Fue el Partido Acción Nacional, el principal opositor en el país y en Tamaulipas, el que interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista, el cual ya fue avalado por el Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas (Trieltam) a mediados de agosto.
“Se resuelve: primero, que se modifica la sentencia controvertida para quedar en términos de la ejecutoria; segundo, se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la Constancia de Mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya; tercero, se vincula al INE en términos de lo expuesto en la ejecutoria”, dijo Reyes Rodríguez Mondrágón, presidente del TEPJF.
En un amplio análisis de casi 350 páginas, el proyecto que el Magistrado José Luis Vargas Valdez propuso a la Sala Superior confirmó “el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría” expedida a favor de Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena.
Con este resultado, el PAN pierde la gubernatura de Tamaulipas, estado que arrebató al PRI en 2016 y que hoy pasa a manos de Morena con Américo Villarreal.
El proyecto que hoy se votó, el cual descarta la injerencia de grupos delictivos en la elección, se dio luego de que el Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor en el país y en Tamaulipas, el que interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista, el cual ya fue avalado por el Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas (Trieltam) a mediados de agosto.
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La Magistrada Janine Otálora, quien se pronunció a favor del proyecto, destacó que no hubo elementos que demostraran la relación entre el candidato morenista con el crimen organizado ni indicios de coacción al voto.
“EL PAN pretende la nulidad de la elección, con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido que resultaron electos. No obstante, lo cierto es que, si bien se generan indicios de hechos de violencia, en concreto en el municipio de Hidalgo, el partido no aporta elementos que puedan conducir a la nulidad de la elección“, argumentó la Magistrada.
El Magistrado Indalfer Infante Gonzales coincidió en que afirmar que tal diferencia o que la votación de Morena en ese distrito se debió a un porcentaje significativo a la participación del Cártel del Golfo es nuevamente una mera especulación.
“De la misma forma el hecho de que un representante estatal de dicho partido haya sido relacionado 20 años atrás con los cárteles del Golfo y de Sinaloa, según se advierte en dos notas periodísticas del año 2002, sin que se haya condenado a dicha persona y sin que se haya acreditado otro hecho que permita relacionar tal circunstancia con la elección, más allá de su carácter como representante del partido ante la autoridad electoral estatal, es también una mera suposición, sin mayor respaldo para presumir que pudo existir una estrategia con el crimen organizado para presionar o incidir en la elección. En este sentido, no puede considerarse que exista un contexto de intimidación a la ciudadanía en todo el estado ante las posibles consecuencias de no votar por la candidatura que obtuvo la mayoría, pues no hay elementos contextuales que permitan hacer alguna inferencia en ese sentido, ni por parte del propio partido, ni de la ciudadanía o de las autoridades electorales o estatales”, detalló en su ponencia.
La impugnación del PAN pretendía que se revocara la sentencia emitida por el Trieltam y, a su vez, se anulara la elección de la gubernatura en dicha entidad federativa, la cual la alianza opositora perdió ante Morena por apenas 88 mil 431 votos. Pero esta tarde el TEPJF votó por validar la elección.
Acción Nacional pretendía que se consideraran tres causales de nulidad: la vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales; la vulneración a principios de neutralidad e imparcialidad, es decir, la intervención ilegal de personas servidoras públicas en el proceso; y la supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada.
Sin embargo, el proyecto del Magistrado Vargas Valdez propuso desestimar las tres causales. En su proyecto, se analizan y argumentan a detalle las razones para ello.
“En todos los juicios de revisión constitucional que fueron promovidos ante esta Sala Superior, relacionados con la violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales alegada por el Partido Acción Nacional en los distritos que cuestionó el respectivo cómputo distrital de la elección de la gubernatura, se resolvió confirmar las respectivas resoluciones del Tribunal Electoral de Tamaulipas, por lo cual, quedaron firmes las determinaciones en el sentido de que tales irregularidades no se acreditaron”, recordó Vargas Valdez para el primer causal de nulidad esgrimido.
