A través de un pronunciamiento difundido para la recaudación de firmas, los habitantes aseguraron que el acuerdo es una política que apoya «un modelo de negocio que ha causado estragos en otras ciudades del mundo» y «un duro golpe» a la lucha por legislaciones que contemplen la vivienda como un derecho humano «y no como una mera mercancía».
📢| La alianza entre #Airbnb y el @GobCDMX sin una regulación de esta plataforma, ni un control contra la especulación, llega para incrementar la crisis habitacional y los desplazamientos forzosos en la capital del país.
— Habitat International Coalition AL (@HIC_AL) October 27, 2022
Conoce y firma el posicionamiento: https://t.co/LlArbtavif
«La realidad para los habitantes del Centro Histórico y buena parte de la Ciudad de México es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad: una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y que no son sujetos de crédito, poblaciones indígenas que siguen luchando para que les reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se desaloja o despoja con violencia mediante juicios fraudulentos», señalaron en el pronunciamiento.
Precisaron que son visibles los «efectos nocivos» del modelo que impulsa Airbnb y cómo afecta tanto a los sectores populares como a la clase media en el Centro Histórico, donde hay al menos ocho edificios habitacionales que viven o vivieron procesos de expulsión de habitantes para cederlos a la empresa. Dichos edificios se encuentran en las calles Justo Sierra, San Ildefonso, López, Revillagigedo, Bolívar, Isabel la Católica, Luis Moya.
«Tanto la UNESCO como las autoridades capitalinas conocen de sobre estos problemas. No se trata de una simple omisión sino de una afrenta contra la ciudadanía que se suma a otros conflictos urbanos en donde las autoridades mantienen una postura contraria a la que promueven en su discurso, como la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo que pretende eliminar 30 mil hectáreas de suelo de conservación», destacaron los habitantes del Centro.
En el pronunciamiento, exigieron suspender la colaboración con Airbnb hasta contar un diagnóstico público y medidas de prevención y mitigación de su impacto en el acceso a la vivienda, así como que se haga público el diagnóstico y evaluación que se ha hecho respecto al impacto de plataformas tipo Airbnb en el acceso a la vivienda en la Ciudad de México o que, en caso de no existir, que este diagnóstico se realice a la brevedad.
Demandaron también que, ante la crisis de desplazamientos, desalojos y despojos, en el Congreso de la Ciudad de México se legislen medidas en favor de las y los inquilinos que garanticen la prevalescencia en la ciudad y se evite su expulsión, así como que la capital cuenta con una ley inquilinaria que haga contrapeso a la especulación y financiarización del suelo urbano, entre otras medidas de prevención para los pobladores.
Posicionamiento:
- Posicionamiento frente a la alianza firmada por Airbnb México, la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico y la UNESCO para impulsar “turismo respetuoso”
A la ciudadanía en general
A las autoridades de la Ciudad de México
La historia de los habitantes del Centro Histórico es una historia de lucha, trabajo, organización social y popular. Si en los años posteriores al 85 luchamos contra el estigma de ser un lugar peligroso y olvidado, vecinxs, trabajadorxs y residentes también se opusieron a los planes de “revitalización” que pretendían convertir el Centro Histórico en un centro financiero, de la mano de Reichman International, a costa de las poblaciones más vulnerables. Esa memoria es todavía tangible entre quienes sobreviven a la turistificación agresiva de nuestros barrios.
La calle Madero que resguardaba la memoria de las luchas sociales que dieron forma a este país, hoy es un centro comercial al aire libre; Regina, una calle que se “revitalizó” como un proyecto cultural, hoy es un corredor de consumo dominado por grupos criminales que han puesto en peligro los negocios locales; la Alameda, antes un centro de recreo popular, hoy es el patio de edificios cedidos a Airbnb y centros comerciales; sin mencionar el proyecto Barrio Letrán que pretende emular, en el cruce de Eje Central y José María Izazaga, el modelo de Mítikah en el pueblo de Xoco.
El día martes, 25 de octubre, quienes firman este pronunciamiento –habitantes del Centro Histórico y otras colonias de la alcaldía Cuauhtémoc– observamos con indignación cómo el gobierno capitalino, por conducto de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) y el Fideicomiso del Centro Histórico, anunciaron su participación en la “Alianza para el desarrollo, fortalecimiento y promoción del Turismo Creativo y los Nómadas Digitales” con la empresa Airbnb y la UNESCO México.
Este no es cualquier anuncio. Se trata de una política pública que, un día después, fue celebrada por la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y que replica y da el apoyo del gobierno a un modelo de negocio que ha causado estragos en otras ciudades del mundo. Se trata de un duro golpe contra quienes hemos pugnado por legislaciones que contemplen la vivienda como un derecho humano y no como una mera mercancía.
