En el marco de la semana de acción global por la despenalización del aborto en América Latina y en el Caribe, en San Cristóbal de Las Casas se llevó a cabo el “Conversatorio salud sexual, justicia reproductiva y aborto en Chiapas”. Durante el evento se celebraron los logros del movimiento por el aborto a lo largo de las últimas décadas: su despenalización en la Ciudad de México, que sembró esperanza en otros estados; el boom de la Marea Verde que nació en Argentina en 2018 y pronto llegó a México con un impacto en la fuerza de las movilizaciones a nivel nacional, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 septiembre de 2021, que declaró inconstitucional que las mujeres, las personas que las acompañan y el personal médico sean criminalizadas por el aborto.
“Esto significa que ningún juez en todo México puede dictar una sentencia por aborto, nadie ya irá a la cárcel y tenemos que dejar de tener miedo de hablar públicamente de esto”, afirmó Alejandra Muñoz Ortiz, de la Red de Justicia Reproductiva en Chiapas. “En nuestro estado y en muchos otros estamos en una laguna legal que debemos usar a nuestro favor”, agregó.
Con su movilización, las chiapanecas pidieron a los legisladores locales armonizar el código penal – que criminaliza a las mujeres que abortan voluntariamente y dispone hasta tres años de cárcel para el personal de salud y el cese de su cédula profesional – a la sentencia de la SCJN de septiembre de 2021 y a las tres que siguieron en la materia. Exigieron además que la Ley General de Salud reconozca el derecho de las mujeres y personas gestantes a un aborto seguro.
Con este fin, las organizaciones feministas están haciendo labores de incidencia ante el Congreso del Estado y, para que sean más efectivos, en los próximos meses la Red de Justicia Reproductiva en Chiapas y Abortistas MX promoverá un amparo.
Hasta el momento, en Chiapas el aborto es legal y seguro sólo para las víctimas de violación sexual, en el caso en que la vida de la madre corra algún riesgo y por malformación del feto, según dispone la norma 046 de 2009. En todos los hospitales básicos comunitarios de la entidad hay una persona encargada del Programa Aborto Seguro, donde las mujeres pueden acceder sin presentar denuncia penal de violación ante la autoridad y sin que se le pueda cuestionar su buena fe. Además, las menores de edad pueden acudir sin permiso de sus padres.
“Qué los médicos cambien su pensar, su sentir, que no discriminen a las mujeres”, urgió Juana Pérez Hernández, indígena tzotzil integrante de Nich Ixim – Movimiento de Parteras de Chiapas. “Hay gente que piensa que es un ser humano que se está matando y te presentan un video con un feto ya desarrollado y descuartizado… eso es inventado. El producto para mí, yo lo veo como una semilla”, señaló en el conversatorio.
Durante el encuentro también se señaló la necesidad de impulsar la educación sexual y el uso de anticonceptivos entre las y los jóvenes para prevenir embarazos no deseados, siendo que “ninguna mujer aborta por gusto”, y se habló de la importancia de que la despenalización legal sea acompañada por una social.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
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