En cuanto a la vulneración a principios de neutralidad e imparcialidad (intervención ilegal de personas servidoras públicas), el proyecto votado explica que la presentación de notas de prensa “carece de valor demostrativo para generar plena convicción de que existieron supuestas conductas irregulares que tuvieron la finalidad de beneficiar al candidato Américo Villarreal”, pues sólo difunde información de interés público por parte de diversos medios de comunicación en ejercicio de la libertad periodística.
Por otro lado, estimó que el reclamo del PAN respecto a que las conductas de las personas funcionarias públicas, como el Canciller Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es inoperante respecto a que la impugnación demostrara una “estrategia sistemática” de intervención e injerencia indebida con el propósito de beneficiar al candidato morenista.
REINCORPORACIÓN AL SENADO DE AMÉRICO NO INVALIDA ELECCIÓN
Este miércoles, tres días después de publicar el proyecto a discutirse hoy mismo, Vargas Valdez sustituyó el documento por uno nuevo. “Esta nueva versión sostiene el sentido del proyecto de sentencia anterior e incluye un análisis del tema de la elegibilidad”, explicó el Tribunal Electoral en un comunicado.
Y es que el lunes 26 de septiembre, Villarreal había solicitado a la Mesa Directiva del Senado reincorporarse como legislador, aunque luego desistió, después de acusar a Francisco García Cabeza de Vaca de buscar impedir que rinda protesta el próximo 1 de octubre. Por medio de su cuenta de Twitter, el Gobernador electo acusó que el Gobierno local saliente “no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden”.
El PAN planteó ante el TEPJF la inelegibilidad del candidato morenista al sostener que su reincorporación como Senador de la república “actualiza el incumplimiento a los requisitos para acceder al cargo de la gubernatura, ya que la separación de cualquier cargo de elección popular (cuando se participa para ser postulado par aun diverso cargo) tiene como finalidad evitar algún tipo de influencia o presión sobre el electorado”.
Acción Nacional también argumentó que, al reasumir sus funciones como Senador en la etapa de calificación de la elección, “es evidente que pretende influir en la decisión de las magistraturas integrantes de esta Sala Superior”, citando el artículo 79 de la Constitución Política de Tamaulipas, así como jurisprudencia del TEPJF.
Sin embargo, el proyecto de Vargas Valdez, actualizado para responder a esta impugnación específica, propone resolver que el “agravio expuesto resulta infundado” ya que, si bien Villarreal solicitó su reincorporación como Senador en días previos a la fecha de la toma de protesta a la gubernatura de Tamaulipas, “no existía impedimento para que así lo hiciera; además dicha reincorporación no afectó las condiciones de equidad en la contienda”, explica.
El proyecto actualizado explica que el TEPJF interpretó la separación definitiva del cargo “como una desvinculación total de éste por un periodo determinado, pero no como una renuncia o un abandono pleno y absoluto del cargo”.
“En otras palabras, este órgano jurisdiccional consideró que lo prohibido en la norma era el ejercicio del cargo mientras se encontraba en desarrollo las etapas del proceso, y no la calidad de servidor o funcionario público”, añade.
A pesar del argumento, Villarreal desistió de su solicitud de reincorporarse al Senado de la República para retomar sus actividades legislativas. El Gobernador electo de Tamaulipas envió un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, con el fin de explicar su decisión de dejar sin efecto su reincorporación como Senador.
DESCARTA INTERVENCIÓN DEL NARCO
En el caso de la supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada en las elecciones, el proyecto de Vargas Valdez concluye que los “reclamos son infundados”. De las notas informativas y periodísticas presentadas por el PAN, detalla, “no es posible desprender elemento demostrativo alguno que permita generar, cuando menos una presunción de la existencia de los vínculos mencionados”.
