“La Oficina de Derechos Humanos llama nuevamente a México a revocar medidas contrarias a los estándares de derechos humanos”, dijo a Proceso, Marta Hurtado portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos al referirse a la prisión preventiva oficiosa.
“La prisión preventiva obligatoria, también llamada oficiosa, socava la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial, al tiempo que afecta desproporcionadamente a las personas en situación de vulnerabilidad y aumenta el hacinamiento en las cárceles’’, valoró Hurtado.
Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El Alto Comisionado “reconoce el proceso deliberativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la mayoría de los magistrados señalaron que la prisión preventiva obligatoria (oficiosa) es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos’’, remarcó Hurtado.
Asimismo, “reconoce la voluntad de buscar nuevas soluciones compatibles con los derechos humanos’’.
La portavoz del ACNUDH reiteró que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de los derechos humanos. Así lo ha reconocido la Alta Comisionada saliente Michelle Bachelet’’.
“De igual forma, agregó Hurtado, en varias ocasiones y de manera reiterada muchos mecanismos de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, así como la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos Humanos”.
Al igual que la Oficina del nuevo Alto Comisionado Volker Turk que tomará posesión de su cargo el 17 de octubre, el grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias se manifestó en contra de esta figura y llamó a la Suprema Corte a eliminarla.
“La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones” indicó Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo.
La prisión preventiva oficiosa “es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención’’, dijo la experta Estrada-Castillo. Además, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
"A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria’’, remarcó.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal” , consideró Estrada-Castillo.
Consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de seguridad pública, el Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa “pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’’.
“Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario’’, valoró.
El Grupo de Trabajo, desde el 2018, a través de sus opiniones y comunicaciones, ha insistido a México sobre la necesidad urgente de solucionar este problema estructural; ofreciéndole la asistencia técnica necesaria al gobierno en repetidas ocasiones.
Actualmente, “México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años’’, instó la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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