La transición energética es una de las grandes prioridades para adaptarse y mitigar la crisis climática. Como otros países, México apuesta por parques eólicos a gran escala como una solución. Sin embargo, varios municipios del estado de Puebla, donde habitan campesinos, enfrentan las consecuencias ambientales y socioculturales que dejan estos megaproyectos.
Las energías renovables son una vía para poder cumplir uno de los compromisos que ha hecho el Estado mexicano para lograr el objetivo del Acuerdo de París: reducir las emisiones del sector industrial, generar 35% de energía limpia en 2024 y 43% en 2030, y mantener el incremento de la temperatura global para debajo de los 2 °C, haciendo el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C.
En consecuencia, México ha estado fomentando la energía eólica, la cual se genera por la fuerza del viento. Los aerogeneradores, que pueden medir entre 25 y 100 metros, tienen palas o aspas de molino que se mueven, provocando que el impulso del viento se transforme en potencia mecánica. Luego, el generador que tiene anclado en las aspas crea la electricidad, la cual se traslada a la red eléctrica nacional.
Con esta y otras acciones, se busca impulsar la transición energética que permitirá cambiar el modelo actual, basado en fuentes fósiles como el petróleo y carbón. Sin embargo, este proceso está muy lejos de lo que esperaban los y las defensoras del territorio de México, sobre todo por los proyectos de energías renovables – impulsados por empresas privadas – que no respetan aspectos socioambientales ni socioculturales de las zonas rurales.
Así lo plantea Alejandra Jiménez, activista defensora de la tierra, del territorio y de los derechos humanos: “Tenemos que hacer una transformación en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, con la energía y que va más allá de esta transición energética”. Para ella, apostar “por los parques eólicos en México que van a ser para el servicio de las grandes industrias no es ninguna transición. Está lejos de lo que esperamos que sea la transición energética”.
Parques eólicos en México: ¿cada vez más verde?
Los desafíos que enfrenta México son evidentes. De partida, su matriz energética se compone de un 88,75% de hidrocarburos, siendo la mayor fuente el petróleo crudo con un 56,32%, seguido por el gas natural fósil con un 27,75%, en contraste con el 11,25% de renovables, de acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2020.
En comparación del anterior informe de 2019, podemos ver una disminución en la producción de petróleo crudo (59,83%), pero un aumento en el gas natural fósil (23,15%). También destaca un aumento general de los hidrocarburos en la matriz del 2019 (83,93%).
Esto se debe a que en este sexenio (2018- 2024), encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha apostado por la extracción y exploración de hidrocarburos, como lo reportó la Unidad de Hidrocarburos (UH) en su cierre del 2021.
En total, hay 22.624 permisos vigentes en materia de hidrocarburos, 212 de ellos se otorgaron el año pasado: 40 de gas natural fósil y petróleo, 44 de gas licuado y 128 de petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos, de acuerdo con la gaceta del primer trimestre de 2020 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Esto indica que, aunque se estén impulsando fuentes renovables, la energía que se consume en el país se sigue basando en los combustibles fósiles, a pesar de que México se encuentra entre los diez países con mayor atractivo para las inversiones en energías renovables. De hecho, tan solo en 2017 el país representó el 36% de las inversiones en América Latina, según la Secretaría de Energía.
Actualmente, hay 70 parques eólicos en México 15 estados que generan alrededor de 7.312 megavatios (MW). Es en este contexto donde se destacan las zonas de Oaxaca (2.758 MW), Tamaulipas (1.715 MW) y Nuevo León (793 MW), al concentrar la mayor producción, con una inversión de 13 millones de dólares.
En 2018, México ya contaba con un panorama alentador respecto a la generación de electricidad con energías renovables. Según la Secretaría de Energía Federal (Sener), la generación de electricidad con fuentes renovables alcanzó 24,12%. Además, se resaltó que la industria eólica tuvo un crecimiento de 154% en un periodo de cuatro años.
