Con la salida técnica de prescripción del delito al amparo del Código Penal del estado de Guerrero, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR pretende dar el caso por cerrado pese a todas las evidencias sobre la veracidad de las amenazas y la identidad de los autores.
Los peritajes de la fiscalía señalaron que las investigaciones periodísticas de Flores Contreras afectaron a un grupo criminal e incluso funcionarios del gobierno estatal se sintieron agraviados. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los servidores o exservidores públicos del estado.
Con el apoyo de la oficina en México de la organización no gubernamental internacional Artículo 19, Proceso buscará que el juez de Control revise esta determinación del gobierno federal de declarar el no ejercicio de la acción penal.
La propia FEADLE responsabilizó a los líderes del grupo paramilitar denominado Los Tlacos de “amenazar de muerte” y “desplazar” de forma violenta de la entidad suriana al periodista Ezequiel Flores Contreras en abril de 2020, pero las autoridades ministeriales determinaron no ejercer acción penal contra los inculpados, argumentando que el delito simplemente prescribió.
El pasado viernes 2, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la FEADLE José Eduardo Limón Camacho emitió un acuerdo de no ejercicio de la acción penal “por prescripción”, argumentando “barreras jurídicas” establecidas en el Código Penal del estado de Guerrero, al señalar textualmente:
“Desde el pasado 13 de octubre de 2021 se cumplió el plazo de un año por la norma para que opere la prescripción del ejercicio de la acción penal, por lo que esta representación social de la federación está imposibilitada para continuar actuando y lo procedente es determinar el no ejercicio de la acción penal”, refiere la indagatoria que forma parte de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-GRO/307/2020.
Con este argumento jurídico, la FEADLE se negó a investigar, localizar y presentar al presunto responsable de las agresiones contra el reportero, identificado como Salvador Alanís Trujillo, líder del grupo armado denominado Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, considerado por autoridades federales como el brazo armado del Cártel de Los Tlacos, que dirige Onésimo El Necho Marquina Chapa y cuyo centro de operación se encuentra en Tlacotepec, en la sierra guerrerense.
No obstante, la investigación que realizó el agente del Ministerio Público adscrito a la FEADLE advierte sobre el perfil de Alanís Trujillo, quien tiene una orden de aprehensión por homicidio desde 2019, se encuentra vinculado a 17 carpetas de investigación por diferentes delitos y dirige un grupo armado que “opera al margen de la ley”.
El acuerdo de la FEADLE también informa que los directivos de la empresa Meta, que administra la red social Facebook, no han proporcionado la información requerida por las autoridades de la FGR para determinar el origen de las cuentas Crónicas Comunitarias y Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, desde donde se lanzaron las amenazas de muerte contra el periodista hace más de dos años.
En el oficio 086/2021, del 30 de noviembre de 2021, elaborado por el director de Análisis de Contexto de la FGR, Sergio González Godínez, se señala que “los trabajos de Ezequiel Flores Contreras por su contenido agraviaron e indicaron a un grupo delincuencial, así como a algunos funcionarios del gobierno estatal; los mensajes amenazantes y de descrédito hacia el denunciante implican agravios, menoscabo y limitación a la libertad de expresión, lo cual le llevó a desplazarse a la Ciudad de México”.
También, refiere que el periodista fue “amenazado y desacreditado personal y profesionalmente” por dar a conocer la problemática que enfrentan pobladores de distintas localidades del municipio de Leonardo Bravo.
“En esa zona los intereses delincuenciales se centran en el control de las rutas de acceso a los centros mineros confeccionados a empresas canadienses. La confrontación entre el Cártel del Sur y el grupo Tlacotepec deja a los pobladores en estado de indefensión, se generan daños a familias y a las comunidades”, concluye el análisis del funcionario de la FGR.
El periodista que fue desplazado de forma urgente el 13 de abril de 2020 y desde esa fecha radica en la Ciudad de México, bajo el esquema del Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que impugnará el acuerdo de la FEADLE ante un juez de Control.
Desplazado por su labor informativa
El acuerdo de la FEADLE –avalado por la fiscal en Jefe del Equipo, Estephanía de Jesús Muñoz, y el director general de la FEADLE, Nahum Pedro Zárate– fue notificado oficialmente vía correo electrónico al periodista Ezequiel Flores Contreras el pasado martes 6 y confirma que las agresiones contra el corresponsal están relacionadas “con su labor periodística”, y representan “un ataque a la libertad de expresión” por lo que se acreditó el delito de amenazas.
“Los trabajos de Ezequiel Flores Contreras por su contenido agraviaron e indicaron a un grupo delincuencial, así como a funcionarios del gobierno estatal. Los mensajes amenazantes y de descrédito hacia el denunciante implican agravios, menoscabo y limitación a la libertad de expresión, lo cual incluso le llevó a desplazarse a la Ciudad de México”, indica el análisis de la FEADLE.