La realidad para los habitantes del Centro Histórico y buena parte de la Cdmx es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad: una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y que no son sujetos de crédito, poblaciones indígenas que siguen luchando para que les reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se desaloja o despoja con violencia mediante juicios fraudulentos.
Y es precisamente Airbnb uno de los actores que más agudizan estos problemas. En el Centro Histórico hemos visto los efectos nocivos de esta plataforma y cómo afecta tanto a los sectores populares como a la clase media. Hoy tenemos conocimiento de al menos ocho edificios habitacionales que viven o vivieron procesos de expulsión de habitantes para cederlos a Airbnb. Dichos edificios se encuentran en las calles Justo Sierra, San Ildefonso, López, Revillagigedo, Bolívar, Isabel la Católica, Luis Moya. Muchxs otrxs vecinxs ya han sido expulsados de otros inmuebles con el mismo pretexto: entregar territorio al turismo.
Sabemos que son muchos más.
Entendemos que Airbnb pueda despertar simpatías: permite ganar un ingreso extra a quienes cuenten con una propiedad o un cuarto disponible. Sin embargo, actualmente la oferta de Airbnb está dominada por actores que acumulan hasta cientos de espacios de vivienda. Sin una regulación clara que ponga un límite a Airbnb y plataformas similares, la especulación financiera terminará devorando los ya de por sí pocos espacios asequibles para rentar.
En el fondo, se trata del uso de recursos públicos para la generación de plusvalía privada. La inversión que se realiza en el desarrollo de la ciudad (mantenimiento de calles, redes de agua potable, parques) beneficia primordialmente a un reducido grupo inmobiliario que lucra con dichas inversiones, sin generar acciones de retorno hacia las comunidades. Estas políticas aparentan un embellecimiento accesible para todxs; la realidad es que la ganancia se concentra en unos cuantos y afecta el derecho efectivo a la vivienda y a la ciudad en su conjunto para el resto de la población, incluido el comercio local y familiar.
Es abundante la evidencia de cómo estas políticas impulsan procesos de segregación. Otras ciudades como Barcelona, París, Berlín, Nueva York se han visto obligadas a tomar medidas drásticas contra el mercado de alojamiento temporal. Nos preocupa que en Cdmx se tomen a la ligera este tipo de decisiones, ocultando vicios y peligros bien conocidos por especialistas y sin consultarlo en ningún momento con sus habitantes.
Tanto la UNESCO, como las autoridades capitalinas conocen de sobre estos problemas. No se trata de una simple omisión sino de una afrenta contra la ciudadanía que se suma a otros conflictos urbanos en donde las autoridades mantienen una postura contraria a la que promueven en su discurso, como la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo que pretende eliminar 30 mil hectáreas de suelo de conservación.
Por todo lo anterior exigimos:
1. Que se haga público el diagnóstico y evaluación que se ha hecho respecto al impacto de plataformas tipo Airbnb en el acceso a la vivienda en Cdmx. En caso de no existir, que este diagnóstico se realice a la brevedad.
2. Suspender la colaboración con Airbnb hasta contar un diagnóstico público y medidas de prevención y mitigación de su impacto en el acceso a la vivienda.
3. Que se revisen legislaciones y medidas que han tomado otras ciudades y países para normar y regular a la empresa Airbnb y aplicarlas en Cdmx.
4. Que se regule con claridad el pago de impuestos de Airbnb y que se haga retroactivo para todos los años que la empresa ha operado en el país (durante sus primeros 7 años de presencia en México, no pagó un solo centavo), con la creación de un fondo para el retorno de los y las inquilinas desplazadas.
5. Ante la crisis de desplazamientos, desalojos y despojos, que en el Congreso de la Ciudad de México se legislen medidas en favor de las y los inquilinos que garanticen la prevalescencia en la ciudad y se evite su expulsión.
6. Que la capital cuente a la brevedad y en el contexto de los 100 años de la Lucha Inquilinaria en Veracruz, con una ley inquilinaria que haga contrapeso a la especulación y financiarización del suelo urbano, que controle el aumento de la renta de una vivienda y genere equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.
7. Que el programa de vivienda incluyente (PRUVI) contemple cómo eje central y prioritario para la asignación de viviendas, el retorno de TODAS y cada una de aquellas familias o personas que han sido desplazadas de manera forzada por Airbnb o por la gentrificación, construyendo un mecanismo para identificarles y un padrón para priorizar este derecho a retornar en condiciones de asequibilidad ya sea en renta o como propietarios.
Por una ciudad para todxs.
AUTOR: REDACCIÓN.
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