Durante los tres días que, por orden presidencial, fueron admitidos al campo militar -que es emblema de la represión, la tortura y la desaparición forzada-, y acompañados de militares recorrieron sus instalaciones, al grupo de 61 personas invitadas a la inspección, familiares de personas ahí desaparecidas y sobrevivientes de las detenciones, se les atragantaron los recuerdos.
Al inspeccionar un edificio donde se encontraba el Batallón 2do. de la Policía Militar, y otra construcción que pudiera ser la Prisión Militar, varias de las personas que fueron víctimas de los operativos de contrainsurgencia reconocieron esos dos lugares como los sitios donde el ejército las mantuvo ocultas después de que fueron detenidas y que no fueron presentadas ante ningún juez, sino enviadas a cárceles clandestinas.
“A mí me tuvieron en un sótano. Y sí reconozco que al lado derecho de ese sótano había celdas de 1.20 aproximadamente por 2 metros de largo, una taza (de baño) al fondo y un foco, nada más (…) terminado los pasillos estaba un cuarto de tortura y una cisterna de agua. Lógicamente todo eso no está, pero el sótano sí está y las escaleras sí las conozco, aunque me llevaban vendado sí las conozco porque tenía un tubular y ahí está el tubular igual de viejo”, dijo Erasmo Cabañas, integrante del Partido de los Pobres, familiar del ex guerrillero Lucio Cabañas.
Contó que un compañero que también estuvo preso, al ver el sótano repetía que debía de haber una ‘ventanita’ que él recordaba. “Anduvo levantando cosas y levantó una puerta de hierro y ahí estaba la ventanita. ¡No se veía por dentro! Entonces sí reconozco ese lugar, sí, y ahí me tuvieron en dos ocasiones 1976 y 1977 -aseguró-. Lógicamente tienen que cavar porque ahí había celdas y ahora hay un campo de frontón”.
Esto lo narró en la conferencia de prensa ofrecida este viernes 23 de septiembre como balance de la primera visita de reconocimiento en instalaciones castrenses del país que fue planeada por la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. También hablaron Armando Otto Gaytán -quien estuvo 10 meses desaparecido en el campo militar en 1979, aislado en una celda, sin luz solar y donde vio escrito el nombre de su hermano desaparecido-, Josefina Martínez y Rojas -viuda de Felipe Martínez Soriano, preso por ocho años en esas instalaciones castrenses; la última en 1990-; dos comisionados, Abel Barrera y David Fernández, y el secretario técnico de la Comisión y funcionario de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana.
“Encontramos indicios creíbles de que el Campo Militar Número Uno fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos”, anunció el comisionado Fernández y arrancó aplausos en la sala en la que, cada tanto, se escuchaba la consigna: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
“Reconocimos dos instalaciones e indicios -continuó-. Estamos hablando de reconocimiento de pisos, zoclos, ventanas, paisajes, subterráneos. Estos indicios nos permiten iniciar un proceso de investigación a mayor profundidad y de mayor extensión”.
Los alcances de estas visitas -según explicó al inicio Félix Santana- consisten en una primera etapa de reconocimiento tanto documental como en instalaciones, que permitan establecer acciones estratégicas en materia de búsqueda de personas y de esclarecimiento histórico, para inspecciones posteriores a instalaciones militares, con miras a la judicialización de posibles responsabilidades.
El Ejército, incómodo y pasivo
“La experiencia que viví en el sótano del campo militar es algo muy muy tremendo. Duré ese tiempo en un espacio de un metro 80 por 3 metros sin luz solar y sin estar conviviendo con alguien (…) No es fácil evitar el sentimiento”, dijo el ex integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), Armando Otto Gaytán.
Compartió que tiene un hermano desaparecido desde 1974, y que cuando a él lo atraparon y lo llevaron en 1979 al sótano, en la pared de la celda encontró escrito el nombre de su hermano.
Aunque las familias consideraron esta visita inédita como un triunfo, y se notaba la emoción por haberse conectado con familias de víctimas de todo el país y porque intercambiaron recuerdos para reconstruir juntos lo que pasó aquellos años, y le reconocieron al Presidente la orden que dio a la Secretaría de la Defensa Nacional para abrir sus archivos e instalaciones para buscar a personas desaparecidas, también se quejaron de que faltó apoyo de los militares.
El comisionado Fernández, quien fue rector de la Universidad Iberoamericana, al referirse a las dificultades que enfrentaron los tres días de inspecciones, del 20 al 22 de septiembre, mencionó las “modificaciones sustantivas” que ha sufrido el campo militar por las décadas que han transcurrido desde los hechos que se investigan y la “colaboración pasiva” que tuvo el ejército: “abrieron sus puertas, nos dejaron entrar, sin embargo no nos indicaron en ningún momento las historias de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no pudimos tener colaboración activa de suerte que facilitara las investigaciones que teníamos que realizar”.