La investigación de los agentes ministeriales federales señala que las amenazas contra el comunicador hacen evidente la intención de “causar daño, quitándole la vida”, y su origen está en “el quehacer periodístico” del reportero.
“Por ello, se puede colegir que el conjunto de amenazas está relacionado con su actividad como periodista porque Ezequiel Flores Contreras ejerce el periodismo como corresponsal de la revista Proceso en el estado de Guerrero, el periodista fue amenazado y desacreditado personal y profesionalmente por dar a conocer la problemática que enfrentan los pobladores de distintas localidades del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero”, señala el acuerdo de la FEADLE.
“En esa zona –continúa el documento– los intereses delincuenciales se centran en el control de las rutas de acceso a los centros mineros concesionados a empresas canadienses. La confrontación entre el Cártel del Sur y el grupo de Tlacotepec deja a los pobladores en estado de indefensión, se generan daños a las familias y a las comunidades.”
También refiere que “se detectó una advertencia” donde se le dice al periodista que sus escritos “ya están fastidiando a muchas personas”, y “eso es un indicativo claro de que esa puede ser la fuerza de animadversión que ha llevado a amenazarlo”.
El 13 de abril de 2020 se difundió la advertencia contra el reportero de Proceso en una nota publicada en el periódico El Sur y la página de Facebook denominada Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, donde se advirtió textualmente:
“Se ha girado instrucción a nuestros guardias comunitarios, detener al reportero Ezequiel Flores y al director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, para someterlos a un proceso de reeducación basado en usos y costumbres. Una vez asegurados y sometidos a proceso de reeducación serán presentadas ante los medios todas las evidencias que sustentan que son parte del susodicho grupo criminal”.
“Fuera del marco de la ley”
Acerca de la investigación sobre el presunto responsable directo de las amenazas, identificado como Salvador Alanís Trujillo, la FGR reveló que el líder del grupo delictivo Los Tlacos tiene una orden de aprehensión vigente desde 2019 por el delito de homicidio y está relacionado con otras 17 carpetas de investigación por diversos delitos; todas esas causas penales están radicadas en Guerrero.
En seguida la FEADLE describe el grupo que dirige Alanís Trujillo: “La Policía Comunitaria Heliodoro Castillo es una agrupación armada que se ostenta como Policía Comunitaria que opera fuera del marco de la Ley, dada esta circunstancia no es una institución legalmente establecida, debido a que no cuenta con certeza jurídica que fundamente su actuación bajo el esquema de Policía Comunitaria”.
Luego, el mismo acuerdo oficial recuerda que en Guerrero “únicamente” la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria tiene sustento legal en la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas que le permite operar en las zonas indígenas de la Montaña y Costa Chica de la entidad.
El 13 de abril de 2020 los líderes del grupo delictivo Los Tlacos anunciaron formalmente represalias contra el periodista Flores Contreras a través de un comunicado que difundieron en el perfil de Facebook de la Policía Comunitaria de Tlacotepec y el periódico El Sur.
Previamente, en marzo del mismo año, las amenazas de muerte comenzaron desde la cuenta de Crónicas Comunitarias en Facebook, donde se advirtió que el propósito era asesinar a Ezequiel Flores por haber documentado la guerra que se registraba en ese momento en la Sierra de Guerrero.
El 23 de abril de 2020 el periodista presentó una denuncia formal ante las oficinas de la FEADLE en la Glorieta de los Insurgentes de la Ciudad de México, en su calidad del desplazado por la violencia en Guerrero.
Sin embargo, fue hasta el 20 de julio de este año, más de dos años después, cuando la fiscalía especializada ejerció su facultad de atracción autorizada por su titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, mediante el oficio FEMDH/FEADLE/0816/2022, que fue remitido a la titular de la fiscalía guerrerense, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
En ese acuerdo reciente, la FEADLE determinó atraer la investigación de los hechos denunciados por el periodista Flores Contreras ante las amenazas de muerte recibidas el 26 de marzo y 13 de abril de 2020, a través de las páginas de Facebook denominadas Crónicas Comunitarias con ID 354521202025296 y Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo con ID 118910165480525, señala el documento oficial.
El afectado, Flores Contreras, manifestó al respecto: “Pasaron más de dos años para que la FEADLE atrajera la investigación que estuvo radicada siempre en sus oficinas de la Ciudad de México y a pesar de que el agente del Ministerio Público federal José Eduardo Limón Camacho determinó que el delito ya había prescrito desde el 13 de octubre de 2021; la notificación oficial se hizo casi un año después”.
Además, Flores Contreras lamentó que la fiscalía especializada de la FGR haya acordado no ejercer acción penal pese a que se demostró que las amenazas de muerte registradas en 2020 fueron a consecuencia de su labor periodística y vinieron de los líderes de un grupo armado que opera al margen de la ley. Sin embargo, aclara, dicho acuerdo aún no es definitivo.
Texto publicado en el número 2394 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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