Sobre la posibilidad de que Gastón Arriaga Lacorte, quien actuó como delegado de Morena en el Distrito 7 de Tamaulipas, tuviera presuntamente vínculos con un grupo de delincuencia organizada, el proyecto considera que “los planteamientos [en su contra] son infundados”, ya que sólo presentaron un video de una nota de prensa donde supuestamente el dirigente morenista grita “arriba el Cártel del Golfo, putos”.
Por ello, “no se acredita la existencia de un vínculo entre el señalado delegado distrital de Morena y menos aún que exista una interlocución para que la organización delictiva lleve a cabo actos de violencia e intimidación a la población para reportar un beneficio a la candidatura señalada”.
En cuanto a las supuestas aportaciones económicas de grupos de la delincuencia organizada, el proyecto indica que, tomando en consideración que de las pruebas aportadas por el PAN no se derivaron elementos indiciarios suficientes sobre la supuesta existencia de aportaciones de origen ilícito a la campaña de Villarreal. Para el órgano jurisdiccional “no es dable sustentar la existencia de aportaciones económicas a la campaña de Américo Villarreal Anaya por parte de grupos de la delincuencia organizada”.
Otro caso que declara infundado el proyecto de Vargas Valdez es el del supuesto vínculo de Villarreal con un grupo delictivo de Sinaloa conocido como “Z Vieja Escuela”. El PAN argumentó que el candidato morenista fungió en 2021 como delegado electoral del partido en Sinaloa durante las elecciones de ese año y eso “pudo generar vínculos de esa persona con los diferentes grupos de delincuencia organizada”.
Nuevamente el PAN usa para su demanda una nota de prensa que menciona exclusivamente que Villarreal fue designado como delegado morenista en Sinaloa para las elecciones de 2021, donde Morena triunfó de la mano de Rubén Rocha Moya. “No debe perderse de vista que [el PAN] expuso que la designación de referencia ‘pudo’ generar vínculos, es decir, sustentó su afirmación en una mera suposición o conjetura, sin abonar elementos argumentativos o señalar los medios probatorios de los que derivó esa conclusión”, explica Vargas Valdez en el proyecto.
Acción Nacional también presentó un video donde se puede escuchar una voz masculina decir: “Uyyy mira nomas, así vamos a entrar señores!!! A Ciudad Victoria Tamaulipas, puro Z Vieja Escuela a la verga junto con Sinaloa señores, gracias a mi amigazo el doctorcito Américo Chulo ajayyy nos van a pelar la verga, toda la verga putos, zeta vieja escuela y Sinaloa presentes en Ciudad Victoria Tamaulipas”.
Pero, para el proyecto propuesto, del video “sólo puede estimarse que una persona llevó a cabo esas manifestaciones, sin embargo es insuficiente para demostrar que los vehículos que se aprecian en la videograbación pertenecen a algún grupo delictivo, aunado a que las referencias que se realizan refieren planes o hechos futuros, sin que conste que así aconteciera”.
“Es por ello que las afirmaciones del partido relativas a que se trata de un grupo con vínculos con cárteles del narcotráfico y el hecho acreditado de que líderes de dicha agrupación manifestaron apoyo hacia el candidato ganador de la elección, resultan insuficientes para tener por acreditado que existió algún tipo de intervención o participación de colectivos de esa naturaleza en el desarrollo del proceso, que tuviera como efecto que la candidatura de Américo Villareal Anaya se hubiera visto beneficiada, de algún modo”, se lee.
NI FINANCIAMIENTO ILEGAL NI VIOLENCIA ELECTORAL
En cuanto a la acusación de supuesto financiamiento ilícito de Villarreal con dinero del “huachicol”, como es conocido el robo de combustibles, en el video periodístico presentado por el PAN, donde una supuesta mujer confirma que Sergio Carmona Ángulo, supuesto operador financiero de grupos afines en Tamaulipas, “no se advierten elementos para desprender que la persona entrevistada y que supuestamente admitió la existencia de una relación del candidato con fuera realmente la persona a la que se identificó [Nadia Virginia Grajeda Castro], ni tampoco que ésta realizara actos de representación a nombre del supuesto líder de la organización dedicada al tráfico de combustibles”, concluye el proyecto.
