En una defensa pro bono, los abogados Alejandro Robledo y César González Hernández, integrantes del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, coordinarán la estrategia jurídica junto con la Defensoría Pública Militar, que representa a los militares involucrados en este asunto.
Por el momento, la Sedena ha logrado que sólo cuatro militares hayan sido detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas hace ocho años en Iguala. Las cuatro detenciones están muy lejos de las 20 órdenes de aprehensión que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció el pasado 18 de agosto contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 del Ejército en Iguala.
Las aprehensiones fueron ordenadas por el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, a quien Encinas acusó, junto con otros juzgadores, de obstruir el castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
En entrevista con Proceso los abogados indicaron que cada semana se reúnen con los integrantes de la Defensoría Pública Militar para trazar paso por paso la defensa técnica-jurídica que llevarán a favor del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Fabián Alejandro Pirita, detenidos, los primeros tres, el pasado 15 de septiembre, y el último de los mencionados, al día siguiente.
“La Sedena no acepta que se vincule al Ejército mexicano y en particular a estos cuatro elementos a una actividad delictiva que no cometieron”, señaló Robledo.
“Los está defendiendo porque nosotros trabajamos en codefensa con la Defensoría Pública del Ejército; nos hemos puesto de acuerdo como en cualquier otro equipo de abogados, como si estuviéramos trabajando con otro despacho.”
Entre las pruebas de la averiguación previa contra los militares están las obtenidas por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), a cargo del propio Encinas.
Rodríguez Pérez enfrenta una acusación por delincuencia organizada, por supuestamente estar vinculado con el cártel de Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y los otros tres elementos castrenses están acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
“Creemos que técnicamente no se sostiene la acusación, porque consideramos que no hay elementos y que en algún momento de todo este camino procesal ganaremos el asunto de fondo, sólo que todavía no sabemos en qué momento ni ante qué autoridad”, explicó González Hernández.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2395 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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