Guanajuato, estado que ha sido gobernado durante tres décadas por el PAN, es una de las seis entidades que concentran la mitad de todos los homicidios del país y la que más asesinatos ha tenido en 2021 y en lo que va de este 2022. Pese a ello, su Fiscal Carlos Zamarripa ha permanecido en el cargo desde 2009.
Por otro lado, los datos son muy contundentes. Lo que se vive en Guanajuato no es una situación que exista en el resto del país. La entidad gobernada desde hace 30 años por el panismo tiene una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, la quinta mayor en todo el país detrás de Zacatecas, Baja California, Colima y Chihuahua, de acuerdo con datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Incluso sus niveles de violencia son mayores a los de las ciudades más inseguras del continente como San Pedro Sula, en Honduras, que en 2021 registró 41.96 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPyJPAC), esto es, casi una tercera parte de los 100.92 homicidios por 100 mil habitantes reportados en el municipio guanajuatense de Celaya, según la misma organización.
Este miércoles, por ejemplo, sólo una nota compitió con la histórica discusión de la reforma de la Guardia Nacional en el Senado. La violencia en Guanajuato. Un grupo armado irrumpió en un bar-billar en Tarimoro y disparó contra todos quienes ahí se encontraban para ejecutar a 10 personas. No es algo raro, en realidad. Guanajuato es una de las seis entidades que concentran la mitad de todos los homicidios del país —las otras son Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Jalisco—, como informó el martes pasado la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. El día de ayer, por ejemplo, el Presidente indicó que fue uno de los días de más violencia, “pero, ¿saben dónde hubo más? En Guanajuato, para variar”, comentó al mencionar que se perpetraron 20 asesinatos.
Pese a estas cifras, desde hace 13 años el Fiscal es el mismo. Se trata de Carlos Zamarripa Aguirre, un personaje ligado ayer por el Presidente a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al PAN, y quien ha estado al frente de su cargo desde 2009. En todo este tiempo el número de homicidios dolosos ha crecido un 581.8 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2021 la cifra de este tipo de crímenes se situó en dos mil 823.
“Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad, protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”, expresó al respecto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace tiempo atrás el mandatario federal ha insistido en la necesidad de que Zamarripa sea removido de su cargo. Algo que no ha ocurrido. Ayer incluso dio a conocer que él personalmente se lo ha pedido al Gobernador panista Diego Sinhue. “No puede porque pertenece el Fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así, incluso hasta tengo buena opinión del Gobernador, pero lo tienen rodeado”, comentó López Obrador.
En agosto del año pasado, Zamarripa reconoció que había presiones para que dejara su cargo. En ese entonces dijo a la prensa: “Me parece que hay intereses perversos de otra naturaleza, incentivados en un ámbito diferente al técnico, al constitucional o al que verdaderamente se ciñe a nuestra responsabilidad y quizá lo logre, quizá logre que mañana o pasado acontezca algo con su servidor, no sé qué pueda pasar porque ha sido mucho la insistencia”, expresó. Y añadió: “Nadie tiene comprada la vida, menos el trabajo”. Pese a ello, sigue frente a la Fiscalía.
Carlos Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador de Justicia por el Gobernador Juan Manuel Oliva, en 2009, y continuó en ese cargo en todo el sexenio de Miguel Márquez hasta que, en 2019, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo lo promovió como Fiscal por nueve años más. Es decir, permanecerá en su cargo hasta 2028, el mismo tiempo que se buscaba aplazar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, una situación a la que se ha puesto el PAN al calificarla como “militarización”.
Aunque el Presidente ha pedido a los gobernadores de oposición, entre ellos Diego Sinhue, que se pronuncien sobre si están a favor de que en sus entidades estén las Fuerzas Armadas, el mandatario panista ha guardado silencio sobre la postura que ha adoptado su partido en el Congreso.
“A mí me extraña que algunos gobernadores como el de Guanajuato no hablen. Yo no digo que hablen a favor del PRI y de su iniciativa, tienen que hablar sobre el tema. Los gobernadores cuando no empiezan su sexenio atendiendo el tema de la paz ya después no lo hacen porque tiene un costo electoral”, comentó en ese sentido el Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas de SinEmbargo Al Aire.
