El mazateco había obtenido su libertad absolutoria el 14 de octubre de 2019, después de estar preso 4 años y 5 meses en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, imputado por la ex presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura de Oaxaca de haber cometido tales delitos durante el conflicto de Eloxochitlán de Flores Magón del 14 de diciembre de 2014.
El abogado Roberto López informó que el 25 de agosto fue presentado el Amparo Directo y que el Tribunal Federal correspondiente deberá analizar objetivamente las diversas violaciones procesales del caso de Peralta, entre las que están: obstáculos a su adecuada defensa, no respetar su presunción de inocencia, la actuación parcial ministerial y judicial, la ineficiente valoración de pruebas y las falsedades de la ex legisladora y de sus testigos.
Peralta fue uno de los 8 presos mazatecos, integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán, que asumidos como presos políticos han rechazado las imputaciones de la ex presidenta municipal. El egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) fue el único que recibió condena, pues los otros siete indígenas han estado recluidos de 4 a 8 años, bajo prisión preventiva oficiosa, sin ser sentenciados.
El conflicto lo originó la toma del palacio del ayuntamiento por parte de Manuel Zepeda Cortés, padre de la ex legisladora, que había culminado su gestión como presidente municipal. La Asamblea Comunitaria lo acusó de atacar con armas una de sus reuniones dejando seis heridos de bala, lo que detonó una riña en la que la ex diputada y su madre fueron golpeadas, y su hermano y uno de los atacantes armados resultaron muertos, como lo narré en el reportaje La batalla de Oaxaca publicado en la revista Gatopardo.
López explica que la de Peralta fue una sentencia violatoria de sus derechos humanos y de sus garantías procesales, pues no fue trasladado a la audiencia final, por lo que apelaron y la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ordenó la reposición del procedimiento penal.
Detalla que el 14 de octubre de 2019 el juez Modesto Isaías Santiago Martínez, circunscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, decidió poner en absoluta libertad al antropólogo al considerar que “no se acreditaba su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio”.
Sin embargo, dice, la entonces presidenta de la Comisión de Justicia del congreso oaxaqueño movió sus influencias y consiguió que dos semanas después el Congreso Federal emitiera un punto de acuerdo a su favor, firmado por 42 diputadas y diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), cuya copia tiene la reportera, en el que dan validez a su versión, critican la liberación de Peralta y piden que los hechos sean juzgados con perspectiva de género.
Zepeda a su vez apeló la resolución absolutoria de Peralta bajo el Toca Penal 59/2021, que fue admitida dos años después, el 4 de marzo de 2022. Al mes siguiente, el 18 de abril, el juez Alberto José Luis Salazar Gómez, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, giró la orden de reaprehensión contra Peralta para que cumpla la sentencia de 50 años, precisa López.
En un comunicado el colectivo legal Los Otros Abogadoz, al que pertenece López, advirtió que es trascendental que Peralta no sea detenido porque “de lo contrario tendrá que esperar la resolución del amparo directo en prisión, mismo que podría resolverse de uno a dos años”.
En tanto, los otros 7 presos mazatecos buscan la intervención del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ser integrados al convenio que éste firmó con el gobierno de Oaxaca para que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), bajo la titularidad de Netzaí Sandoval, defienda a indígenas en reclusión que han sufrido violaciones a su debido proceso, como lo registré en Zaldívar abre la posibilidad para la liberación de los 7 presos de Eloxochitlán.
La abogada Argelia Betanzos, hija del profesor Jaime Betanzos, uno de los 7 presos, informa que un defensor mazateco del IFDP ya entabló reuniones con cada uno de ellos “y la de mi padre fue la última, el 30 de agosto”.
El lunes 12 septiembre la abogada y familiares de los 7 presos realizaron un mitin a las afueras de la SCJN para que el IFDP resuelva incluirlos en el convenio, y en un comunicado pidieron que “de manera urgente se tramite un amparo por exceso de prisión preventiva que permita a nuestros familiares su inmediato excarcelamiento”.
De acuerdo a la defensora, Zepeda imputó a 34 personas de la Asamblea Comunitaria pero por las inconsistencias en sus declaraciones han obtenido 13 amparos y 25 sentencias de libertad.
Betanzos y López manifiestan preocupación del curso futuro de los procesos judiciales de los 8 mazatecos incriminados porque aseguran que Zepeda es parte del grupo de Salomón Jara, el gobernador morenista que arribará al poder en diciembre de 2022.
Zepeda, por su parte, difundió un comunicado en FaceBook fechado el 4 de septiembre, en el que solicita a la SCJN la prisión preventiva en casos de violencia feminicida como la que dice vivió, y critica “la dilación de los operadores de justicia”, que en su opinión “ha permitido que los agresores y sus propias familias, realicen la distorsión de los hechos, campañas de difamación y desprestigio en mi contra, asumiendo falsamente como presos políticos…”.
El 26 de octubre de 2018 Miguel Ángel Peralta Betanzos, antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fue sentenciado a 50 años de prisión después de que la diputada del Partido de Regeneración Nacional (Morena) lo acusó junto con otros siete indígenas de intentar matarla, y de asesinar a su hermano Manuel Zepeda Lagunas y al guardia de seguridad Gustavo Estrada Andrade durante los hechos de violencia de 2014. Pero los imputados niegan las acusaciones y se consideran presos políticos.
El antropólogo mazateco Miguel Ángel Peralta Betanzos fue liberado tras 4 años 5 meses y 14 días de estar en prisión luego de ser acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio tras un enfrentamiento el 14 de octubre de 2014 en Eloxochitlán, Oaxaca.
Peralta Betanzos también denunció que durante todo este tiempo, ninguna institución de derechos humanos ni el Poder Judicial se acercaron a él y a sus siete compañeros que también fueran acusados por la legisladora de Morena.
En diciembre de 2018, la senadora Nestora Salgado incluyó a los ocho mazatecos en la lista de 199 candidatos a la amnistía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el primero de marzo de 2019 cuatro de los ocho presos fueron absueltos del delito de homicidio calificado, no así del de tentativa.
AUTOR: REDACCIÓN.
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