Acompañante de los familiares de los normalistas en las movilizaciones de búsqueda y en los procesos judiciales, desde que se reportaron los hechos el 26 de septiembre de 2014, Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, alerta sobre el incumplimiento de la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el paradero de los estudiantes durante su mandato, ante indicios cada vez más evidentes en las investigaciones de “una participación activa y relevante del Ejército mexicano en hechos, no tangencial, periférica o accidental”.
En entrevista, Rosales Sierra admite que desde hace un año los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos marcaron distancia con el presidente López Obrador al ser incapaz de convencer a los altos mandos del Ejército mexicano de brindar información a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) encaminada al esclarecimiento del caso y a la judicialización correspondiente.
“El Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa tiene un caudal probatorio enorme que permitiría conocer lo ocurrido, ya no digamos deslindar responsabilidades; tiene bastante acervo probatorio para esclarecer el caso, pero no hay poder en este país que pueda convencer a los militares de entregar esa información”, sostiene el abogado.
Rosales cuenta que el gran reclamo que los padres y madres de los jóvenes desaparecidos les hacen a los abogados, es que, desde el principio consideraron al Ejército mexicano pieza clave para dilucidar al menos lo que pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Ahora, con elementos de prueba que confirman las informaciones anónimas que recibieron los familiares de los normalistas en los primeros días de la desaparición, el Ejército “se muestra como un poder metaconstitucional, que no rinde cuentas a nadie, ni al presidente quien hace un año, con molestia, nos dijo que iba a hablar en corto con los secretarios (de Defensa y Marina) para que dieran la información que requerían los investigadores; tenemos entendido que así lo hizo, producto de ese diálogo se abrieron archivos pero no se ha profundizado más”.
Para entender la “cerrazón del Ejército”, el litigante ejemplifica con el caso de las transcripciones de intervenciones telefónicas llevadas a cabo por miembros del Ejército, en tiempo real, la noche del 26 de septiembre de 2014, y que el gobierno de López Obrador las hizo públicas en septiembre del año pasado.
“Como la sola hojita no alcanza para ser prueba plena, nosotros pedimos que a través de la UEILCA se solicitara el dispositivo donde está guardada la conversación; quién fue el efectivo militar que hizo la intervención y la transcripción, a qué dispositivos móviles se hizo la intervención, de quiénes eran y cuáles son las características; y que los mandos militares del 27 Batallón y 41 Batallón explicaran la situación.
“No sólo no respondieron de forma inmediata, sino que cuando lo hicieron, fue para decir que ese documento que había dado a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no pertenecía al Ejército mexicano y que a lo mejor salió en redes sociales, eso aumentó el enojo de los padres y madres; el distanciamiento con el gobierno se ensanchó, cuando por el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) se supo que la Marina también tuvo su participación en el basurero de Cocula, y hasta ahora no hay responsabilidades penales para los marinos”.
Poder metaconstitucional
En el proceso de investigación de la desaparición de los normalistas a lo largo de estos ocho años, los representantes legales y la misma UEILCA han advertido que mientras esté el Ejército mexicano de por medio, no es posible avanzar, dice.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2395 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario