Además, se señaló falta de apoyo técnico, como por ejemplo la omisión de servicios periciales para reconocer y analizar las voces en videos donde aparecen “personas públicas conocidas” participando en actos de tortura. En distintas oportunidades fue solicitado el apoyo sin que fuera brindado, por lo que se obligó a la UEILCA a buscar asesorías en el extranjero, mismas que lograron hacer la identificación de las voces en los videos, explicó Francisco Javier Cox Vial, integrante del GIEI.
Asimismo, dijo que en agosto de 2022, la comisión de una licenciada de Asuntos Internos para desempeñar el cargo de agente del Ministerio Público adscrito a la UEILCA generó una ruptura en el acuerdo de creación de la Unidad de 2019. “No se explica porque debería ser comisionada, no se justifica y va en contra de los fundamentos de contar con conocimiento del caso, puesto que esta persona no tenía conocimiento de los hechos ocurridos”.
Otra de las irregularidades tiene que ver con la falta de policías en la Unidad, que se quedó sin elementos que asistieran las investigaciones y que pudieran llevar a adelante las diligencias. Habían desaparecido por instrucción de una persona que ni siquiera colaboraba con la Unidad, indicó el integrante de la GIEI.
Respecto a la remisión de las auditorías ordinarias a la Unidad Especializada, Francisco Javier Cox Vial señaló que en tres años de funcionamiento de la UEILCA no se había hecho ninguna. Ello sucedió después de la solicitud de las 83 órdenes de aprehensión.
En ese contexto, indicó que entre las solicitudes de cancelación de 21 órdenes figuran miembros del Ejército, exfuncionarios del C4 que tenían conocimiento de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre, entre otras autoridades. Con estas acciones “los principios que se establecieron en el acuerdo del 26 de junio de 2019 fueron rotos por el propio fiscal general de la República [Alejandro Gertz Manero]”, indicó.
En conferencia desde las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Cox Vial calificó como grave el hecho de que la FGR haya dejado de incluir evidencia y antecedentes probatorios en las acusaciones del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detenido el pasado 19 de agosto.
“En un estado de derecho, la Fiscalía como un ente autónomo no puede tener más consideraciones que las judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización débil, se corre el riesgo de que el exprocurador no logre una condena; ello pese a existir evidencia y pruebas de su colaboración en la mal llamada verdad histórica”, indicó.
Al respecto, el miembro de la GIEI dijo que al parecer en México “se tiene una atención mayor a la detención que a la condena. Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de la detención, del inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”.
Pese a lo antes mencionado, el especialista reconoció la integridad, profesionalismo y ética de los funcionarios y funcionarias de la UEILCA que han llevado adelante la investigación del caso de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos forzosamente desde el 26 de septiembre de 2014. “Reconozco a aquellos que han realizado una investigación con pleno apego al Estado de derecho a la ley y sin torturar a nadie”, añadió.
Respecto de la relación del GIEI con el fiscal general Alejandro Gertz Moreno, se indicó que sólo los recibió una vez y no ha contestado la petición para sostener una segunda reunión
AUTOR: ANDREA GÓMEZ.
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