El país sigue sumido en una descomposición, hasta ahora irreversible, por la multiplicada presencia de grupos criminales que tanto de día como de noche asesinan, desaparecen y cobran el llamado derecho de piso en todo el territorio nacional. Esto ha provocado que centenas de comerciantes decidieran mejor cerrar sus negocios, pues aducen que “no vamos a trabajar para el crimen”.
Otros, en cambio, continúan funcionando pero con el respectivo cobro que imponen los criminales ante los ojos de autoridades, fiscales y hasta de la propia Guardia Nacional.
Si bien el gobierno federal echó mano de las Fuerzas Armadas para apagar el fuego de la violencia en Zacatecas –uno de los estados disputados por los cárteles de Sinaloa, Cártel de Jalisco, Golfo y Noreste –y otras entidades en crisis, como Michoacán y Guerrero, lo cierto es que los militares tienen prohibido ejercer la fuerza y disparar a los narcotraficantes que tienen tomadas las entidades y municipios.
Así, sin estrategia, la tranquilidad parece pasajera, pues en el momento en que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional se retiren la violencia volverá a azotar esos territorios y los criminales volverán a sembrar terror entre la población que se han desplazado de sus lugares de origen debido al miedo de ser asesinados.
La guerra en Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero y Michoacán se centra en los cárteles de Sinaloa y Jalisco; ambos grupos se enfrentan por el control territorial y por la explotación de la minería, el negocio del aguacate –el oro verde, como la llaman –y mantienen a raya a los agricultores, pues los obligan a pagar derecho de piso igual que a los productores de nuez, otro de los productos más caros que se exporta a Europa y Asia.
Actualmente, la guerra no sólo ocurre por el control territorial y el mercado de las drogas: ahora es por el control de grandes extensiones de tierras, la ganadería, la agricultura, la producción de leche a gran escala y la pesca, pues hasta en el mar operan los cárteles al explotar una especia conocida como Totoaba, la cual se comercializa en el mercado asiático y es más cara que la cocaína y la heroína, pues se utiliza como afrodisiaco.
La disputa territorial
Diseminados por todas partes, impunes y con amplios dominios territoriales, las organizaciones criminales de México extienden su poder a lo largo y ancho del territorio sembrando violencia e ingobernabilidad, problemas que ya causaron preocupación y encendieron las alertas en el gobierno de Estados Unidos.
Después de varios años de fallidos proyectos para enfrentar la inseguridad, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación optó por no enfrentar a los cárteles de la droga porque, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, “la violencia genera más violencia”.
Sin embargo, cuando el actual gobierno cumple cuatro años y se adentra hacia el lustro la inseguridad causada por el crimen organizado continúa, pues siguen sin verse los resultados; por ello, los cárteles de la droga mantienen sus férreos dominios en todo el territorio y, sin que ninguna autoridad lo impida, asesinan, secuestran, desaparecen, cobran piso y hasta se apropian de grandes extensiones territoriales ricos en recursos naturales, lo que puso en evidencia que las batallas entre los cárteles en buena medida también tienen que ver con la explotación de la riqueza del país.
El diagnóstico en Estados Unidos sobre la criminalidad en México es preocupante. Sus órganos de inteligencia plantean que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Esto quiero decir que el gobierno de López Obrador no tiene el control total del territorio y que en buena parte del país el crimen cogobierna con la Cuarta Transformación. Pero otros reportes indican que el 70 por ciento del territorio está bajo el control criminal. Ese mismo porcentaje es indicativo de que la mayoría de los municipios están gobernados por autoridades que están directa o indirectamente ligadas a una actividad criminal.
Los análisis de la DEA y del Ejército estadunidense ahondan en mayores detalles. Una fuente de la DEA consultada al respecto expresó:
“Es un síntoma de un problema más amplio…No voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos una frontera segura y saber quiénes vienen”.
Desde la perspectiva marcial del general de la Fuerza Aérea, el peregrinaje de las personas hacia el norte que buscan llegar a Estados Unidos lo impulsan los desastres naturales, el covid-19 y inestabilidad, según los informes de inteligencia.