Ejidatarios e indígenas en encrucijada
Si bien en Oaxaca se centra el mayor número de parques eólicos en México, actualmente en el estado de Puebla también existen proyectos, como uno instalado en el municipio de Esperanza (Parque Industrial de Energía Renovable, PIER II) y otro entre Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Chapulco (PIER IV), según la cuenta oficial de la empresa Iberdrola. Sin embargo, el abogado litigante Gustavo Rosas comenta que son cuatro eólicos en operación. El primero fue construido en junio de 2015 en el municipio de Esperanza, el cual produce 66 MW y cuenta con 33 aerogeneradores.
Esperanza colinda con el municipio de Cañada Morelos, con Palmar de Bravo y con el estado de Veracruz, por lo que desde esta zona se puede contemplar el Pico de Orizaba, el volcán más alto del país. De acuerdo con Cristóbal, un joven habitante del municipio, la población se dedica principalmente al comercio y a la agricultura, produciendo maíz, habas, frijoles y manzanas de alta calidad en un entorno marcado por el viento fuerte y frío.
De hecho, basta con visitar la comunidad para contemplar que la fuerza del viento tronchó diversos árboles que se encontraban alrededor de los aerogeneradores. Además, se pueden observar los daños causados por los ductos (actualmente cerrados) de Petróleos Mexicanos, que pasan justo por los predios donde está ahora el parque eólico, así como las zonas grises y cafés que – semanas antes – eran verdes. Igualmente, Cristóbal señala que los habitantes de la comunidad no tienen información del proyecto y desconocen cómo funciona, pues piensan que los molinos ahuyentan las nubes y, por lo tanto, alejan la lluvia.
Cristóbal recapitula que en su comunidad hubo una protesta porque la empresa le prometió a los campesinos comprar sus predios en 80 pesos mexicanos y terminó pagándoles 50 pesos por metro cuadrado, equivalente a dos dólares y medio. Una situación similar sucedió con el segundo parque eólico instalado. Los pobladores del Valle de Tehuacán y Sierra Negra, quienes se posicionaron en 2019 en contra de los “proyectos de muerte”, denunciaron el incumplimiento de la empresa e irregularidades del megaproyecto durante el foro “Defensa del Agua, la Tierra, el Aire y la Vida”.
Comunidades rurales y pueblos originarios son los principales afectados porque “en sus territorios es donde se ha conservado una parte importante de los recursos que hoy están siendo requeridos por esta modernidad, el agua y los suelos”.
Entre los incumplimientos e irregularidades denunciados se encuentra que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), hallada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tenía imprecisiones respecto a la información porque señalaba la “ausencia de cuerpos de agua” y “que no se encontró evidencia de ubicarse en el espacio aéreo de rutas migratorias de aves y/o murciélagos”, y omitió la presencia de especies amenazadas y en peligro de extinción incluidas en la NOM059–SEMAR-NAT-2010.
Inclusive hubo incumplimientos del pago anual al Ejido de San Pedro Chapulco, predio donde está instalado el parque eólico. Además, acusan de no haber retomado las recomendaciones como la implementación de un Programa de Monitoreo de Fauna Voladora (PMFV) – diurno y nocturno – el cual se debió realizar y presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Se contactó a la firma para conocer más sobre la situación actual del proyecto; sin embargo, respondieron que “por el momento la empresa no está emitiendo comentarios”.
La instalación del proyecto también revivió una disputa territorial interna entre las comunidades de Azumbilla, Puente Colorado y Chapulco, que nace desde la fundación del núcleo ejidal de San Pedro Chapulco, según el abogado Gustavo Rosas, quien señala que la resolución presidencial dio pie a que no se determinara si eran ejidos o bienes comunales.
Por lo tanto, actualmente el conflicto sigue y la empresa ha optado por pagarle a las tres poblaciones los predios. Cabe destacar que la retribución fue de 3 pesos mexicanos anuales por uso de metro cuadrado, 4 pesos anuales por la ocupación de caminos y 2 pesos de la superficie por cada metro cuadrado. En consecuencia, los ejidatarios no podrán sembrar ni construir en sus predios durante los 30 años que dura el contrato.
