A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, el organismo regional urgió al Estado mexicano “a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación”.
La CIDH indicó que ha recibido “información preocupante, indicando que la UEILCA estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales”, toda vez que carpetas de investigación del caso están siendo judicializadas por “otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios, incluso siendo la UEILCA el órgano competente para ello”.
En su pronunciamiento la CIDH se refirió a “algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA”.
A ello se suma, que “desde agosto de 2022, la UEILCA no cuenta con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite”.
La CIDH hizo un recuento de su intervención en el caso, desde que en noviembre de 2014 emitió medidas cautelares a favor de los 43 normalistas desaparecidos y para su seguimiento creó en 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que aún está en operación, por lo que reiteró su apoyo y reconocimiento a los familiares de las víctimas en su exigencia de verdad y justicia.
Tras aplaudir avances como la creación de la Comisión Presidencial para el Acceso a Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), dentro de la Secretaría de Gobernación, y la misma UEILCA, encabezada por Omar Gómez Trejo en la FGR, la CIDH puntualizó que “a ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su paradero sigue sin conocerse”.
El organismo insistió en llamar al Estado mexicano “a garantizar la independencia y operación de la UEILA sin interferencias, así como a evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación.”
El organismo narró que, de acuerdo con la información proporcionada por la representación de las víctimas, “la interlocución con el Estado ha sufrido variaciones y, en ocasiones, se ha visto interrumpida ante la intensificación de las demandas de las familias de esclarecer los hechos a la brevedad”.
Los representantes notificaron a la CIDH su inconformidad “con la divulgación de información y documentación que podría constituir evidencia relevante para la investigación, sin que antes hubiera tenido acceso el GIEI”, ante lo cual el Estado notificó que el 18 de agosto la presidencia de la Covaj dio a conocer su informe preliminar a los familiares de los estudiantes, sus representantes, no los del GIEI no de la UEILCA.
La CIDH consideró “que la institucionalidad creada para avanzar en el caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas que estén enfocadas hacia la centralidad de las víctimas”, y recomendó recuperar la periodicidad de las reuniones de la Covaj con las familias, así como “mejorar los canales de comunicación con UEILCA y el GIEI sobre toda información que pudiera constituir prueba en las investigaciones, antes de cualquier presentación o pronunciamiento públicos sobre el tema”.
El organismo sostuvo que seguirá acompañando a las víctimas y sus familiares del caso Ayotzinapa, y continuará “desplegando todos sus esfuerzos institucionales, en el marco de su mandato, para dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones y al cumplimiento de la medida cautelar 409/14, hasta que se determine el paradero de los 43 estudiantes y se conozca la verdad de los hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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