El crimen, imbatible
Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política criminal, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, como lo demuestran los hechos de violencia que registra Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato.
El gobierno de López Obrador niega que el crimen controle el 35 por ciento del territorio nacional, pero no aduce “otros datos” para explicar la narcoviolencia en lo que va de su gobierno, la cual ha dejado más de 200 mil muertos, de acuerdo con datos oficiales.
Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, actualmente los estados con mayor índice de violencia son Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Baja California y Zacatecas.
Las afirmaciones del jefe del Comando Norte del Pentágono, Glen VanHerk sobre el control territorial del crimen organizado no se refieren a un fenómeno nuevo. En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes –y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Desde el gobierno de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narcotráfico sin ningún resultado, el gobierno estadunidense alertó sobre el fenómeno de la penetración y control del crimen organizado en los municipios del país.
En aquel entonces –sexenio 2006-2012 –la preocupación se centraba en el hecho de que el narcotráfico, por citar sólo una modalidad del crimen organizado, estaba controlando municipios completos y este problema se percibía aún más complicado por el control político que los criminales ejercen, a grado tal, que imponen a sus aliados como candidatos a puestos de elección popular, ya como alcaldes, diputados o gobernadores.
En ese tiempo, la DEA dio cuenta de que el narcotráfico de México controlaba más de 60 por ciento del territorio. En 2010, el Senado de la República, al realizar un estudio en los municipios, expuso que más del 70 por ciento de las demarcaciones del país eran gobernadas por personajes ligados a alguna actividad delincuencial.
De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más corruptas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.
Los mismos reportes establecen que en Tamaulipas existen amplias redes criminales que trastocan la gobernabilidad.
En Tamaulipas llega a su fin el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca. Deja una entidad plagada de derramamiento de sangre, narcotráfico, cobro de piso e impunidad.
Aunque en México la FGR decidió no proceder penalmente contra él, en Estados Unidos sigue abierto el expediente que lo liga con actividades de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
En Tamaulipas operan varios cárteles, entre otros Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos — Los Zetas y al Cártel del Golfo –cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más conflictivos.
Este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno resultó un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito incrementaron, imparable la violencia.
Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra –la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.
Los informes oficiales señalan también a Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe de la DEA señala que en Guerrero operaban unas 250 organizaciones criminales y cuyos líderes son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
El informe señala que la crisis se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio plagado de violencia
El informe de la DEA señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo –quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
A pesar de que el presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales, y echó a andar a la Guardia Nacional, el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad en todo el territorio, por lo que la Cuarta Transformación no tiene el control territorial, tal cual lo afirma Glen VanHerk, titular del Comando Norte de Estados Unidos, ya que lo que prevalece en México es un verdadero cogobierno entre la Cuarta Transformación y el narcotráfico.
En el año 2018, tras asumir la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un escenario nacional plagado de criminalidad. Se trataba de la violencia desatada por unas quince organizaciones criminales, todas ellas con amplios ramajes en todo el país y en el continente Latinoamericano.
De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.
Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.
Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
Tras ser cuestionado sobre las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que las declaraciones de VanHerk carecen de veracidad, pero no aludió a su famosa frase “yo tengo otros datos”, pues ni siquiera se tomó el tiempo de explicar cuál es la información sobre la expansión del crimen organizado que él dispone.
La evasión del presidente fue más que obvia, y quedó claro que si se trata de narcopolítica y de cárteles empoderados en los municipios del país, el presidente simplemente niega los hechos pero no aporta argumentos.
Pese a esa postura evasiva, la realidad es contundente: la violencia sigue porque el crimen organizado cogobierna con la Cuarta Transformación.
Así, al cumplirse su cuarto año de gobierno, el presidente López Obrador se adentra a su penúltimo año como presidente sin que hasta ahora se resuelva el flagelo de la violencia. Y de no resolverse el propio mandatario ha reconocido que su gobierno estaría marcado por un rotundo fracaso.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: RICARDO RAVELO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario