Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022. Por ello, el impartidor de justicia le había concedido la suspensión provisional y en ese entonces le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para que la suspensión se mantuviera vigente.
No obstante, el impartidor de justicia le negó la medida cautelar pues argumentó que la autoridad que el quejoso señaló como responsable, en este caso al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Coahuila, con sede en Monclova, no existe, además de que no pagó dicha garantía, por lo que la suspensión provisional dejó de surtir efecto.
“Se tiene como formalmente inexistente a dicha autoridad, por lo que se ordena suspender toda clase de comunicación oficial con la misma y sus actos no serán motivo de estudio en el presente asunto. Visto el estado procesal que guarda el sumario, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, a fin de que exhibiera la cantidad de 500 mil pesos, para garantizar la suspensión provisional otorgada el ocho de septiembre del año en curso, el cual transcurrió del trece al veintidós del presente mes y año, toda vez que fue notificada el 9 de septiembre de esta anualidad”, señala el acuerdo que se publicó este lunes.
Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, estos dos últimos prófugos de la justicia, de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 asalariados.
Los tres están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los otros dos acusados.
Ayer la FGR informó que fue detenido Cristian Solís, presunto dueño de la mina el Pinabete, acusado de violaciones a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) por explotar sin autorización dicho yacimiento de carbón. Por ello fue puesto a disposición del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, donde se llevó a cabo la audiencia inicial, sin embargo, sus abogados defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se determinará hasta el próximo 29 de septiembre.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
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