En el mismo sentido, Erasmo Cabañas, quien forma parte de una familia guerrerense que fue perseguida y casi exterminada por su parentesco con el líder guerrillero Lucio Cabañas, lamentó que los acompañaron soldados jóvenes, que no conocían la historia, y que los condujeron a dormitorios, un comedor, una cocina, una enfermería, aunque él buscaba el subterráneo donde pasó un año. Por lo que pidió a la Sedena que apoye el proceso con mayor apertura.
“Que permitan que se revisen los archivos, porque si hubo un director ellos tienen una bitácora o algo de cuándo sucedieron todas las cosas, cuándo estuvo cada persona, dónde. O cuándo la Brigada Blanca metía a personas y los torturaba casi hasta la muerte o algunos hasta la muerte. Seguramente el encargado del Campo Militar Número Uno sabía que ya había llegado ‘un huésped’ más. Y hay que pedirles a ellos que nos apoyen con eso. Que nos digan dónde están o dónde están las fosas clandestinas de las personas que morían en la tortura”, dijo.
La dinámica de los tres días fue así: los integrantes de la Comisión de la Verdad y funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las familias y las personas sobrevivientes se dividieron en grupos para hacer los recorridos. Eran como 100 personas porque iban acompañados de criminalistas, peritos y psicólogos provenientes de tres comisiones nacionales (de derechos humanos, de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas), acompañados siempre de personal del ejército, especialmente del área de derechos humanos, pero también de la policía militar.
Se dirigieron específicamente a siete construcciones que, según documentos y testimonios recabados, pudieron haber sido los sitios donde se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos que se investigan.
Los sitios son: la Brigada de Fusileros Paracaidistas, las Caballerizas del estado Mayor de la Defensa (hoy 1a Brigada de Infantería Independiente), la Prisión Militar (donde se sabe que estuvieron detenidos los miembros de la familia Cabañas), las Caballerizas del Estado Mayor (hoy está una planta de tratamiento de aguas), así como tres instalaciones de la Policía Militar, 1o. y 2o. y 4o. Batallón y el Cuartel General, porque ésta fue la unidad con mayor participación en la contrainsurgencia y estuvo a cargo de detener y desaparecer personas. En algunas instalaciones ahora reside la Guardia Nacional.
Para cada ingreso tenían que solicitar un permiso que no incluía todo el edificio.
Antes del ingreso, funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos hablaron con la gente para matizar las expectativas, a quienes les explicaron que casi seguramente no encuentren cárceles clandestinas, mucho menos restos, pero que la inspección permitiría tener más información. En la puerta la revisión era estricta para que nadie ingresara una cámara o teléfono celular.
En entrevista, el comisionado Fernández explicó que la pasividad militar es una constante durante el proceso de búsqueda: se limitan a pasar sólo los archivos que les piden, pero no aportan información: “les decimos necesitamos encontrar sótanos, (dicen) ‘eso no existe, no hay’”, y lo aseguran aunque los testimonios indican lo contrario. Lo mismo pasa cuando piden planos, cuando preguntan por instalaciones con características definidas.
“Ellos no colaboran en la investigación, sino simplemente abren sus instalaciones porque se les instruyó, que lo hicieron no porque tengan interés en el esclarecimiento, ni en el reconocimiento o la responsabilidad”.
Describió que la cantidad de elementos que los rodeaban llegó a ser excesiva. “Siempre tuvimos el acompañamiento de los efectivos y en algún momento hubo demasiados, es decir, había seis sobrevivientes y había 20 soldados. Nosotros tuvimos que hacer notar esto que era intimidatorio. Respondieron positivamente, pero nunca dejamos de estar acompañados, siendo fotografiados, siendo grabados, etcétera”.
Los militares escuchaban todo: todo lo que las personas sobrevivientes recordaban y contaban a las otras acerca de los delitos que los militares cometieron.
Un doloroso avance
“Vivimos muy intensa esta visita porque estábamos emocionadas porque habíamos pedido tantas veces poder ingresar al Campo Militar y no habíamos podido hacerlo, fue un triunfo. Estar con mi familia: mi tía Bartola, mis primas Sofi y Micaela, mis tíos Pablo, Guillermina, Erasmo… para nosotros significó mucho”, dijo en entrevista Antonia Morales, la mujer que llevaba el vestido de niña de ocho meses en su bolsa.
