En lo que va del sexenio, la población en cárceles federales y estatales ha aumentado en 28 mil 928 personas. Hoy, la Suprema Corte iniciará la discusión de proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática.
Datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que en la actual administración la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.
Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554.
Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.
En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.
Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para “despresurizar”
Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su Cuarto Informe tiene que ver con la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México.
Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.
El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos, lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos.
El presidente respondió: “Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron”.
Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. “Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato”, dijo.
El Cuarto Informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente.
Como se mencionó, a junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).
El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.
El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.
Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles.
Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla
El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.
En repetidas ocasiones, Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.
Incluso durante su histórica visita a Santa Martha Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema.
“Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa; hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad; entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos”, dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario