Sin embargo, a pesar de esta suma de recursos públicos y de que en febrero pasado debió haber iniciado el rescate, las obras van atrasadas a dos años del encargo presidencial: en los dos túneles de acceso y ventilación que se están construyendo, cuyas obras absorben más de mil millones de pesos, las excavaciones van a 45 metros de profundidad, un 32% de los 140 metros que la organización civil Familia Pasta de Conchos asegura que se deben completar para aproximarse a la zona donde yacen los mineros.
En cuanto a la construcción de dos lumbreras —rampas de acceso—, el avance es menor. Según información al corte del 15 de agosto, que la CFE entregó a familiares de los mineros atrapados y a la que este medio tuvo acceso, en una de esas rampas la profundidad de excavación es de apenas 18 metros, y en la otra es de 23; es decir, un 16% de los 140 metros.
Animal Político buscó a la CFE para preguntarle por qué la excavaciones avanzan lento, si de acuerdo con su propio cronograma —de octubre de 2020— las labores de rescate de los primeros cuerpos deberían haber iniciado hace casi medio año para extenderse hasta el verano de 2024. Sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Familiares de los mineros dijeron en entrevistas que prácticamente han perdido la esperanza de que para 2024, cuando finalice el sexenio, las autoridades hayan completado el rescate.
“Nos lo pintaron todo bien bonito y muy rápido. Pero hoy no podemos decir que falta poco ni para llegar a la zona siniestrada. Estamos súper atrasados”, lamenta Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Delgado.
Ante este panorama, activistas de la región carbonífera de Coahuila lamentaron la decisión anunciada por el presidente la semana pasada, cuando encomendó nuevamente a la CFE otro rescate: el de El Pinabete, a tan solo unos kilómetros de Pasta de Conchos. En ese pozo de carbón, 10 mineros permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto, tras una inundación, sin que a casi un mes del suceso ni Protección Civil ni buzos militares hayan podido avanzar.
“¿Dónde está el historial de rescates mineros de la CFE?”, cuestiona Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos e integrante de Familia Pasta de Conchos. “La comisión no sabe hacer rescates. Apenas está aprendiendo a hacerlos”.
“La CFE no tiene nada que estar haciendo ni en Pasta de Conchos ni en El Pinabete. Se necesita a los mineros, que son los verdaderos especialistas en rescates”, exige Omar Ballesteros, también integrante de esta organización.
Un rescate peligroso
El 1 de mayo de 2019, luego de que fuera uno de sus compromisos de campaña, López Obrador aseguró que su gobierno, a diferencia de lo sucedido en sexenios pasados, sí rescataría a los mineros de Pasta de Conchos.
Esta mina, concesionada a Grupo México, explotó el 19 de febrero de 2006; murieron 65 mineros.
Tras poco más de un año, las autoridades del gobierno de Felipe Calderón dieron por finalizadas las labores de rescate el 4 de abril de 2007, debido a las dificultades y los riesgos para acceder a la zona siniestrada. De los 65 mineros, solo se recuperaron los cuerpos de dos. Los 63 restantes siguen atrapados, y son un símbolo y un reclamo constante por las malas condiciones laborales que enfrentan los mineros en la región carbonífera de Coahuila, donde en un siglo han muerto más de 3 mil trabajadores, de acuerdo con el informe El carbón rojo de Coahuila, de Familia Pasta de Conchos y publicado por la Fundación Böll.
El 14 de septiembre de 2020, el actual gobierno ordenó que, con la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se elaborase un plan para indemnizar a las familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. También encargó a la CFE el rescate de los restos.
Previo a arrancar esas labores, el Servicio Geológico Mexicano realizó nuevos estudios para determinar si, como ya habían dicho Grupo México y autoridades, el rescate era realmente inviable, o si, por el contrario, sí podía llevarse a cabo. Para ello, analizó la información ya existente del siniestro, estudios de subsuelo y evaluación de opciones, y pidió la opinión de un grupo de expertos nacionales e internacionales, procedentes de China, Alemania, Australia y Estados Unidos. Todo lo aglutinó en un informe, al que Animal Político tuvo acceso por transparencia.
Inicialmente, los expertos advirtieron que el costo y los riesgos que implicarían las obras no aconsejaban proceder. “Cualquier intento de rescate será muy peligroso, costoso y de resultados inciertos”, planteó en el Anexo Síntesis de la Opinión de Expertos uno de los especialistas mexicanos, cuya identidad quedó reservada, como la del resto de expertos.
Sin embargo, tras conocer todo el expediente recabado por el Servicio Geológico Mexicano, y con base también “en los datos, experiencias y testimonios obtenidos en la visita técnica realizada del 18 al 23 de agosto de 2019, a Sabinas, Coahuila”, el grupo de especialistas mineros nacionales e internacionales dejó constancia —en un escrito publicado por la Secretaría del Trabajo— de que la intención del gobierno de López Obrador de rescatar a los mineros era, en principio, “teórica y técnicamente viable”, y que su recomendación era construir túneles y rampas a la zona siniestrada.
Tras considerarse como “factible” el rescate, López Obrador encomendó las obras a la CFE. Y es en este punto cuando comenzaron los problemas, dicen los familiares entrevistados.
CFE, sin experiencia en rescates mineros
Cuando se le plantean a Cristina Auerbach algunos de los riesgos expuestos por los expertos en el informe en las obras de rescate, responde de inmediato que dichos riesgos no son muy diferentes a los de cualquier proyecto carbonífero.
“Todo trabajo minero, hasta el más chico en una cueva, es de alto riesgo”, apunta.
