¿No es eso promover la violación a los derechos humanos, dejar a la gente en la pobreza porque el Estado no tiene para cumplir su responsabilidad social? Esos son temas que deben ser debatidos profundamente”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco”, expuso el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Campeche.

“No ha cambiado el Poder Judicial, sigue en lo mismo, todo el esfuerzo para que los defraudadores. En todos los estados hay ejemplos de factureros. Había factureros con aviones particulares, despachos, de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar”, recalcó López Obrador.
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA CASTIGA LA POBREZA, RESPONDE MINISTRO ZALDÍVAR A AMLO

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió, el 28 de octubre del 2021, al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, por lo que con dicho instrumento jurídico se “castiga a la pobreza”.

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, el también presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los mensajes del ministro Zaldívar Lelo de Larrea fueron publicado casi dos horas después de que el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó que la SCJN declaró como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, fallo que López Obrador, dijo, “va en línea de seguir protegiendo corrupción”.

“Hace falta todavía lograr en otros poderes, en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos lo que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero y al servicio de los poderosos [el fallo de la SCJN] va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías”, dijo el mandatario nacional.

“Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de [Carlos] Salinas de Gortari se cambió el Código Penal. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarradera, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, comentó el político tabasqueño.

“Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís […] Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero esas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?”, cuestionó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Palacio Nacional.

“Nosotros estamos limpiando de corrupción el Poder Ejecutivo y hay que limpiar también de corrupción el Poder Judicial y el Poder Legislativo y se ha avanzado, pero es un proceso. Afortunadamente, la gente está a favor del cambio y por eso vamos a continuar, vamos a seguir”, agregó López Obrador.

El político tabasqueño dijo que con el fallo de la SCJN se comprueba que en México existe la división e independencia de los poderes, lo que antes no sucedía porque el Ejecutivo Federal era el “poder de los poderes”. Asimismo, López Obrador dijo que aunque tiene coincidencias con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en este caso tienen un punto de vista diferente, “es bueno, y afortunado porque la democracia es pluralidad”.

“Para los que no creen en la transformación, es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera, es parte de la transformación, es parte del cambio, parte de lo que sea logrado con el movimiento de la Cuarta Transformación”, finalizó.
El 25 de octubre del 2021, también durante su conferencia de prensa matutina, cuestionaron al presidente respecto a hacer un ‘quién es quién en las mentiras’ para el Poder Judicial, a lo que el político tabasqueño respondió: “Si hay denuncias contra jueces, que empiecen a llegar y lo consideramos, sí se podría abrir la sección, aunque se van a molestar mucho, pero si la gente lo pide se lleva a cabo la sección”.

SCJN DECLARA INCONSTITUCIONAL PRISIÓN PREVENTIVA POR DEFRAUDACIÓN FISCAL Y FACTURACIÓN FALSA

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, ayer lunes 25 de octubre, como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.

Ello ante el decreto publicado el 8 de noviembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El ministro José Fernando Franco González Salas presentó un proyecto respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de dichas diversas disposiciones.

El proyecto planteaba rechazar los argumentos y declarar la validez de todos los preceptos. Sin embargo, en el estudio de constitucionalidad de fondo, para una mayoría de ministros (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Luis María Aguilar Morales; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Javier Laynez Potisek; Norma Lucía Piña Hernández; y, Alberto Pérez Dayán), resulta excesivo que se considere a los delitos fiscales como una amenaza y afectación a la seguridad nacional.

Por mayoría de votos, el pleno de la SCJN declaró la invalidez de las reformas al párrafo segundo del artículo 187; y el párrafo tercero del artículo 256; y la adición de un párrafo séptimo con las fracciones I, II y III, al artículo 167; y un párrafo tercero al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dichas normas consideraban prisión preventiva oficiosa por contrabando y su equiparable, exclusivamente cuando fueran calificados; defraudación fiscal y su equiparable; así como expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados que superen tres veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat -propuestas en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, defendieron la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa, por lo que junto con González Salas, votaron en favor del proyecto.

El ministro presidente de la SCJN, Zaldívar Lelo de Larrea, argumentó que la prisión preventiva oficiosa sólo puede ser cuando hay peligro de sustracción de la persona o pueda destruir pruebas, y no está permitido establecer el peligro del sujeto ni el delito.

“Desde mi punto de vista, la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y libertad que deben tener todas las personas […] la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o pueda, eventualmente, la persona procesada destruir pruebas”, indicó el ministro presidente de la SCJN.
Por su parte, el ministro Pérez Dayán consideró que ya está establecido el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, por lo que mantener las normas impugnadas, “podría llevarnos más a configurar un sistema penal huraño a la regularidad cotidiana a la que se desenvuelve la sociedad convirtiendo la prisión preventiva básicamente en un castigo predeterminado”.

Mientras que la ministra Esquivel Mossa consideró que la prisión preventiva no es “en cualquier caso, no a cualquier delincuente. Por ejemplo, cuando la facturación falsa rebase los 8 millones 695 mil 470 pesos, cuando el delito de defraudación fiscal supere esta cantidad, pero además, se considere calificado”.

“Ganamos una batalla por los derechos humanos. La @SCJN invalidó la reforma del gobierno que ordenaba prisión preventiva oficiosa por imputaciones fiscales. Reconocimiento a la @CNDH y los Senadores de oposición que la incoaron, y la @Coparmex que la acompañó con su #AmicusCuriae”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tras el fallo.
Según el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el que comete el delito de defraudación fiscal es quien “con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, y cuenta con un tabulador de castigo, el cual se calcula conforme al monto de los defraudado.

1.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,221,950.00.
2.- Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.
3.- Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,832,920.00.

Por otra parte, el Artículo 107 del CFF señala que el delito de contrabando será calificado así cuando se cometa con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentándose el autor como funcionario o empleado público, usando documentos falsos y por tres o más personas.

Asimismo, señala que la sanción corporal será de tres meses a tres años de prisión y será acumulativa respecto a otros delitos. Aunado a esto, en lo relacionado a la generación de facturas falsas, el CFF especifica que esta práctica será castigada igual que el delito de contrabando.

Respecto a las quejas promovidas contra la aplicación de prisión preventiva, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, a través del cual condenaba la equiparación de los ilícitos señalados como delito contra la seguridad nacional.

“Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la disposición aludida vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de presunción de inocencia, legalidad en su vertiente de taxatividad, de mínima intervención en materia penal (última ratio) y de proporcionalidad de las penas”, dijo, en aquel entonces, la CNDH.

Además, un grupo de senadores de oposición -integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); y, de la Revolución Democrática (PRD), promovieron la acción de inconstitucionalidad 136/2016, en la señalaron que la prisión preventiva debe ser un acto extraordinario y no la constante.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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