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En un comunicado, el organismo consideró que corresponde al Estado promover un ambiente de tolerancia y pluralidad en pos de la democracia.
Sin embargo, al espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humano vulnera la confianza de la población y manda un señal negativa.
“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa” dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
La oficina de la ONU-DH en México llamó al gobierno a dejar estas prácticas y a establecer medidas cautelares para la protección de las víctimas.
Fernández-Maldonado consideró que las acciones de inteligencia y de intervención de comunicaciones deben realizarse dentro de un marco normativo, por lo que dijo que el involucramiento arbitrario del Ejército en estas acciones refuerza la necesidad de que haya controles civiles sobre las fuerzas armadas.
“El Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares. Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley”, dijo.
El organismo destacó que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Ante las informaciones hechas públicas, La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en el año 2017 respecto de actos de vigilancia ilícita con el software Pegasus, de NSO Group.
En su informe de 2019 sobre la vigilancia y los derechos humanos, David Kaye, entonces relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, subrayó la importancia de limitar el uso de tecnologías de vigilancia.
La oficina reafirmó su compromiso para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus instituciones y en la implementación de las normas internacionales de derechos humanos.
Una investigación de Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político reveló que el Ejército mexicano utilizó el software Pegasus para espiar al periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, y otro periodista durante el actual gobierno.
El periodista Sebastián Barragán afirmó que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hacer públicos todos los contratos relacionados con las empresas que vendieron el software de espionaje Pegasus al gobierno de EPN, la Sedena mintió y ocultó los contratos con Comercializadora Antsua, compañía que vende el malware de NSO Group.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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