La ONU-DH asguró que el asesinato de Rosario es una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, quienes no sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que adicionalmente investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando graves riesgos.
Rodríguez Barraza fue privada de su libertad el pasado 30 de agosto cerca de su casa y asesinada en el municipio de Elota el martes, el Día Internacional de los Desaparecidos, que en México fue conmemorado con marchas y protestas.
A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza “es una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, quienes no sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que adicionalmente investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando graves riesgos que en ocasiones terminan en acciones violentas irreparables”.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades correspondientes “a investigar con prontitud y diligencia el asesinato de Rosario, así como a impulsar una investigación exhaustiva que agote todas las líneas de investigación relevantes, incluida la relación del asesinato con la desaparición de su hijo y su labor de búsqueda”.
📰📢 #COMUNICADO ONU-DH condena el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez, madre buscadora de Sinaloa ➡️ https://t.co/XteJbRYOR6
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) September 1, 2022
El asesinato de la señora Rosario Lilián es una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. pic.twitter.com/vJolWHotrx
Mencionó que “en el curso de la indagatoria se debe garantizar una perspectiva de género y tomar en consideración su condición de defensora de los derechos humanos”. Asimismo, dijo que “las autoridades deben también brindar una atención integral a su familia conforme los estándares internacionales”.
“La ONU-DH considera oportuno recordar a las autoridades la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda de acuerdo con lo establecido en el Principio 14 de los Principios Rectores de Búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, mismo que indica que ‘la búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras'”, añadió.
La ONU-DH recordó que en el mismo día del asesinato Rosario Lilián, Michelle Bachelet dirigió un último mensaje a México en su carácter de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde expresó que, desde el inicio de su gestión, se sintió inspirada por el liderazgo de las mujeres buscadoras en el país.
Además, la ONU-DH reiteró su “admiración y reconocimiento a aquellas personas que, movidas por el amor hacia sus seres queridos, han demostrado una tenacidad y resistencia enormes y han construido senderos de esperanza en pro de la justicia, la búsqueda efectiva, la verdad, la memoria, la reparación integral y las garantías de no repetición”.
Y ofreció sus condolencias a la familia y personas allegadas de la señora Rosario Lilián Rodríguez Barraza, a su colectivo, así como a las miles de personas que infatigablemente buscan a sus seres queridos, quienes de manera injusta se ven forzadas a asumir las tareas y responsabilidades generalmente incumplidas por parte de funcionarios del Estado.
El motivo de los asesinatos sigue sin estar claro, ya que la mayoría de los voluntarios que buscan restos humanos aseguran públicamente que no pretenden hallar evidencia para condenar a los responsables.
Los equipos voluntarios de búsqueda, usualmente conformados por las madres de los más de 100 mil desaparecidos en el país, dicen que sólo quieren encontrar los restos de sus seres queridos para darles un entierro adecuado.
En un video publicado por “Hasta Encontrarles”, otro grupo de búsqueda, se escucha a Rodríguez Barraza diciendo: “Yo busco a mi hijo, no busco a culpables”.
Su hijo, Fernando Ramírez Rodríguez, no ha sido visto desde que fue secuestrado en la localidad de La Cruz, Sinaloa, en octubre de 2019. La Cruz se ubica sobre la costa del Pacífico, entre el puerto de Mazatlán y la ciudad de Culiacán, capital del estado.
Sinaloa es la base de operaciones del Cártel del narcotráfico del mismo nombre.
Rodríguez Barraza dijo que hombres armados a bordo de un vehículo blanco secuestraron a su hijo, que entonces tenía 20 años. Desde entonces, a pesar de llevar a cabo su propia investigación y de presentar evidencia a la Fiscalía, no había recibido ninguna noticia sobre él.
“Traje videos, traje testigos y, hasta la fecha, pues no me han resuelto nada”, dijo al referirse a la Fiscalía.
Eso es algo común en México. Ante la falta de acción o incompetencia de las autoridades, muchas madres se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones o unirse a grupos de búsqueda, los cuales, a menudo después de recibir información anónima, cruzan barrancos y campos, clavando varillas de acero en el suelo para detectar el inconfundible hedor de los cuerpos en descomposición.
Se cree que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por cárteles del narcotráfico, quienes se deshacen de los cuerpos en fosas poco profundas, los disuelven en ácido o los queman. Los grupos dedicados al tráfico de drogas o al secuestro suelen usar los mismos sitios una y otra vez, creando fosas comunes.
Los buscadores, y los policías que en ocasiones los acompañan, se concentran en encontrar las fosas e identificar los restos, y no en recabar evidencia sobre cómo murieron o quién los mató. En ocasiones, los grupos de búsqueda reciben información anónima sobre el lugar en el que hay cuerpos enterrados, información que probablemente sólo sabrían los asesinos o sus cómplices.
Pero los voluntarios, en su mayoría mujeres, a menudo relatan que reciben amenazas o son vigiladas, presumiblemente por las mismas personas que asesinaron a sus hijos, hermanos y esposos.
En 2021, en el vecino estado de Sonora, la buscadora Aranza Ramos fue encontrada sin vida un día después de que su grupo de búsqueda localizó una fosa que aún humeaba. Semanas antes, el activista Javier Barajas Piña fue asesinado a disparos en el estado de Guanajuato, el más violento de México.
Los cárteles podrían enojarse simplemente por el inconveniente: después de que los buscadores hallan cuerpos, los narcos se ven obligados a encontrar un nuevo lugar para deshacerse de sus víctimas.
Los grupos de búsqueda, conocidos localmente como colectivos, no se refieren a los restos humanos como cadáveres o cuerpos, sino que los llaman “tesoros” por lo valiosos que son para sus familiares.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades se rehúsan a realizar el lento, pero crucial proceso de análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
Un grupo de colectivos de búsqueda emitió un comunicado el miércoles en el que exige protección para las madres que integran estos grupos.
“Ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijos e hijas”, escribió la coalición. “Al contrario, el estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas. En tanto, miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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