Con un nuevo Informe sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, las injusticias cometidas con la investigación salieron a la luz. Y se avanzó con la búsqueda de algunos de los culpables. Pero en el andar de las madres y padres persiste la dolorosa pregunta que cumple ocho largos años: ¿dónde están los muchachos?
Durante ese tiempo, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han tocado muchas puertas; se han sentado en muchas reuniones; han recibido distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Escucharon la frase dolorosa a la que se rehusaban: “no hay posibilidad de que los normalistas se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.”
Eso desató la que sea, quizás, la exigencia más importante, que es saber entonces dónde están los muchachos.
“Estos ochos años son de un largo sufrimiento que hemos tenido sin tener respuestas ni nada que nos dé la esperanza de saber qué pasó con nuestros hijos. Lo que queremos es saber únicamente la verdad de dónde están. Es lo único que le pedimos al Gobierno”. Esas son las palabras de Justina García Velázquez, madre del normalista Martín Jetzemaní Sánchez García.
En los últimos dos meses, ha habido brincos importantes que demuestran la complejidad del caso, ya que al mismo tiempo que se anuncian avances surgen más obstáculos y se dan pasos hacia atrás.
El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fue un “crimen de Estado”.
A ocho años de la noche de Iguala, donde traficaba y secuestraba el grupo criminal Guerreros Unidos, se detuvo a diversos involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes rurales, entre ellos, miembros del crimen organizado, autoridades locales y federales, incluyendo del Ejército.
Son ocho años de búsqueda sin encontrar nada, señaló Lorenzo Francisco, padre del normalista Lorenzo Francisco. A las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) recordó la frase dicha por las autoridades “se nos dijo, tope a donde tope. Y aquí ya pegó con militares. Ellos fueron. Fueron los tres niveles de Gobierno”.
Hasta el momento, el Gobierno federal reconoció que faltan otros actores por capturar y ha cuestionado la actuación de ocho jueces, sobre todo la del Juez Samuel Ventura, quien ha liberado a 120 personas por haber sido torturadas.
En noviembre de 2014, cuando las familias y la sociedad reclamaban justicia en las calles, el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron capturados en Iztapalapa, Ciudad de México, por desaparición forzada. En días pasados se le giraron nuevas órdenes de aprehensión por nexos con el cártel Guerreros Unidos, que entonces contaba con el apoyo de la policía de Iguala y Cocula.
Después de la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y Justicia en agosto, el Procurador Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” sepultada, fue detenido afuera de su casa en la Ciudad de México por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia, aunque de momento tiene una suspensión contra vinculación a proceso.
Derivado del documento de la Comisión para la Verdad, donde se señala la participación de un militar infiltrado en la normal, también se dictó formal prisión al General José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada, así como al Capitán José Martínez y al cabo Eduardo Mota por este delito y desaparición forzadaPero falta una pieza clave: Tomás Zerón de Lucio.
Aún está pendiente la extradición desde Israel del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien es el otro autor de la “verdad histórica” que sembró pruebas en el basurero de Cocula y es señalado por tortura y desaparición forzada y quien rechazó el criterio de oportunidad para declarar sobre el caso.
Pero esto es sólo uno de los carriles del caso; faltan las certezas. Murillo Karam defendió la “verdad histórica” y Zerón se niega a hablar. Luego de todos estos movimientos, los padres y madres aceptaron las palabras de Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien concluyó que no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos.
Días después, desde Tixtla, Guerrero, los padres informaron su postura de que necesitan pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos. “Certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Vidulfo Rosales, abogado que ha acompañado durante todo este tiempo a las familias.
El pasado 23 de septiembre, Alejandro Encinas explicó en conferencia de prensa que a ocho años de este caso, “no se cierra la investigación, no hay marcha atrás para ir a fondo y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos, sus familiares y la sociedad”.
El informe de la Comisión resalta sobre esto que no hay otro camino mas que continuar con la búsqueda de los normalistas en la Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas; en Atzcala; en la Barranca de Tonalapa; en Brecha de Lobos; en el Paraje Suriana y en las inmediaciones de Tepeguaje.
Esta nueva ruta de búsqueda que arrastra ocho dolorosos años, está ahora en manos de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la FGR.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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