En realidad existen razones de peso para considerar que la violencia que ejercen los cárteles en el territorio nacional utilizan prácticas propias del terrorismo, como en su momento ocurrió en Colombia; en Tamaulipas hay hechos que así lo demuestran, como aquel caso de los migrantes asesinados y calcinados en el municipio de Camargo; las balaceras y masacres en Guanajuato o el incendio del bar “El Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron más de treinta personas calcinadas.
En Colombia el narcoterrorismo fue una realidad irrefutable, sobre todo cuando los cárteles de Medellín y Cali se enfrentaban con estallidos de carros bomba, explosiones en negocios, derribamiento de aeronaves incluso comerciales y colocación de explosivos en los clubes empresariales, donde se refugiaban figuras políticas y empresarios que en ese entonces pensaban que la violencia nunca llegaría a ellos.
En México ya han derribado aeronaves militares. En Jalisco el cártel del mismo nombre bajó a tiros a un helicóptero de la Sedena hace varios años. Todavía no se atreven a tumbar un avión comercial, pero de no frenarse la violencia no estaríamos lejos de un hecho de esa magnitud.
Lo que Estados Unidos pretende es que los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación sean declarados como organizaciones terroristas; a estos grupos se les atribuye buena parte de la violencia y el tráfico de fentanilo que tan sólo el año pasado causó la muerte de cien mil personas en ese país como consecuencia de sobredosis.
Y es que las acciones perniciosas de los cárteles –no sólo de Sinaloa y CJNG –sino del Noreste, Guerreros Unidos, Beltrán Leyva, Golfo, Tijuana, entre otros, son tan perturbadoras que causan terror entre la gente; cientos de familias se han desplazado forzosamente de sus territorios por miedo a morir en medio de balazos.
El crimen organizado mata, desaparece, desata terror; cobra piso a comerciantes grandes y pequeños y los priva de la vida si dejan de pagar sus respectivas cuotas. Todo esto es parte del terror. También descuartizan a sus rivales y tiran la pedaceria humana a las calles. También cuelgan a sus víctimas, como ha ocurrido en Michoacán, donde dominan buena parte de los municipios del estado sin que autoridad alguna ponga orden a este desastre.
Y en Guanajuato las balaceras y masacres no paran: tan sólo el miércoles 21 un comando presuntamente del cártel Santa Rosa de Lima asesinó a veintiún personas, diez de ellas en un billar, donde se encontraban jugando pool. Todo indica que este ataque fue una venganza, un ajuste de cuentas del cártel fundado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.
Al no existir un proyecto policiaco que atienda la crisis que enfrentan los municipios del país el camino que sigue el Gobierno Federal es la militarización del territorio, aunque el presidente niegue que esa sea la pretensión oficial. “Presencia militar no es militarización”, dijo el mandatario.
Al haberse abandonado la seguridad en los municipios, los grupos criminales buscaron refugio en las alcaldías: pactaron con los presidentes municipales de todos los partidos y les entregaron el control de las policías. Esa es la razón por la que las corporaciones municipales no tienen capacidad de respuesta ante el crimen organizado: están maniatadas y, en muchos casos, los propios comandantes operan como jefes policiacos y a la sazón como cabecillas de plaza de algún cártel.
Todas estas complicidades han robustecido la violencia criminal y las expresiones de terrorismo con las que ya operan los cárteles. De ahí la preocupación de Estados Unidos.
También hay que señalar que Estados Unidos debe perseguir a sus capos y a los distribuidores de drogas que operan en ese territorio en complicidad con los cárteles mexicanos. Si la droga fluye en la Unión Americana se debe a las redes criminales que ahí operan y que también tienen complicidades que les permiten moverse con impunidad. Además, Estados Unidos es el principal mercado de consumo del mundo y los programas antidrogas para prevenirlo poco efecto han surtido en una sociedad ansiosa por consumir sustancias.
La petición de Abbott para que los cárteles mexicanos sean declarados como grupos terroristas sienta un precedente peligroso: de ser aceptada la propuesta –incluso por parte de México –se abrirían las puertas para que las agencias de inteligencia extranjeras puedan entrar al territorio a combatir a estos grupos violentos, pues si se trata de terrorismo las reglas del juego cambian: todos los países –o muchos de ellos –cooperarían al verse amenazados por la violencia y las operaciones de estos cárteles en varios continentes.
A cuatro años de que Andrés López Obrador asumió la presidencia de la República la violencia – o el narcoterrorismo –siguen sin ser combatidos. Sin una estrategia de seguridad clara que acompañe sus programas que “atacan las causas de la violencia” se ve difícil que el flagelo pueda ser frenado en lo que resta de la administración.
De acuerdo con cifras oficiales, que la mañana del jueves 22 fueron expuestas por el periodista Jorge Ramos en la conferencia Mañanera, al cierre del sexenio de López Obrador las estadísticas podrían sumar unos 190 mil muertos, es decir, que el de la Cuarta Transformación sería el sexenio con más muertos en la historia, por encima de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Confrontado por Ramos, López Obrador descalificó las cifras, aunque el periodista insistió en que los datos son “de su gobierno”; luego, a su más puro estilo, el mandatario expuso que los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Zetas, Golfo, entre otros, surgieron en el periodo neoliberal, dijo, cuando había complicidades entre criminales y autoridades y algunos periodistas guardaron silencio ante este problema.
En gran parte el presidente López Obrador tiene razón. Los grupos criminales surgieron en ese periodo neoliberal, pero lo cierto es que estos cárteles siguen de pie y operan con impunidad. El presidente dijo desde que andaba en campaña que su compromiso central era resolver el flagelo de la violencia y pacificar el territorio. Cuando era candidato expuso que “vamos a ir serenando el país”, pero lejos de que esto ocurra la violencia se multiplica por todas partes. De acuerdo con los datos de Jorge Ramos todos los días hay un total de ochenta muertos y, de acuerdo con su visión, el problema se agrava por la ausencia de una estrategia antimafia. Y lo peor, explica Ramos, es que López Obrador dice que no va a cambiar su estrategia.
Actualmente en todo el país operan dieciséis cárteles que, con toda libertad, han establecido alianzas y su fuerza se ha extendido a todo el continente. Contra estos grupos no hay estrategia de combate. Todos sin excepción operan con libertad y todo indica que así seguirán porque, si no se les combate, la impunidad los robustece todos los días.
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: RICARDO RAVELO.
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