Ella es pariente por la rama materna del profesor Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres, es hija de un hombre llamado Lucio de Abajo, quien hacía la guerrilla en la ciudad. Dice que al menos 150 familiares directos fueron víctimas durante los años que el gobierno los persiguió, y que al menos la mitad pasaron por ese campo militar. Cuatro primos suyos, la más chica de dos meses de edad, pasaron casi tres años. Una tía encontró el nombre de su papá en una pared: “estaban escritas en las paredes los nombres, no eran cárceles, cuartitos cama de cemento, muy pequeñitos”.
En la visita su prima Sofía, que tenía ocho años cuando estuvo presa con su familia, y duró casi 3 años, les indicó que recordaba un muro de piedra, y en el recorrido lo descubrieron y se emocionaron porque lo que su familia ha dicho no es mentira, “lo que nosotros hemos dicho es la verdad”.
“Ella recordó los cuartitos, las camas de piedra que ya no están, la prisión donde estaban divididas mujeres y hombres… Íbamos con la emoción, y entramos y fue un shock, saber que estás ahí, pero que estás libre… por un lado fue difícil porque necesitamos apoyo psicológico”.
Cuando menciona el vestido de niña que cargó en la bolsa durante los días del recorrido se le quiebra la voz: “Llevaba el vestido porque aunque lo dejó de ver cuando ella estaba casi recién nacida, en 1974, tenía la esperanza de verlo, de encontrarlo. A lo mejor no puedan entender, o comprender, uno tiene la esperanza toda la vida de encontrar a las personas que quiere. Yo sé que si le mando el vestido va a saber que soy yo. Mi papá me compró el vestido, le gustaba verme con él, dice mi mamá que yo era su adoración”.
La documentación del terrorismo de Estado
La visita se preparó con mucha antelación. Se consiguieron fotos aéreas digitales para conocer los cambios en las construcciones y estructuras que el campo ha sufrido desde los años 60, y a esta información se le sumaron los testimonios de personas que vivieron en el campo -muchas veces con los ojos vendados-, pero que reconocían o recordaban detalles, además de la información que los archivos de la represión han ido arrojando. Además, según informó Santana, “hay ex funcionarios que participaron en la Brigada Blanca que están aportando información para la obtención de datos objetivos en la Zona Militar”.
El croquis de un informante mencionaba la puerta 8 como cercana a la oficina donde estuvo el despacho del general, dirigente de la Dirección Federal de Seguridad, Francisco Quirós Hermosillo, y donde, con elementos de otras corporaciones, cometía las peores atrocidades. De esa base militar, por ejemplo, salieron los llamados “vuelos de la muerte”, los aviones cargados de personas que fueron tiradas al mar.
“Ha sido exitosa (la visita) para reivindicar el punto de vista de las víctimas evidenciar que lo que han dicho ha sido verdad desde el primer momento en que lo han sostenido”, dijo el comisionado Fernández, quien fijó una postura sobre lo ocurrido durante el periodo que van a investigar, no sólo por contrainsurgencia, también a disidentes políticos y sociales, estudiantes o personas con identidad genérico sexual.
“(Lo ocurrido) no fue una guerra sucia, aunque así se identifica el período, sino un operativo de aniquilamiento de grupos de personas organizadas que luchaban por una sociedad mejor. Lo que hubo fue terrorismo de Estado, fueron violencias sobre personas que se organizaron y que indiscutiblemente no tenían la capacidad operativa ni mucho menos que tenía el Estado en las instituciones de represión.
Y, contradiciendo la argumentación de Andrés Manuel López Obrador sobre los crímenes cometidos por el ejército, dijo: “Tenemos que superar la narrativa de que las fuerzas armadas solo obedecieron a los mandos civiles en su momento porque tenía, lo hemos visto, márgenes de autonomía muy importantes que les permitía actuar con independencia”. La gente aplaudió su participación.
A su vez, Félix Santana, el secretario ejecutivo de la Comisión, anunció que habrá otros recorridos por el campo militar, y que se abrirán también instalaciones de Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero.
“Ha reiterado la Secretaría de la Defensa Nacional su compromiso con la realización de estas investigaciones a quienes agradecemos la disponibilidad, la apertura y el acompañamiento para llegar a la verdad”, dijo tras anunciar que las investigaciones continuarían, que se usará tecnología para las búsquedas que así lo requieran y que empezarán a abrirse bases del ejército en otras entidades.
En el mismo momento en que la conferencia terminaba y las personas que asistieron a las inspecciones eran citadas a una reunión de balance en la Secretaría de Gobernación, un grupo de jóvenes se manifestaban contra el ejército por lo que se conoce de su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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