La tierra ejidal es de uso común, la cual se va pasando de familia en familia y se le asigna parcelas a cada individuo, mientras que las tierras comunales no se encuentran parceladas, es decir, las personas no tienen un título de manera particular. Algunos habitantes de las regiones afectadas acusan que la empresa aprovechó ese conflicto interno para firmar los contratos.
Además, los pobladores denunciaron, por una parte, que el parque limita con la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, la cual abarca 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca. Por otro lado, el abogado comenta que Chapulco forma parte de uno de los ocho señoríos popoloca. Los Popoloca fueron uno de los grupos étnicos más importantes de México, que se asientan principalmente en el sureste de Puebla. Los habitantes añadieron que, al ser una comunidad originaria, se les debió haber consultado antes de iniciar los trabajos de deforestación.
Sin embargo, por la resolución presidencial no pudieron justificar “la territorialidad del pueblo indígena” ante el juicio que emprendieron en el juzgado de distrito, por lo tanto no pudieron acceder a una consulta previa, libre e informada.
Ahora bien, el tema que más preocupó a la población – añade el abogado – era “que en el contrato se especificaba que el proyecto abarcaría las once mil hectáreas que componen el núcleo”, el cual se podría volver a financiar cubriendo más territorio. El actual comisariado ha gestionado el arrendamiento exclusivamente de las hectáreas ya establecidas “ni un centímetro más”, detalla Gustavo.
Pese a las negativas de los pobladores del valle de Tehuacán, en Puebla, la instalación construida por la empresa Parque Industrial de Energía Renovable (ILER), perteneciente al Grupo P.I. Mabe y la firma española Iberdrola, empezó a operar en el 2020. Esta obra es tres veces más grande que el parque eólico del municipio de Esperanza, ya que instalaron 84 aerogeneradores. Además, en mayo de 2022 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) había multado a Iberdrola por vender energía a sus socios, presuntamente bajo una figura fuera de la Ley, aunque dicha sanción se encuentra suspendida por un juez.
Los impactos en las comunidades
Los parques eólicos en México de entrada tienen muchos beneficios. Por ejemplo, se han considerado como una de las fuentes de energía más baratas, además de ser inagotables y haber evitado cerca de 12,2 millones de toneladas de CO₂ en México por año, un equivalente a sacar 3 millones de autos de circulación, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Sin embargo, como cualquier otro megaproyecto, tiene impactos negativos que atraviesan los estilos de vida de las comunidades indígenas y rurales.
Alejandra, quien también es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, menciona que las comunidades rurales y los pueblos originarios son los principales afectados por los megaproyectos, “porque justo en sus territorios es donde se ha conservado una parte importante de los recursos que hoy están siendo requeridos por esta modernidad, el agua y los suelos”.
El estudio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) indica que entre los principales impactos ambientales de los parques eólicos en México se encuentran las afectaciones sobre la flora y la fauna, la emisión de ruidos y el efecto sobre el paisaje. Respecto a los efectos en la naturaleza, se dan principalmente en la fase de construcción y operación que provoca la pérdida, fragmentación o alteración de los hábitats de las especies locales. Como relata Cristóbal, anteriormente había armadillos, conejos de monte y coyotes en el área. Además, ha notado una disminución visible de aves, aunque indica que también se debe a otros factores como la caza.
También determina que, antes de la instalación, se debe estudiar el paso de “las aves tanto migratorias como residentes”, porque son propensas a chocar contra los aerogeneradores y las líneas eléctricas. Igualmente, la contaminación acústica causada por el ruido de las máquinas en el proceso de construcción e instalación y por el movimiento de las aspas no solo afecta a las personas, sino a los animales que pueden verse obligados a migrar.
Entre otros impactos que se deben tomar en cuenta son las construcciones que van de la mano con los aerogeneradores, como las vías de acceso, almacenes para guardar el equipo, salas de control, las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas.
El abogado relata que, cuando comenzaron con la construcción, la devastación ambiental fue imaginable porque se “abrieron caminos con máquinas enormes y nunca hicieron el trabajo correspondiente para salvaguardar la vegetación”. Adiciona que el contrato fue en 2012, por lo tanto, “llevamos 10 años” con el problema.
