Desde Ginebra, la oficina condenó la aprobación por el Congreso mexicano de la reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual “cementa el papel ya prominente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”, y expresó su “preocupación” respecto a “otras iniciativas que profundizan la militarización de las labores policiacas”, como la propuesta del PRI de mantener a la Sedena en labores de seguridad pública hasta 2028.
Aparte, Al-Nashif señaló que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la reforma del presidente con una “participación pública muy limitada en el debate”, una crítica apenas velada al proceso de votación en “fast track” que impusieron los legisladores de Morena.
“Los mecanismos de derechos humanos han establecido claramente que las Fuerzas Armadas solo deberían intervenir en la seguridad pública de manera temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de cuerpos civiles independientes”, urgió la institución internacional.
En una declaración oficial, Al-Nashif recalcó que la estrategia de militarización instaurada en México en 2006 no ha logrado reducir la delincuencia, y en su lugar “llevó a un incremento de las alegaciones de violaciones a los derechos humanos por la policía y las Fuerzas Armadas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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