Un proyecto de la SCJN propone que la prisión preventiva se dicte únicamente cuando esté debidamente justificada, en ello coinciden personas que han pasado años privadas de la libertad sin condena y defensoras de los derechos humanos, quienes reclaman que tanto ministerios públicos como el Poder Judicial deben escuchar a las y los imputados y garantizar su derecho a defenderse, algo que en muchos casos no ocurre. En contraste, en los últimos días el Presidente López Obrador ha defendido la medida, pues opina que eliminarla incentivaría una mayor corrupción entre jueces.
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“La responsabilidad es de la corrupción del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, expedita, y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo”, dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en donde acusó a la Corte de excederse en sus atribuciones ante la posibilidad de inaplicar un párrafo del Artículo 19 constitucional.
La Suprema Corte pospuso para el jueves la votación donde definirá si se dejará de aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática, algo que planteó el Ministro Luis María Aguilar Morales en un proyecto. La discusión que comenzó esta semana abrió el debate sobre las pruebas, el derecho que tienen las y los acusados a defenderse y la corrupción de los jueces.
“Los incentivos para que haya corrupción en jueces ya existen, no se van a inventar por cambiar la ley”, dijo Luis Tapia, abogado especializado en derechos humanos. “Un Juez es el que determina si una detención es legal o va a la calle, un Juez decide si se debe girar una orden de aprehensión contra alguien, un Juez decide si a una persona se le vincula a proceso, un Juez decide la pena, lo que son incentivos para la corrupción todos los días en las audiencias y eso no tiene nada qué ver con la prisión preventiva”.
El Presidente López Obrador reconoció el martes que “deben de ser miles” los casos de personas inocentes que permanecen en prisión en espera de una sentencia. En ese sentido, SinEmbargo conoció los testimonios de dos personas cuyas vidas cambiaron por completo al pasar años en esta situación.
Ángeles, por ejemplo, estuvo 23 años privada de la libertad en dos centros de reinserción social del Estado de México y la CDMX, 16 de estos años los pasó sin tener una condena. “Se vive una gran incertidumbre, de eso pasas a una depresión al darte cuenta que tu caso no avanza. Fue algo horrible, fue la muerte”, narró a este medio. Por ello, pidió a las autoridades justificar con pruebas la detención de las personas y respetar sus derechos humanos, llamado que coincide con el de defensoras de los derechos humanos y especialistas en el sistema penal.
Su caso estuvo marcado por irregularidades desde el principio, pues fue detenida en 1999 en la casa donde vivía con su familia, pero las autoridades aseguraron que fue en una vialidad. Ella fue acusada de secuestro; aunque no lo cometió, las autoridades la inculparon por la relación que tenía con su pareja, señalado por ese delito. Aunque Ángeles denunció que fue víctima de tortura después de su detención, esto y las pruebas que presentó no fueron tomadas en cuenta, por lo que fue sentenciada a 126 años privada de la libertad y después de distintas impugnaciones logró reducir su condena.
Otro caso ocurrió el 14 de diciembre de 2014, cuando 35 personas fueron detenidas arbitrariamente en Eloxochitlán, Oaxaca, luego de detonaciones durante la asamblea comunitaria para elegir autoridades tradicionales. Aún sin sentencia por constante rotación de jueces y retraso en el desahogo de pruebas, los mazatecos Jaime Betanzos, Francisco Durán, Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales e Isaías Gallardo llevan casi ocho años en prisión preventiva oficiosa por presunto homicidio calificado a Manuel Zepeda y presunta tentativa de feminicidio a su hermana, Elisa Zepeda, exalcaldesa (2017-2021) y exdiputada local de Morena.
Zepeda, hija del exalcalde priista Manuel Zepeda Cortés (2010-2013), asegura estar de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa en casos de violencia feminicida, del que ella dice haber sido víctima y señala a los familiares de los presos de “distorsión de los hechos pregonando un pseudo indigenismo”.
Por su parte, los familiares de los siete presos –defensores de la libre autodeterminación y opositores a intromisión de partidos políticos y caciques– llevan más de un año en un plantón, afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal al sur de la Ciudad de México, para presionar y exigir un debido proceso porque el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no resuelve el caso y ha habido un “juicio mediático” por parte de la morenista.
