De acuerdo con Carolina Rodríguez, abogada del despacho Firma Rosa, del pasado 26 de marzo —cuando agredieron a la joven— al día de hoy, las autoridades no han emitido órdenes de aprehensión contra las tres personas que Liliana ha identificado como presuntos responsables.
“En la Fiscalía la traen del tingo al tango, aunque ella no puede moverse, hasta hace poco le dieron oportunidad de terminar su declaración ministerial, porque además de los malestares provocados por las heridas expuestas, los funcionarios de la Fiscalía de Nuevo León y del Centro de Justicia para Mujeres la hostigaban y la presionaban para que declarara hechos distintos a los que ocurrieron”, cuenta Carola Rodríguez, quien acompaña su caso.
Inicialmente, la Fiscalía del estado aseguró que la joven había dado declaraciones contradictorias, al afirmar de inicio que las quemaduras se las había provocado ella, versión que la familia de Liliana rechazó porque durante el tiempo en que supuestamente había hecho los señalamientos se encontraba inconsciente en el hospital.
La abogada señala que, aunque consiguieron que no se cerrara el caso, la carpeta de investigación continúa sin avanzar, ahora debido a que las autoridades le solicitaron exámenes de valoración que debe practicarse en el Hospital Universitario de Nuevo León, que pese a ser una institución de salud pública, le pide pagar 11 mil pesos por la impresión del documento, dinero con el que Liliana no cuenta.
“Hemos estado insistiendo en la Fiscalía que no puede ser que quieran cobrar por esos exámenes, y supuestamente nos dijeron que iban a asegurarse de que estos se emitieran sin costo, pero han pasado tres semanas sin respuesta, además de que las diligencias que realizaron para la investigación se hicieron con meses de por medio, ¿así cómo iban a encontrar indicios en el terreno donde la auxiliaron o videos de cámaras de seguridad? Ni siquiera tienen claro dónde fue que los paramédicos la recogieron”, reclama la abogada.
Ante el riesgo de volver a sufrir algún ataque, Liliana y su familia tuvieron que salir desplazados de Nuevo León, estado al que periódicamente vuelven para continuar con las diligencias ministeriales y tratamientos médicos. La joven y su abogada reciben mensajes con amenazas a través de redes sociales, y acusan que se han creado perfiles falsos para difundir desinformación sobre su caso o acusarla de estar intentando lucrar con su estado de salud.
Es por eso que, aún cuando las autoridades le han pedido a Liliana dejar de exponer su caso a través de medios de comunicación y redes sociales, la joven continúa realizando publicaciones y videos exigiendo justicia y mostrando los estragos que las quemaduras dejaron en su cuerpo. A quienes lo solicitan, incluso les envían los comprobantes de pago de los medicamentos y tratamientos en los que gastan cada peso que les donan.
Animal Político consultó a la Fiscalía de Nuevo León acerca de los avances en las investigaciones del caso, sin que hasta el momento de la publicación dieran una respuesta.
“La esperanza de volver a ser como antes”
Entre enero y junio de 2022, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país.
Según los registros médicos, 29 de las mujeres manifestaron que hubo violencia familiar, y en 18 no hubo parentesco con el agresor. De los 47 casos atendidos, solo en 28 las autoridades de Salud informaron ante el Ministerio Público que habían atendido a una víctima de lesiones causadas de manera intencional.
Actualmente, Liliana busca apoyo económico para poder pagar una cirugía reconstructiva y los tratamientos que debe realizarse de manera permanente, debido a que los servicios de salud pública solo le ofrecieron atención para salvarle la vida, y el resto de los medicamentos los ha tenido que pagar por cuenta propia. Desde que la quemaron, tuvo que dejar de trabajar en la tienda de abarrotes y la carnicería donde era empleada de ventas.
Aldo, su pareja y desde hace meses cuidador de tiempo completo, cuenta en entrevista que a diario gastan al menos 100 pesos en analgésicos, cremas y vendas especiales que debe utilizar para la cicatrización, mismos que han podido cubrir gracias a que él trabaja como conductor de un taxi de aplicación. Sin embargo, estos ingresos no les permiten costear la cirugía reconstructiva que le ofrecen en un hospital privado, valorada en 185 mil pesos.
Gracias al apoyo de la abogada Carolina Rodríguez y del médico cirujano que se ofreció para realizar la operación, han logrado cubrir 100 mil pesos del costo de este tratamiento, pero todavía requieren conseguir 85 mil pesos para que se cubra la totalidad del monto.
“Para Liliana ha sido muy difícil anímicamente la recuperación. Las cicatrices en su cuerpo le quitaron movilidad y, de hecho, ahorita no puede pararse sola, y lo único que la mantiene con buen humor es la esperanza de volver a ser como antes, de no sentir dolor… es por eso que necesitamos conseguir el dinero”, agrega Aldo.
La cirugía reconstructiva de Liliana está programada para el 29 de octubre, por lo que espera conseguir los 85 mil pesos que le faltan para pagarla antes de esa fecha. Si quieres apoyarla, puedes contactar con ella y su familia a través de redes sociales, donde se encuentra publicado el número de cuenta en el que reciben las donaciones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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