Ante los distintos videos de redes sociales y supuestos mensajes en estas plataformas para evidenciar presuntos actos de intimidación y presión a los votantes durante la veda previa a la jornada electoral, Vargas Valdez propone en el proyecto que sean calificados como “insuficientes para acreditar que existieron condiciones de violencia generalizada y de presión al electorado”, en específico, del grupo Columna General Pedro José Méndez y sus líderes, a quienes señala la impugnación como provocadores.
“La apreciación de tal material permite concluir que resulta insuficiente para tener por actualizado un clima generalizado de violencia y amenaza en la entidad”, detalla.
PAN NO PRESENTÓ PRUEBAS SUFICIENTES: PROYECTO
El proyecto también tumba la “valoración contextual” realizada por el PAN sobre la posible intervención de grupos del crimen organizado, el financiamiento ilícito o actos de violencia generalizados que hayan afectado el desarrollo de los comicios para la renovación del Gobernador de Tamaulipas.
“Finalmente, tampoco está acreditado que exista una interrelación entre los indicios (…) para formar un sistema argumentativo que lleve a la convergencia de que efectivamente existió una asociación plenamente acreditada entre Morena y su candidato a la gubernatura y los grupos criminales, los líderes de estos o la violencia generada por ellos”.
Por ello, argumenta Vargas Valdez, “sostener que a partir de los indicios existentes se puede inferir que Morena y su candidato tuvieron o mantienen una vinculación con el crimen organizado, al grado de haber impactado en los resultados electorales, constituye una arbitraria e infundada, al no soportarse racionalmente en las premisas probatorias”.
Bajo esos parámetros, añade, el TEPJF ha sostenido que el hecho de que una elección se haya desarrollado en un contexto en el que se adviertan actos de violencia y criminalidad “no presupone su invalidez”, sino, en todo caso, “resulta exigible el que se presenten razones y pruebas que permitan generar inferencias válidas relativas al acto o conducta específica y el nexo o vínculo contextual que se alega”, algo que no ocurrió de parte del impugnador.
Por último, señala al PAN, quien pretendía demostrar su hipótesis de la injerencia del crimen organizado en el proceso electivo de la gubernatura de Tamaulipas “a partir de una serie de indicios — fundamentalmente sustentados en piezas informativas, videos y publicaciones— sin que el análisis contextual de los hechos acreditados a que aluden tenga el alcance demostrativo suficiente para confirmar la hipótesis planteada”.
“Debe precisarse que las manifestaciones de apoyo de diversos personajes tampoco brindan datos reales y objetivos de vinculación con el candidato Américo Villarreal Anaya o con los resultados obtenidos en la elección, toda vez que éstas se efectuaron de manera pública, y sin que en ellas mediara algún acto de violencia o de intimidación para que el sufragio ciudadano se emitiera a favor de alguna opción política en particular”, reza el proyecto a discutirse este miércoles.
“Así, en conclusión de este órgano jurisdiccional, la naturaleza de los hechos probados por el actor es insuficiente para estimar que tienen como alcance demostrar la existencia de actos de grupos de la delincuencia organizada que tuvieron como finalidad intervenir en el proceso electoral a favor de la candidatura de Américo Villarreal Anaya, precisamente porque no se acreditó la participación de los sujetos y grupos referidos por el actor, dirigidos a incidir en los comicios, de ahí que no se actualicen las irregularidades planteadas”, cierra el apartado.
AMLO DENUNCIA PERSECUCIÓN
Apenas este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe una persecución y presiones para revocar el triunfo a Américo Villarreal: “Parece que el presidente del Tribunal Electoral fue funcionario de uno de los asesores [Roberto Gil Zuarth] de ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN […] pero ese Tribunal no es una gente”.
A quien se refirió el Presidente fue al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue coordinador de asesores de Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, y que actualmente encabeza la defensa jurídica del aún Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de los diversos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
AUTOR: REDACCIÓN.
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