“No vemos la lógica de por qué siguen en prisión preventiva oficiosa casi ocho años sin tener el derecho a un juicio justo, al tratarse de delitos graves debería acelerarse su sentencia. La prisión preventiva oficiosa violenta sus derechos humanos y procesales como la presunción de inocencia”, dijo desde el plantón Sara Betanzos, hija del preso Jaime Betanzos, un profesor jubilado, mientras la Corte sesionaba sobre la prisión preventiva oficiosa.
La única razón que ve ella es una “situación bastante notable de corrupción” en los jueces locales. “Hasta la fecha llevamos como siete jueces y uno se ha repetido. Llegan, dicen que son nuevos y primero tienen que conocer el caso y otra vez llega otro, y otro. Así ha sido la dinámica en el Juzgado de Primera Instancia de Huautla de Jiménez (Oaxaca) y que afecta nuestro caso”, afirmó Sara. “Cuando ha habido oportunidad de que los jueces locales tomen la decisión de liberar a nuestros compañeros, a través de amparos ganados en el terreno federal, el juez local con la mano en la cintura consigna auto de formal prisión sin tomar en consideración los estudios de fondo de los jueces federales”.
Una encuesta aplicada a finales del año pasado por Impunidad Cero mostró que 10 por ciento de los encuestados en el país considera que la principal causa de la impunidad son los “jueces corruptos”. Los funcionarios del Poder Judicial llevan años siendo denunciados por personas privadas de la libertad por ignorar, por ejemplo, evidencia que mostraría cómo ministerios públicos obtienen información a través de tortura.
Un caso emblemático es el de Israel Vallarta, privado de la libertad desde hace 17 años en espera de una sentencia por el conocido caso Cassez. El hombre ha denunciado a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, por fabricar las pruebas que lo mantienen en prisión por secuestro. Él y su familia llevan años exhibiendo el mal funcionamiento del Poder Judicial, y en ello insistieron en una entrevista reciente con “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo al Aire.
Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez en un montaje transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca, la mujer fue liberada en 2013 por orden de SCJN, que determinó que se violaron sus derechos humanos. Esta tarde, en el contexto de la discusión que mantiene la Corte, Cassez recordó que ella sufrió por la prisión preventiva.
“Que les voy a decir … fue en ese «tiempo libre» que se armaron y pudieron «inventar» cualquier delito en contra mía por que no tenían nada NADA”, escribió en su cuenta de Twitter.
Yo he sufrido de la llamada « prison preventiva oficiosa »que les voy a decir 🥲😞… fue en ese « tiempo libre » que se armaron y pudieron « inventar » cualquier delito en contra mía por que no tenían nada NADA a mi;no me « arrestaron » si no que me secuestraron los de la AFI…
— Florence_Cassez (@Florence_Cassez) September 6, 2022
Pese a casos como estos, la encuesta de Impunidad Cero también da cuenta que el 74.5 por ciento de la población en México está “totalmente” o “algo de acuerdo” con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron o no el delito por el que se les acusa.
Aunque la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar excepcional, en la práctica es la regla, pues de 226 mil 900 personas privadas de la libertad en centros penitenciarias del país hasta junio de este año al menos 92 mil 590 siguen su proceso penal en prisión sin condena, es decir, cuatro de cada 10 personas están en esta situación, como lo muestra el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció contra esta medida en un comunicado donde consideró que viola los derechos humanos porque, en algunos casos, obliga a las personas a pasar más de una década privadas de su libertad a la espera de un juicio, “sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario”, por lo que exhortó a las autoridades de México a anularla.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU) exhorta urgentemente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, consagrada en la Constitución.https://t.co/4Hzg3d8K9K
— ONU México (@ONUMX) September 5, 2022
Para Susana Camacho, consultora en temas de justicia penal con organizaciones de la sociedad civil, la existencia de un catálogo de delitos que contemplan la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar sólo “le ahorra a los ministerios públicos la chamba de justificar por qué es necesaria, también les ahorra la tarea de analizar y reunir suficientes datos de prueba”, con ello, agregó, las autoridades transmiten a la sociedad la idea de que más detenciones es igual a más justicia.
