El Presidente mexicano lamentó sus propuestas de ministros debido a que “cambiaron de parecer” luego de tomar el cargo, señaló esta mañana en conferencia de prensa.
“Dije: ‘voy a tener oportunidad de proponer a ministros’. Hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes. ‘Pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México’. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que [los] propuse por el cargo, o porque cambiaron de parecer: ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo el Presidente.
Los cuatro ministros que han llegado a la Suprema Corte, son: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
“Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero no quiero tener incondicionales. Yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con cuatro de los 11″, abundó.
“Por ejemplo, en el tema de la Ley Eléctrica”, abundó. “Los conservadores del PRI y el PAN, en contra; un acto sin duda de traición a la Patria. Y luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la Ley Eléctrica, y ahora esto, que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”, se quejó el Presidente.
EXHIBE AL PODER JUDICIAL
El Gobierno de México presentó hoy en Palacio Nacional un informe detallado de casos sospechosos en donde juzgadores en todo el país liberaron a presuntos criminales, muchos de ellos buscados tanto en México como en el extranjero (como Rafael Caro quintero), como parte del debate sobre la prisión preventiva oficiosa que, este 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver.
La Corte discute la constitucionalidad de esta medida, que el Congreso de la Unión estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso pero también por el resto de los grupos parlamentarios, incluido PRI y PAN: se trató de una reforma constitucional. Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. Pero el Gobierno de México afirma que permite retener a presuntos criminales que, en los juzgados, ya de por sí, sospechosamente la tienen ganada.
El proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”. El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de agosto y citó el caso de José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México. Luego prometió un informe que hoy fue presentado Ricardo Mejia Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación de Presidencia de la República, además exhibió cómo PRI, PAN, especialistas, columnistas, periodistas y medios defendieron la Reforma del Artículo 19 constitucional en 2008, cuando se establece la prisión preventiva oficiosa, pero ahora están de de acuerdo con ella. Dijo que el debate está politizado y no tiene una lógica a favor de las víctimas, siquiera: en 2018 se apoyaba la prisión preventiva oficiosa, ahora abrumadoramente se le rechaza.
AUTOR: REDACCIÓN.
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