El actual Ejecutivo ha reconocido el fenómeno pero carece de cifras oficiales y una ley federal que fue aprobada en la Cámara de Diputados hace dos años está bloqueada en el Senado.
“Es una tendencia y abarca distintos tipos de proyectos” legales e ilegales, desde la tala a la minera, indicó Cecilia Jimenez-Damary, relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado en entrevista con The Associated Press, al culminar una visita de dos semanas a México.
Jimenez-Damary no ofreció muchos detalles de las zonas afectadas por esta causa de desplazamiento que, en ocasiones, se entrecruza con el crimen organizado pero alertó que, pese a la falta de datos oficiales, la estimación actual es que los mayores afectados son los pueblos indígenas.
La funcionaria, que visitó Chiapas, Chihuahua, Guerrero y la capital del país y se reunió con autoridades federales y estatales y con miembros de la sociedad civil, presentará su informe con recomendaciones en junio.
Datos recopilados por ONG estiman que hay hasta 400 mil mexicanos desplazados, aunque según Jimenez-Damary ahí no se incluirían los que huyeron por proyectos de desarrollo, conflictos comunales o intolerancia religiosa. El 40 por ciento de ellos serían de pueblos originarios, añadió.
El actual Ejecutivo ha reconocido el fenómeno pero carece de cifras oficiales y una ley federal que fue aprobada en la Cámara de Diputados hace dos años está bloqueada en el Senado.
La relatora confió en que la normativa salga adelante pero enfatizó la urgencia de tener un registro de desplazados sin implicaciones jurídicas —ya que muchos tienen miedo de denunciar o registrarse como víctima— para poder ofrecer ayuda y servicios básicos como la salud o la educación a los menores.
Además, subrayó que “es importante que el Gobierno asuma su responsabilidad prioritaria hacia los desplazados y el primer paso es estar presente donde la gente está”.
Habitantes de comunidades alejadas en medio de montañas o sierras inhóspitas controladas por los cárteles se quejan de que las autoridades apenas llegan hasta sus pueblos.
La funcionaria de Naciones Unidas recordó también que la lucha contra la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, son vitales para atajar las causas de los desplazamientos.
Según las estimaciones de Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, que pertenece al Consejo Noruego para los Refugiados, en 2021 había más de 59 millones de personas desplazadas dentro de sus propios países en todo el mundo.
En México se sitúan en estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde la presencia de grupos armados se une con problemas comunitarios de décadas.
Mujeres que huyen por la violencia de género, los menores, y más recientemente los que dejan sus hogares por sequías o inundaciones fruto del cambio climático o desastres naturales deben, según la ONU, tener también un tratamiento específico.
AUTOR: /MARÍA VERZA.
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