Daniela Anciera, directora de La Cana, una organización que asesora y da trabajo a mujeres privadas de la libertad, abundó en que “no hay una correlación entre aumentar el número de gente en la cárcel y disminuir la inseguridad. Cuando vemos a más gente en la cárcel son, por ende, más familias destruidas, niños que son enviados al DIF o que se quedan con la abuela que no tiene recursos, que ya está grande para cuidarlos, entonces terminan en las calles. Vemos gente a la que se les arruina la vida”, expuso.
LA INJUSTICIA EN DOS CASOS
Aunque Ángeles Estrada fue detenida en 1999, años antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, su historia es muestra de las violaciones a los derechos humanos que trae consigo la prisión sin condena, pues desde el inicio las autoridades la trataron como si fuera culpable.
Los policías dijeron que detuvieron a Ángeles junto a otros tres hombres acusados de secuestro, por eso trataron de imputarle el delito de delincuencia organizada. La mujer, quien está en libertad desde enero, tuvo que enfrentarse a acusaciones falsas. “Ellos dicen que llevábamos armas, pero no, cuando me detienen me metieron droga. A mí la parte acusadora ni siquiera me reconoció, me detuvieron porque dijeron que había una voz de mujer. Aunque metí pruebas para comprobar que no era yo, me quedé todos esos años en la cárcel”.
La dinámica familiar de Ángeles también cambió pues dejó de ver a sus hijos y a otros familiares, su madre se dedicó a acompañarla hasta que murió, cuando ya tenía 13 años privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Chiconautla, en Ecatepec. “Adentro pierdes las esperanzas, las ganas y la fuerza de querer salir. Ya por mi mente pasaban pensamientos de ‘yo mejor me voy a matar porque quiero dejar de ser una carga para mi familia, ya no quiero que ellos estén preocupados”, recuerda con tristeza.
El caso de los hombres detenidos en Eloxochitlán desde 2014 también ha estado lleno de irregularidades. A lo largo del proceso, dijo la mazateca Sara Betanzos, hija de uno de los detenidos, los testigos y policía estatal se retrasaron años en presentarse al interrogatorio, incluyendo la acusadora que declaró hasta 2017 ya como Alcaldesa de Eloxochitlán, ha habido contradicción en testimonios del expediente y, antes de ratificar, renunció la perito médico de la Fiscalía de Oaxaca que hizo la necropsia y certificado médico de las víctimas.
De acuerdo con los familiares de los detenidos, ellos llevaron vivo a Manuel Zepeda ante el Ministerio Público por portación de arma de fuego contra la asamblea comunitaria y al día siguiente, 15 de diciembre de 2014, los acusaron primero por negligencia médica y luego por homicidio. Pese a “la detención arbitraria, las inconsistencias en el expediente sobre el que murió, las contradicciones de testimonios de Elisa Zepeda”, enlistó Betanzos, desde el 16 de diciembre de 2014 están en prisión preventiva oficiosa.
En 2019, a través del recurso desvanecimiento de daños, cuatro de los detenidos fueron liberados de la orden de aprehensión por el homicidio calificado de Manuel Zepeda. Pero en la carretera, elementos ministeriales volvieron a detenerlos sin orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio de la política Elisa Zepeda.
“Falta muchísimo explicar que las personas no deberían ser encarceladas sin que se les demuestre que son culpables. A cualquier persona le podría tocar ser detenida y sujeta a una medida cautelar sin posibilidad de revisión, cuando en realidad todas las personas que vivimos en México deberíamos tener la oportunidad de demostrar que somos inocentes”, mencionó la especialista en el sistema penal Susana Camacho en el contexto del debate que mantiene la SCJN.
Por su parte, Daniela Ancira lamentó que aún se discuta si es necesario o no mantener la prisión preventiva oficiosa en lugar de trabajar en políticas de reinserción social que realmente se cumplan para “dejar de ver las cárceles como la solución al problema de inseguridad en el país”.
Para el jueves 8 de septiembre se prevé que la SCJN rechace con siete votos en contra y cuatro a favor el proyecto del Ministro Aguilar que propone invalidar la prisión preventiva oficiosa. Además de Aguilar, las y los ministros que se han pronunciado a favor son: Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte. Mientras que Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá adelantaron que votarán en contra.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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