“Lo que es inadmisible aquí —recalca— es que una empresa estatal, como la CFE, que no tiene ningún tipo de experiencia en rescates, y que no tiene minas y que su única relación con la minería es que compra carbón, sea la encargada de llevar a cabo ese rescate”.
“Aquí el tema no es el riesgo que hay en las obras, sino la capacidad que tienes de controlar y manejar ese riesgo. Y, evidentemente, la CFE no tiene esa capacidad porque no ha entrado nunca a una mina de carbón. Y por eso, porque están apanicados y porque no saben de minería, quieren hacer una obra faraónica tardadísima con unos túneles enormes de concreto por los que puede pasar hasta el Metro”.
Animal Político preguntó por transparencia a la CFE en qué otros proyectos de rescate minero participó entre 2000 y 2021. En su respuesta, la empresa corroboró lo dicho por Auerbach, pues si bien apuntó que ha participado “en la planeación, diseño, estudios y construcción en diversas obras subterráneas y proyectos de infraestructura”, también admitió que antes de Pasta de Conchos “no había participado en otros proyectos de rescate minero, tanto en México como en el extrajero”.
Elvira Martínez, esposa del minero Jorge Vladimir Delgado, recuerda que López Obrador ha sido el primer mandatario que se mostró abierto a un diálogo con las familias de Pasta de Conchos y el primero que se comprometió a materializar un rescate.
“Las intenciones del presidente son muy, muy buenas, eso es cierto”, admite.
“Pero el gran problema es que a quien le encargó el rescate no fue la mejor decisión”, matiza Martínez, y agrega que, además de la falta de experiencia, los procesos de licitación que ha realizado la CFE para contratar las obras han sido lentos —las licitaciones relativas a los túneles estuvieron varios meses desiertas y tuvieron que repetirse para, finalmente, acabar adjudicándose de manera directa— y excesivamente burocráticos, lo que también explica en parte el retraso en las obras.
Esto, además de que las contrataciones de la CFE han sido polémicas y objeto de críticas por los propios familiares. Por ejemplo, la de la constructora Prodemex-Proacon, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, integrante del consejo empresarial de López Obrador.
De acuerdo con un reporte de la revista Proceso, esta compañía consiguió un procedimiento de adjudicación directa para obtener un contrato por más de 300 millones con la CFE, luego de que, tan solo 20 días antes, la misma constructora fuera descalificada para ese mismo contrato durante una licitación pública con otras cuatro empresas que aspiraban a realizar obras en Pasta de Conchos.
El pasado 8 de abril, la CFE publicó en su portal de contrataciones que adjudicó de manera directa a Proacon otro contrato por mil 164 millones de pesos para la “construcción de rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión en la mina Pasta de Conchos”.
Además, Animal Político publicó el pasado 14 de febrero que la CFE contrató para obras de excavación en Pasta de Conchos a Ingeniería, Asesoría y Consultoría, SA de CV (IACSA), una de las empresas encargadas de supervisar el tramo de la Línea 12 del Metro de la CDMX, que colapsó y dejó 26 muertos y más de 100 heridos.
Otro contrato polémico fue el otorgado por 32 millones 828 mil pesos a Compañía Minera Zapaliname, que pertenece a César Ariel Rodríguez Guadiana, sobrino de Armando Guadiana Tijerina, senador por Morena, el partido de López Obrador. El legislador ha negado que tuviera vínculos con la compañía de su sobrino, aunque esta sociedad, tal como corroboró este medio en el Registro Público de Comercio, comparte representantes con Materiales Industrializados, SA de CV (Minsa), compañía de la que, según documentación oficial, sí es socio Armando Guadiana.
El caso de El Pinabete
Ante este contexto y las experiencias vividas en carne propia con la CFE en Pasta de Conchos, Elvira Martínez dice estar “muy preocupada” por la situación que enfrentarán los familiares de los 10 mineros atrapados en El Pinabete, luego de que López Obrador encargara a la CFE el nuevo rescate.
Según anunció Protección Civil federal, las opciones para la recuperación de los mineros atrapados serían una mina a cielo abierto con inclinados para acceder a la zona siniestrada, o una “pantalla hidráulica” que impida el paso del agua en los pozos inundados, o una combinación de ambas propuestas. El tiempo de las obras podría oscilar entre seis y 11 meses.
Tras este anuncio, Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado criticando estas alternativas y recordando que en décadas recientes se han recuperado los cuerpos de 153 mineros fallecidos “y un número no determinado de sobrevivientes”, sin necesidad de hacer una mina sobre otra siniestrada. Además, señaló que el tiempo de entre seis y 11 meses para el rescate es “irreal”, puesto que construir una mina a cielo abierto requiere mover cuando menos 5 millones de toneladas de tierra —lo equivalente a llenar tres veces el Estadio Azteca— y más de mil 600 trabajadores.
“A lo mejor las familias del Pinabete están creyendo lo que les dice Protección Civil, de que va a ser un rescate rápido, que en seis meses ya está listo, cuando la realidad es muy distinta porque un rescate de este tipo conlleva muchas cosas, mucha burocracia, desde las licitaciones hasta ver qué empresas van a hacer los trabajos, o pedir permiso a los dueños del predio donde está el pozo”, señaló la organización civil.
Aunque el gran tema, insiste el activista Omar Ballesteros, es que el liderazgo de esas obras quede de nuevo en manos de la comisión que dirige Manuel Bartlett, y que no se involucre en esas tareas a las cuadrillas de mineros que llevan años trabajando en la región.
“El rescate de la CFE en Pasta de Conchos es un fracaso”, dice Ballesteros. “No han avanzado casi nada de lo estimado y los mismos mineros que están ahí nos dicen que los ignoran y no les hacen caso. Es una situación muy preocupante”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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