Moreira explicó en la plática que “el Presidente de la República siempre va a estar lejos (de las labores de seguridad en los estados), no puede estar en todos los detalles, por lo tanto la parte fundamental es el Gobernador”. Por ello, precisó que “la tesis central es que la lucha contra el narcotráfico es multidimensional y que descansa mucho en los gobernadores, pero que tienes que echar mano incluso del Ejército”.
“El Ejército nos ha ayudado en los huracanes, en los temblores, en las inundaciones y nos ha ayudado en la lucha contra el narcotráfico desde hace muchos años, la lucha contra la amapola en la sierra de Guerrero, todo eso lo hacía el Ejército, los retenes que había en la carretera, siempre se ha hecho, sólo que ahora empieza esa discusión de quién tiene esa responsabilidad que yo creo es una discusión innecesaria porque al final del día los gobernadores no están enfrentado el crimen ni los alcaldes de las grandes ciudades”, cuestionó Moreira.
En contraparte, el Senador panista Damián Zepeda Vidales aseguró —también en entrevista con Los Periodistas— que la violencia es producto de las actividades del narcotráfico e indicó que los gobierno estatales no son responsables de combatir el crimen organizado, sino el Gobierno federal.
Zepeda negó que el PAN esté en contra de la Guardia Nacional e insistió que a lo cual se opone su partido es que no sea una corporación civil. “Nadie está diciendo que se vaya de los estados, que se queden, que le entren, que combatan al crimen organizado como no lo están haciendo”.
El Senador reiteró en ese sentido que las policías estatales tienen mejores resultados, pero sostuvo que “la ola de violencia, las matanzas, las gentes colgadas, son crimen organizado y el Gobierno federal no está combatiendo”.
No obstante, las cifras delictivas en Guanajuato muestran un incremento en algunos delitos del fuero común, y si bien también hay reducciones, en la mayoría de los casos son mínimas y se mantienen en un mismo nivel.
LAS CIFRAS DE SINHUE
-Homicidios dolosos
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asumió la gubernatura de Guanajuato el 26 de septiembre de 2018. Al cierre de ese mes, Guanajuato registró 263 homicidios dolosos, que en los meses siguientes se mantuvieron en ese nivel: 228 para octubre, 205 para noviembre y 242 para diciembre, para un total de dos mil 609 asesinatos al cierre de 2018.
Esta última cifra incrementó un 6.3 por ciento para 2019, el primer año de Sinhue, cuando se contabilizaron dos mil 775 asesinatos en total. Para 2020, el brinco en los homicidios dolosos, con respecto a los 12 meses anteriores, sería de 21.04 por ciento, cuando se cerró el año con tres mil 359 de estos crímenes.
En 2021, hubo una reducción de 15 por ciento, ya que los homicidios al final de ese año fueron dos mil 823. No obstante, eso no impidió que en esos 12 meses la entidad fuera la más violenta de todo el país. En lo que va de este 2022, se mantiene como la entidad con más homicidios dolosos con mil 694 casos.
-Feminicidios
En materia de feminicidios, este delito se mantuvo en 2018 (21 casos), 2019 (18 casos) y 2020 (19 casos) en un mismo nivel, para incrementar en 2021 un 57 por ciento, cuando se registraron 30 de estos crímenes. En 2022, hasta agosto, se tienen registrados 14 feminicidios.
-Lesiones dolosas
Con respecto a las lesiones dolosas, éstas se mantuvieron desde que Sinhue asumió el poder arriba de los mil 100 casos mensuales para cerrar ese 2018 en 13 mil 678 casos. Un año después, en 2019, la cifra incrementó seis por ciento para situarse en 14 mil 500 lesiones dolosas. En 2020, disminuyeron 23 por ciento, con 11 mil 127 casos ese año. Para 2021, el número de casos subió 12 por ciento, al registrarse 12 mil 460 lesiones dolosas en 12 meses. En lo que va de este 2022, se han reportado nueve mil 31 casos, un repunte de 10.66 por ciento con respecto al año pasado cuando de enero a agosto se contabilizaron ocho mil 161 lesiones dolosas.
