A través de un comunicado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social lamentó la liberación ordenada el pasado 7 de septiembre y denunció que se trata de una prueba más de la complicidad entre el gobierno de Oaxaca y el grupo paramilitar.
Los cuatro paramilitares liberados habían sido acusados y encarcelados por el delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, al haber participado en la emboscada armada contra una misión civil de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, en la que se encontraban Cariño y Antero.
La liberación de los detenidos fue debido a que en el juicio que se siguió en su contra no pudieron presentarse los sobrevivientes de la emboscada ni las víctimas para señalarlos directamente, «pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años», explicó el Grupo de Acción.
«Ante la noticia de la liberación de los últimos presuntos responsables del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y la inviabilidad de encontrar justicia en el país, anunciamos que las familias de las víctimas y su representación jurídica han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la cual solicitarán se admita el caso Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero Jaakkola, Personas Testigos y Familiares«, informó.
De acuerdo con el Grupo de Acción, el grupo UBISORT continúa con el asedio a las comunidades triquis bajo la protección de las autoridades estatales, lo que «le ha permitido consolidar un gran poder político-territorial en la región».
Comunicado completo:
El día de ayer el Juez Integrante del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) encarcelados por su presunta participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa, respectivamente.
Los sujetos que desde ayer se encuentran en libertad, fueron acusados de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación; al haber participado en la emboscada armada en contra de una misión civil de paz en las inmediaciones del Municipio de San Juan Copala el 27 de abril de 2010.
En ese ataque fueron asesinados los dos activistas, por impactos de bala de alto calibre, resultando heridas varias personas más del grupo de veinte que integraban la caravana de misión humanitaria entre los que se encontraban otros activistas y defensores de derechos humanos y algunos periodistas.
Tras la emboscada las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por miembros de la UBISORT en caso de que se atrevieran a denunciar los hechos. Esto ocurrió durante las horas en que también los mantuvieron en cautiverio. Desde entonces, tanto los representantes jurídicos de las víctimas (GADH), como los testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia Esparza- Cariño.
Sin embargo, todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”, pese a que, tanto a nivel federal como estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.
La solicitud de protección para las víctimas y los testigos, tenía como finalidad el que ellas y ellos pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo condiciones mínimas de seguridad, dado que el grupo paramilitar UBISORT sigue operando con total impunidad en Oaxaca manteniendo su poderío económico y armado prácticamente intocado.
La complicidad entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el grupo paramilitar ha sido evidente a lo largo de estos 12 años pues la investigación judicial tardó cuatro años en iniciarse, de las 14 órdenes de aprehensión libradas solo se cumplimentaron siete de ellas, destacando que previamente tanto el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su libertad por estos mismos hechos.
El día de ayer fueron puestos en libertad Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez Y Elías Cruz Merino debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.
Es importante resaltar que el grupo UBISORT sigue asediando a las comunidades triquis bajo la protección de las autoridades estatales que le ha permitido consolidar un gran poder político-territorial en la región.
Ante la noticia de la liberación de los últimos presuntos responsables del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y la inviabilidad de encontrar justicia en el país, anunciamos que las familias de las víctimas y su representación jurídica han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la cual solicitarán se admita el caso Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero Jaakkola, Personas Testigos y Familiares.
Llama la atención que a 30 días de la visita de Europarlamentarias a nuestro país para dar seguimiento al caso se presente esta liberación. Ante este acto culminante de 12 años impunidad, el GADH presenta la campaña mediática ¿A quién protege el gobierno? que buscará sumar pronunciamientos de solidaridad a nivel nacional e internacional, para exigir #QueSeRompaElSilencio y se castigue a los responsables de este crimen.
AUTOR: REDACCIÓN.
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