“Lo ofrezco disculpa a los padres”, dijo el Presidente cuando se cumplen ocho años de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.
“Yo les dije, y ellos lo plantearon, que querían la verdad aunque fuese dolorosa. Y sí, es muy dolorosa. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, zopilotes. Pero si se conoce la verdad, la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada. Por eso dije: ‘¿por qué testaron?’”, agregó.
“No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia. Porque a la mejor quienes filtraron ese documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal”, criticó.
Tras 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente @lopezobrador_ afirma que siguen trabajando pic.twitter.com/wFekFPhczz
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“Pero esto no es un asunto sólo jurídico”, sentenció. “Es también un asunto de justicia y de Estado. No porque se dieron a conocer los nombres, van a quedar en libertad, porque ‘se violó el sacrosanto debido proceso’. ¿Y si son responsables? Y si cometieron los crímenes, con una argucia legaloide se vulnera la justicia. No”.
“No vamos a dejar de exigir castigo. Esas argucias legaloides, chicanas. No”, dijo López Obrador.
Y enseguida el mandatario federal prometió que no le fallará a los padres de los normalistas y sentenció que se continuará con las investigaciones. “También es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército. Todos los responsables tienen que ser castigados”.
El Jefe del Ejecutivo federal recordó que “hubo un pacto de silencio, de impunidad, donde participaron autoridades” estatales y federales de manera directa para fraguar la llamada “verdad histórica”.
“En el informe de la Comisión [para la Verdad y Acceso a la Justicia] que lo trabajo durante muchísimo tiempo, estamos hablando de millones de llamadas telefónicas, interrogatorios, entrevistas, concluyen y hacen el relato de lo que pasa esa noche y en los días posteriores. Las decisiones que toman, quiénes participan de manera directa, autoridades locales, federales, estos elementos del Ejército”.
“Luego viene otro momento que es el de fabricar hechos que no ocurrieron, por ejemplo, el que quemaron a los muchachos y para crear esa llamada ‘verdad histórica’ para cuadrarla intervienen autoridades, está probado que torturan y dan a conocer esa ‘verdad'”, añadió.
López Obrador señaló que debe leerse el informe y hacer a un lado lo que está testado, pues consideró que el informe “es bueno”. Además, reiteró que lo testado es para “evitar que lo usen como pretexto de que se violó el debido proceso”.
AMLO explica las razones por las que el documento estaba testado y afirma que el informe original tenía toda la información necesaria. pic.twitter.com/FMweCECnVS
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Finalmente, desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el Presidente pidió exponer el informe del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la responsabilidad del exprocurador Murillo Karam en el caso Ayotzinapa.
Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (FGR) y autor de la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fue detenido el pasado mes de agosto. Actualmente, es acusado por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia porque, según la acusación, inventó una versión “oficial” para ocultar la verdad.
Además de la detención de mayor calado político, este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, José Rodríguez Pérez. Poco después de los hechos, fue ascendido a General, y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, él fue quien presuntamente dio la orden de matar a seis de los estudiantes.
Otro miembro del Ejército, el capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020.
La llamada "Verdad Histórica" del caso Ayotzinapa fue una manipulación para encubrir la responsabilidad de autoridades federales en la desaparición de los 43 estudiantes; donde Murillo Karam, asumió la responsabilidad de ese encubrimiento oficial: delito de lesa humanidad. pic.twitter.com/bidruuDXkT
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 26, 2022
No obstante, ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados, según documentos publicados por el diario El País, lo que preocupa a las víctimas.
El periódico Reforma también reveló que la Fiscalía a cargo de Gertz Manero desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cinco exfuncionarios estatales de Guerrero, entre ellas la del extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien es señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”.
GOBIERNO PIDE INVESTIGAR FILTRACIÓN
La filtración del informe oficial sobre las investigaciones en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, fue condenada por el Subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad.
Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
El funcionario consideró que la filtración del informe fue “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”, y agregó en su cuenta de Twitter que las filtraciones “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.
Alejandro Encinas anunció que solicitó a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de lo que describió como una “grave filtración”.
Al lamentar la filtración, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos— dijo que esa acción “victimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor”, y no a la prensa.
Asimismo, el Centro Prodh manifestó preocupación por las informaciones difundidas por la prensa de que la Fiscalía General de la República supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.
Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
“Estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA (Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa)”, refiere el comunicado.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía General de la República al Juez de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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