Al enterarse, los dueños de los terrenos acudieron a verificar lo ocurrido. Encontraron sus predios siendo desmontados por máquinas color verde olivo operadas por militares, lo que calificaron como un despojo.
Por tal situación, una propietaria afectada interpuso una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, misma que fue admitida. El órgano jurisdiccional le concedió una suspensión provisional el 29 de agosto.
Este acto jurídico contradice lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado 3 de septiembre, vía redes sociales, aseguró que los trabajos del proyecto ferroviario entre Cancún y Tulum –donde se ubica el tramo 5 Norte– habían sido reiniciados debido a que los amparos no habían procedido en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social.
A la par, en un auto dictado el pasado 29 de julio dentro del expediente de amparo indirecto 923/2022, promovido por la asociación civil defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se concedió el beneficio de una suspensión definitiva contra el tramo 5 Norte, aún vigente, justo donde el personal de la Sedena se ha desplegado.
Mientras propietarios afectados y ambientalistas sostienen una lid por la vía legal contra el proyecto emblema de López Obrador, el ayuntamiento de Solidaridad aprobó un contrato de promesa de compraventa de 16 predios para el paso del ferrocarril con la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya en el fraccionamiento Villas del Sol, el más grande y poblado de Playa del Carmen.
Esa zona habitacional se prepara para quedar divida para siempre, después de la poca oposición del cabildo integrado por ediles afines al saliente gobernador Carlos Joaquín González, a quien López Obrador ya le prepara un lugar en el gabinete federal, luego de la total aquiescencia de aquél a su proyecto sexenal en Quintana Roo.
Luego de la llegada del personal de la Sedena y la ya evidente militarización de los trabajos, la propietaria Dolores Sánchez Lucero, dueña del predio Camino del Sol, unos 12 kilómetros al noroeste en línea recta del centro de Playa del Carmen, lamenta que el desmonte continúe a pesar de contar con una suspensión provisional dentro del juicio de amparo indirecto 1954/2022.
“Yo no me opongo al tren, yo apoyo al presidente (...) pero tampoco me puedo prestar a estas anomalías de quienes estén manejando las secretarías (de Estado), como Sedena, Fonatur, Indavi, Sedatu, no pueden cometerse esos despojos descarados (...) no hubo ningún aviso”, manifiesta la afectada.
Defensores del proyecto ferroviario han afirmado que muchos predios por donde pasará el tren son terrenos nacionales del poniente de Playa del Carmen. Pero Sánchez Lucero cuenta con folio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo que acredita su propiedad.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2393 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO GÓMEZ.
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