Después de forzar los candados de la reja exterior del edificio y romper los vidrios de la puerta de acceso, ingresaron de manera violenta y amedrentaron verbal y físicamente a quienes se encontraban en su interior.
Los actos, que fueron denunciados por la página oficial de Facebook del Concejo de Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec 2022-2025, muestran cómo un grupo de más de 20 personas se reunieron en las afueras del edificio para posteriormente romper los candados de la reja, ingresar al patio del inmueble y comenzar a forzar las puertas para poder ingresar.
De las transmisiones que realizó el Concejo, resalta un video en el que se aprecian a varias personas forzando la puerta de cristal, mientras que dos hombres tratan de desconectar la cámara de seguridad del lugar. En eso, con un tabique quiebran el cristal de la puerta de acceso, la cual terminaron de romper a patadas.
Al ingresar al lugar, con golpes, agresiones verbales y amenazas trataron de desalojar tanto a las y los concejales, así como a integrantes de la fundación San Andrés Totoltepec. Sin embargo, la policía de la Ciudad de México y un funcionario del gobierno de la ciudad, quien se identificó como Alejandro Ávila, intervinieron.
A través de un posicionamiento, firmado por defensores de derechos de los pueblos y barrios originarios, e investigadores de diferentes instituciones académicas, se asegura que este intento de toma ilegal de la sede de Gobierno Comunitario tiene como contexto dos momentos. En primer lugar, la negativa del Concejo ante la construcción de proyectos habitacionales gestionados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) y la alcaldía Tlalpan, y en segundo, la impugnación de estos opositores, ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, contra la convocatoria para elegir al nuevo Concejo de Gobierno Comunitario.
Es importante mencionar que esta no es la primera vez que las y los concejales enfrentan este tipo de agresiones. En otras ocasiones también han sufrido la obstaculización de asambleas, amenazas de muerte, violencia física y escarnecimiento, así como violencia digital a través de las redes sociales.
En el documento responsabilizan de este y otro tipo de agresiones al subdirector de coordinación con los pueblos originarios de la alcaldía de Tlalpan Toribio Guzmán Aguirre, quien presuntamente encabeza estos grupos opositores. Además, agregan que este funcionario público en otras ocasiones ha amenazado a las y los concejales del Gobierno Comunitario.
“Las impugnaciones electorales en contra de la convocatoria a la asamblea electiva no significan la invalidación o deslegitimación del Concejo de Gobierno”, explica el posicionamiento. Asimismo, no sólo demandan la aclaración e investigación de los hechos ocurridos a la Fiscalía, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) y a la alcaldía de Tlalpan, también expresan que estos hechos vulneran los derechos a la libre determinación y autogobierno:
“Hacemos un fuerte recordatorio de que la violencia política (y en razón de género) ha sido una constante que los pueblos originarios de la capital han sufrido a manos de actores políticos y caciques que persisten en continuar con relaciones clientelares y electorados cooptados mediante prácticas corporativas”, concluye el documento junto con la siguiente reflexión:
“La libre determinación, la autonomía y el autogobierno son derechos que se logran y se impulsan desde la organización comunitaria y en relaciones de democracia real y eficaz con las instituciones estatales y los tribunales judiciales”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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