Mientras el presidente de la República ha intentado convencer a los jueces federales de la necesidad de permitir la transferencia de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el conflicto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado lunes 24 el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
El asunto se suma a los que el máximo tribunal mantiene pendientes de resolución sobre las impugnaciones tramitadas desde 2020 contra la creación de la Guardia Nacional y el acuerdo que ordena mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Las suspensiones
Organizaciones de la sociedad civil tramitaron más de 50 amparos en diversos juzgados federales y el pasado jueves 13 lograron la primera suspensión provisional que frenó la entrada en vigor del decreto de reforma.
La medida fue concedida a un quejoso por la juez novena de Distrito en el estado de Guanajuato, pero la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Sedena tramitaron recursos de revisión en los que pidieron dejarla sin efectos.
Los recursos tramitados por dichas autoridades fueron resueltos en menos de una semana, el sábado 18 y domingo 19, en el caso de la FGR y la SHCP, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la entidad determinaron en sesiones extraordinarias que la primera no sufre ningún perjuicio con la suspensión de la entrada en vigor del decreto de militarización de la Guardia Nacional y que el recurso de la Secretaría de Hacienda está infundado.
En cambio, en el recurso de la Sedena, los magistrados señalaron por unanimidad que el quejoso que pidió el amparo no tiene interés legítimo para solicitar la suspensión de la entrada en vigor del decreto reclamado.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2400 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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