Otro estudio señala que las aspas pueden llegar a tener formaciones de hielo y pueden provocar la pérdida del 50% de la producción anual de energía, además podría generar fallos mecánicos, provocando desequilibrios, sobrecalentamientos y riegos para las personas que transiten en la zona.
Los impactos ambientales no son las únicas afectaciones. Tal como lo menciona Alejandra, se incrementan “situaciones de violencia” en estas comunidades y pone de ejemplo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca (sur de México), comunidad que se vio afectada en distintos ámbitos, principalmente en el medio ambiente por el aumento de aves muertas en la zona, por derrames frecuentes de aceite sintético y pinturas relacionados con el mantenimiento, además de un choque social que ha dejado factura, pues hubo una división de los ejidos e incrementó la corrupción de los dirigentes sociales, provocando una ruptura del tejido social.
Al tener riñas por las propiedades, las familias indígenas zapotecas de Unión Hidalgo del Istmo de Tehuantepec comenzaron a luchar y resistir en 2017 para cancelar el proyecto del parque eólico “Gunna Sicarú”, el cual pretendía ocupar 4 mil 700 hectáreas, 115 aerogeneradores de 2. 625 MW cada uno. Tras cinco años de conflicto, el pasado 1 de junio de 2022, la Sener informó la cancelación del contrato de suministro de Energía Eléctrica con la multinacional Electricité de France (EDF).
Menos megaproyectos, más justicia ambiental
Ana Sofía Tamborrel, responsable del desarrollo de alianzas estratégicas con actores públicos, privados y comunitarios de Iniciativa Climática de México (ICM), menciona que la justicia climática radica en “pasar de ver el cambio climático como un tema abstracto de emisiones a entender el cambio climático como un movimiento de derechos civiles y sociales y derechos humanos”.
En este sentido, la activista Alejandra recalca que no solo se debe hacer una transición energética, sino que se deben transformar los hábitos de consumo “y la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza”.
Ana Sofía añade que los megaproyectos como los eólicos son buenos para reducir los efectos de la crisis climática, pero para lograr que sean un beneficio, primero se debe ver cada caso en específico, es decir, evaluar las características del territorio y de la población. Añade que “debemos fijarnos en ¿qué queremos desarrollar?, ¿para qué?, ¿para quién?, ¿quién va a consumir la energía?, ¿quién va a pagar los costos de esa energía?, y lo más importante, si la población que utiliza el territorio en el que se pretende desarrollar un proyecto”.
Sin embargo, el panorama para los municipios de Puebla, afectados por los eólicos, es complejo. “El problema es de división política, porque hasta eso la empresa ha jugado en esa parte; pagan a determinadas poblaciones para que igual generen caos”, lamenta el abogado.
La justicia climática radica en “pasar de ver el cambio climático como un tema abstracto de emisiones a entender el cambio climático como un movimiento de derechos civiles y sociales y derechos humanos”.
El triunfo histórico de Unión Hidalgo (Oaxaca) es un parteaguas para impedir la entrada de estos proyectos, pero una vez instalados, Gustavo ve “insolucionable” los impactos ya generados y detalla que “es tanta la desinformación y la fragmentación del pueblo y el abandono del campo que a la gente le es más factible decir: son cerros ¿para qué lo necesitamos? Si alguien te va a regalar un peso por algo que no ocupas empieza a perder el valor y, al perder el valor, pues lógicamente se vuelve tierra de conquista, como dijo el presidente de la República”.
Ante la instalación de estos megaproyectos “verdes”, Alejandra reflexiona sobre las contradicciones del modelo energético renovable que continúa bajo la misma dinámica de deposición, desigualdad social y arbitrariedades. “Es lo que sucede con este parque eólico, un montón de corrupción de por medio, y la energía solo va a servir a los intereses de las grandes empresas. Me parece que no nos es útil absolutamente para nada y, por el contrario, nos mantiene en el viejo modelo de abusos”.
AUTOR: ALMA ZAMORA.
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