Vela fue ejecutado en 2011 en Veracruz junto a Agustina Solana, su esposa, y Misael, su hijo, por un comando armado que entró a casa. Era periodista, reportero y editor del periódico Notiver. Por lo general, cubría política, delincuencia y tráfico de drogas, y publicó un libro sobre el tráfico de drogas.
Según el Tribunal, Vela había sido amenazado previamente en repetidas ocasiones. El documento de la sentencia relata que cuatro años antes de perder la vida, una cabeza humana fue entregada en su lugar de trabajo con una nota que decía “Aquí te dejamos un regalo (…) Van a rodar cabezas”.
Durante la sentencia publica este lunes en La Haya, en Países Bajos, el panel de discusión de expertos concluyó que el Estado no protegió a Vela y a su familia. Asimismo, recalcó que el caso no ha sido investigado a fondo y no se ha procesado a los perpetradores, a más de 10 años de los hechos.
Durante la sentencia pública, la jueza Helen Jarvis declaró:
“Hemos sido testigos de más de una década de considerable atención internacional a los ataques a periodistas. Sin embargo, el problema persiste y parece estar empeorando”.
El Tribunal aseguró que no abordó estos patrones de violencia, ya que, en los meses posteriores al asesinato del periodista, dos de sus colegas, Yolanda Ordaz y Gabriel Huge, también fueron asesinados.
Por lo tanto, el panel de discusión de expertos determinó que el Estado mexicano violó el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la justicia efectiva. Asimismo, estableció 20 recomendaciones.
El Tribunal señaló que estos delitos formaron parte de ataques sistémicos contra periodistas en el país. De acuerdo con datos del organismo, del 2000 al 2020 entre 46 y 133 comunicadores fueron atacados mortalmente.
Ante esto, propuso facilitar visas a periodistas en riesgo, presionar a medios para responsabilizarse de sus trabajadores, continuar investigaciones de reporteros y sancionar económicamente a los países donde se ataque a la libertad de expresión.
El documento apuntó:
“Muchos otros periodistas se han enfrentado a otras formas de agresiones físicas y acoso, en algunos casos cometidos por funcionarios públicos”.
Por último, sostuvo que el gobierno omite sistemáticamente proteger al gremio de amenazas y ataques contra su vida. Asimismo, concluyó que las medidas implementadas para contrarrestar estos patrones de violencia están subfinanciadas, son ineficaces y, en algunos casos, están obstruidas por falta de voluntad política y corrupción.
Afirmó que, en algunos casos, los funcionarios públicos juegan un papel activo en la ordenación, o planificación de los ataques.
El Tribunal es organizado por las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), como parte de la iniciativa Un Mundo más Seguro para la Verdad. Las organizaciones denunciaron que más de mil 400 periodistas han sido asesinados desde 1992 en México, Sri Lanka y Siria.
“Los gobiernos de México, Sri Lanka y Siria son culpables de todas las violaciones de derechos humanos presentadas contra ellos en la acusación”, concluyó el Juez Eduardo Bertonial presentar las conclusiones del Tribunal.
En lo que va del año 15 periodistas han sido asesinados en México. El pasado 18 de agosto, la organización Artículo 19 señaló que en los primeros seis meses de 2022, se registraron 331 agresiones contra estos profesionistas y medios de comunicación.
Según la organización, durante el primer semestre de este año se cometió una agresión contra la prensa cada 14 horas. De acuerdo con su informe, las autoridades mexicanas son el principal agresor contra la prensa.
Por su parte, el Tribunal apuntó que Veracruz es una de las regiones más peligrosas para los comunicadores, ya que entre 2000 y 2016, el 20% de los asesinatos ocurrieron en dicho estado.
El pasado 13 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que hay una “escalada de violencia contra periodistas en México”, ya que es el país “más mortal para la prensa”.
Señaló que las acciones emprendidas por el Estado mexicano hasta la fecha “han resultado insuficientes e ineficaces para detener el incremento de asesinatos y ataques físicos contra trabajadores de prensa”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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