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No obstante, para el caso de Abarca, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de la Montaña Tlachinollan, así como Serapaz y Fundar, llamaron a la Fiscalía General de la República a interponer la apelación correspondiente.
Cabe recordar que el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Tamaulipas, absolvió al ex alcalde de tener responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes, al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran la acusación.
Las organizaciones recordaron que esta sentencia “deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud. La acusación era incorrecta pues incluso encuadraba los hechos como ‘secuestro’ y contenía múltiples errores fácticos”.
En ese sentido, señalaron que más que la Judicatura, “el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República”. Por ello, sostuvieron, “debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría”.
En cuanto a la presunta detención del General Brigadier José Rodríguez Pérez, señalaron que los familiares de los estudiantes y las organizaciones “ignoramos los extremos de la acusación, incluyendo los delitos que se le imputan y si estos se ajustan a los hechos contenidos en el Informe del Presidente” de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso, “incluyendo la participación de este militar como autor intelectual de delitos graves contra algunos estudiantes o bien a otros hechos investigados por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA)”.
Lo anterior, “dado que la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada es abundante, si este proceso avanza con prueba sólida puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades”.
AUTOR: JESSICA XANTOMILA.
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