Encinas atribuyó a un “coletazo del pasado” los cuestionamientos a su informe sobre la solidez de los señalamientos hacia personal militar, de la Policía Federal, de policías estatales y municipales, que llevaron a la conclusión de que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado”.
En su colaboración titulada: “Lo dicho: fue el Estado”, el funcionario rechazó que el documento de la Covaj se base en el testimonio de una sola persona, sino que “es fruto de información de al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas, que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos”.
Encinas Rodríguez defendió sus acusaciones contra el juez de Distrito Samuel Ventura Ramos por haber liberado a 77 personas que, “efectivamente, fueron objeto de tortura por parte de autoridades de la entonces Procuraduría General de la República”, pero reprocha no haber ordenado “restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores”.
Asimismo, negó que con el informe la Covaj agravie al Ejército, porque “la búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones”, sino que éstas se fortalecen “cuando logran identificarse y expurgarse los intereses ajenos a la ley y el respeto a la sociedad”.
Encinas se quejó de la filtración de parte del informe de la Covaj sin testar, por parte del diario Reforma, en la que se dan a conocer supuestas conversaciones de texto por Whats App que describen métodos de ejecución y desaparición de los estudiantes.
“El principio de transparencia y máxima publicidad es sin duda un pilar para conocer la verdad, pero éste no puede estar por encima del respeto y dignidad de las víctimas”, aseguró el funcionario al señalar que la información estaba siendo sometida a investigación judicial y que la exhibición de las conversaciones “lastiman a las víctimas, atentan contra derecho de las víctimas a la verdad y abren paso a la impunidad”.
Encinas Rodríguez puntualizó que el trabajo de la Covaj ha permitido que sus hallazgos sean judicializados en la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), y que continuará en funciones hasta esclarecer la desaparición de los normalistas.
“Los trabajos de la Comisión de la Verdad continúan, no hay marcha atrás para ir a fondo para garantizar el derecho a la verdad. El viejo régimen y sus voceros continuarán con su campaña de denostación, en un debate que se dirimirá en los juzgados, pero también ante la sociedad cansada de la mentira y el encubrimiento”, puntualizó el subsecretario Alejandro Encinas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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