-Violación
Uno de los delitos del fuero común que ha tenido incrementos importantes es el de violación. De septiembre a diciembre de 2018 se contabilizaron 216 casos, casi la mitad de los 570 casos reportados ese año. Para 2019, hubo un incremento anual del 14 por ciento al cerrar el año en 650 casos. En 2020, hubo una disminución de 18 por ciento cuando se reportaron 527 violaciones, pero para el año siguiente los casos incrementarían 55 por ciento al pasar a 818. En lo que va de este 2022, los casos de violaciones ascienden hasta agosto a 598, un 14 por ciento más que los reportados en el mismo periodo de 2021.
-Robo a casa habitación
En el primer año de Diego Sinhue, 2019, se registraron cuatro mil 858 robos a casa habitación, un aumento de 70 por ciento con respecto a los dos mil 847 casos de 2018. En 2020, hubo una disminución de 14 por ciento al situarse los robos en cuatro mil 192, cifra que incrementaría un cuatro por ciento en 2021 para colocarse en cuatro mil 375. En lo que va de este 2022, la cifra se ha mantenido, con una disminución de 2.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
-Robo de vehículo
En cuanto al robo de vehículo, en 2019 se denunciaron cuatro mil 538 casos, un aumento de 9.3 por ciento respecto a 2018. Ya en 2020, hubo una disminución de cinco por ciento al reportarse cuatro mil 285 casos, una tendencia que siguió a la baja en 2021, cuando se dio una reducción de 15 por ciento al registrarse tres mil 636 robos. En tanto, de enero a agosto de este año se han contabilizado dos mil 603 robos, un ocho por ciento más que los reportados en el mismo periodo de 2021.
-Robo a transeúntes en vía pública
Durante 2019 los asaltos (203) se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que en 2018 (209), y disminuyeron 16 por ciento en 2020, durante la pandemia, cuando se contabilizaron 170 casos. Para 2021, los robos a transeúntes incrementaron 21 por ciento, mientras que en lo que va de este 2022 se tiene un repunte del 20 por ciento respecto al año anterior.
-Robo de negocios
El robo a negocios pasó de siete mil 099 casos en 2018 a siete mil 297 en 2019, un incremento de 2.7 por ciento. En 2020, primer año de la pandemia, se dio una reducción de 13.6 por ciento al denunciarse seis mil 299 robos, y para 2021, aún en la contingencia, el decremento fue de 33 por ciento al contabilizarse cuatro mil 199 casos. En lo que va de 2022 —de enero a agosto— se ha registrado un incremento de 4.3 por ciento en este delito.
-Fraude
En 2018, Guanajuato reportó dos mil 466 fraudes, una cifra que para 2019 ascendió a tres mil 094 casos, es decir 25 por ciento más. Un año después, las denuncias por este delito disminuyeron ocho por ciento para colocarse en dos mil 843. En 2021, los fraudes se dispararon 30 por ciento con un total de tres mil 693 casos. En tanto, en los primeros ocho meses de 2022, las denuncias suman dos mil 708, un 13 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
-Extorsión
Respecto a los casos de extorsión, en 2019 hubo una variación de 38 por ciento respecto a 2018. En 2020, el primer año de la pandemia, se pasó de los 18 casos en los 12 meses anteriores a 17, es decir los casos se mantuvieron en el mismo nivel. Para 2021, se dispararon las denuncias mil 611 por ciento al pasar a 291. Mientras que de enero a agosto de 2022, las extorsiones ascienden a 335, 155 por ciento más que en los mismos meses de 2021.
-Daño a la propiedad
Para 2018, los casos reportados de este delito fueron 132 mil 692. En 2019, ya con Sinhue como Gobernador todo el año, hubo un incremento del 2.32 por ciento, al registrarse 135 mil 779 casos. La reducción llegó en 2020, cuando la gente se escudó en sus hogares por la COVID-19: los casos cayeron un 14.2 por ciento, pues hubo 116 mil 479 casos totales. Pero en 2021 se reportó un aumento del 18.4 por ciento para estos delitos, ya que se acumularon 137 mil 979 delitos de este tipo. Hasta agosto de 2022, se registran 98 mil 928, un aumento del 9.1 por ciento con respecto a esos primeros ocho meses pero de 2021.
