“El surgimiento de una nueva aerolínea es complicado en el escenario actual y no veo de dónde obtener los recursos para financiar una empresa de tal tamaño. También tendría repercusiones, como la falta de competencia, la falta de certidumbre entre los actores del mercado. Y puede haber cierta preferencia de un aeropuerto a las aerolíneas. En este caso, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, advirtió Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico.
Las intenciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron reveladas por el hackeo del grupo Guacamaya, que permitió conocer que el proyecto de la nueva aerolínea correrá a cargo del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica.
Esa empresa pública fue creada para operar los aeropuertos Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México; Tulum y Chetumal, en Quintana Roo; Palenque, en Chiapas, además del Tren Maya, en el sureste del país, y es operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según los archivos, el costo para constituir la aerolínea empezaría desde los mil 800 millones de pesos. Mientras que el gasto operativo y administrativo anual de la nueva aerolínea rondaría entre mil y mil 900 millones de pesos.
De acuerdo con el presidente, la aerolínea se llamaría Mexicana de Aviación, en caso de que entre en operación, sin embargo, tendría que mover el marco jurídico.
El pasado martes 11, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de que se puedan otorgar concesiones para el servicio público de transporte aéreo a “empresas paraestatales, incluyendo la participación de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina”.
Además, se plantea que las aeronaves militares no tengan la restricción de la concesión de un aeropuerto, el AIFA, y a la vez operar una empresa en la misma terminal. Sin embargo, actualmente la ley no permite contar con la concesión de un aeropuerto y de una aerolínea al mismo tiempo.
“Aprobar una iniciativa de ley como ésta, repercute en un mercado donde hay competencia, donde hay varios actores compitiendo, entonces creo que se sembraría la incertidumbre o la inequidad en ese sentido, en un mercado donde debe haber certidumbre”, explica Gómez Suárez.
Y da cifras:
“Nada más menciono que en el sector se genera aproximadamente 3.5% del PIB nacional, que son como 50 mil millones de dólares al año. Eso es lo que generan los aeropuertos, las aerolíneas y los servicios aeronáuticos. Entonces, creo que debe haber certidumbre en ese sentido.”
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2398 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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