-Despojo
En 2018, se registraron en todo el año 25 mil 618 casos de despojo. Para 2019, el aumento fue del 11 por ciento, pues hubo 28 mil 435 reportes de este delito. En 2020 el aumento fue de apenas el 0.5 por ciento, pues se acumularon 28 mil 584 carpetas más en todo el año. En 2021 el aumento volvió a ser más marcado, pues se sumaron 32 mil 605 casos en total, un crecimiento anual del 14.1 por ciento. En 2022 se acumulan 21 mil 271 reportes hasta agosto, la primera caída en la actual administración, pues en el mismo periodo del año anterior sumaban 22 mil 353 casos, un 4.8 por ciento menos.
-Violencia familiar
Para 2018, los casos de violencia familiar reportados fueron un total de 180 mil 187. En 2019, primer año completo del Gobernador Sinhue, se acumularon 210 mil 190 carpetas, un aumento de 16.6 por ciento con respecto al año anterior. En 2020, el incremento se contuvo, pero siguió creciendo: fueron 220 mil 032 casos, un 4.68 por ciento más. Para 2021, se acumularon 253 mil 736 casos, un repunte de 15.3 por ciento. En lo que va de 2022 —con cifras hasta agosto— suman 183 mil 782 casos, un 22.2 por ciento más que el mismo periodo de 2021.
-Narcomenudeo
Este es uno de los delitos que no dejó de incrementar en la actual administración. Guanajuato sufrió en 2018 al menos 58 mil 588 casos de narcomenudeo. En 2019, primer año completo de Sinhue como Gobernador, el aumento fue de 19.9 por ciento, al acumularse en todo el año 70 mil 274 casos. Para 2020 se registró un nuevo aumento, ahora del 9.2 por ciento, con 76 mil 741 delitos de este tipo en total. La tendencia siguió al alza a pesar del coronavirus, pues en 2021 creció un 7.2 por ciento (82 mil 271 carpetas). Hasta agosto de este año, se acumulan 58 mil 360 reportes, un 4.8 por ciento más que en los primeros ocho meses de 2021.
-Amenazas
En 2019, el primer año completo de Sinhue al frente de Guanajuato, los delitos de amenazas crecieron 22.61 por ciento con respecto a 2018, al pasar de 89 mil 788 casos a 110 mil 092 casos totales anuales. En 2020, decrecieron estos delitos, al registrarse 104 mil 339, un 5.2 por ciento menos. Pero el crecimiento más grande se dio para 2021, cuando hubo un aumento de 14.8 por ciento con respecto al año anterior. En 2022, ya van 90 mil 873 casos de amenazas reportados hasta agosto, el 13.4 por ciento más que el mismo periodo de 2021.
-Allanamiento de morada
Guanajuato sufrió un aumento del 10.1 por ciento en el primer año de la actual administración estatal, al pasar de 12 mil 804 casos de allanamiento en 2018 a 14 mil 101 en 2019. Para 2020, la reducción fue casi del mismo tamaño: un 9.8 por ciento a la baja, con 12 mil 715 casos totales. Un año después, de nuevo el crecimiento fue similar, pues aumentaron los casos un 9.1 por ciento, con 13 mil 873 reportes de este crimen. En 2022, hasta agosto se acumulan nueve mil 654 casos, un aumento del 3.9 por ciento con respecto a los primeros ocho meses del 2021.
-Falsificación
En este apartado, el primer año de Gobierno de Sinuhe tuvo una disminución de 5.8 por ciento de casos de falsificación, al pasar de 21 mil 114 en 2018 a 19 mil 888 casos en 2019. En 2020, la caída fue más pronunciada: del 29.2 por ciento, con 14 mil 076 casos aquel año, el primero de la pandemia de COVID-19. Para 2021, volvieron a subir, pero a menor ritmo, con un 7.8 por ciento más (15 mil 181 casos). En 2022, se acumulan hasta ahora 10 mil 830 casos, un 7.4 por ciento más en el mismo periodo que en 2021.
-Delitos cometidos por servidores públicos
En este apartado, el Gobierno del panista tuvo un aumento, de 2018 a 2019, de 17.4 por ciento, al pasar de 18 mil 332 a 21 mil 523 casos. Para 2020, el aumento fue discreto, de apenas el 1.67 por ciento (21 mil 883 casos) y comenzó su descenso en 2021, cuando cayó prácticamente lo que había subido el año anterior: 1.7 por ciento (21 mil 514). En 2022, se acumulan 14 mil 237 casos en los primeros ocho meses del año, a un ritmo de más de 21 mil casos para terminar el año.
AUTOR: OBED ROSAS.
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