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Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias dieron a conocer la investigación que reveló cómo el periodista Ricardo Raphael, un colega de Animal Político y el activista Raymundo Ramos fueron espiados con el spyware durante la presente administración, a pesar de que el mandatario tabasqueño prometió en reiteradas ocasiones que su gobierno ya no utilizaba ese sistema de intrusión.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que hay dos carpetas de investigación relacionadas con el software Pegasus, la primera está relacionada con la adquisición de un contrato durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto de 456 millones 843mil 149 pesos para la adquisición del equipo de inteligencia "sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional".
La dependencia informó que "se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás Zerón, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento".
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, refirió que "actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal. Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto".
El gobierno no usó la palabra espionaje, pero señaló que la segunda carpeta de investigación es "por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos".
Reveló que el 26 de agosto la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo. El comunicado de la dependencia asegura que el 1 de noviembre de 2021 "ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo".
Finalmente refirió que "en este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “PEGASUS” mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas".
Los reportajes publicados por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias revelaron cómo la Sedena escondió una y otra vez un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., la cual contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.
Las evidencias de espionaje con Pegasus desmienten al presidente López Obrador, quien desde su toma de posesión aseguró que su equipo ya no utilizaba el spyware ni realizaba espionaje ilegal, lo que lo hacía diferente del gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, que atacó con Pegasus a decenas de periodistas –incluyendo a seis reporteros de Proceso, así como un centenar de defensores de derechos humanos y cientos de opositores políticos.
Descalificación gubernamental
El martes 4 de octubre el presidente López Obrador negó que la Sedena realizara espionaje –dijo que hacía “inteligencia”–, y se lanzó contra el periodista Ricardo Raphael, cuyo teléfono fue atacado con Pegasus a finales de 2019 y en diciembre de 2020, según los reportes del Citizen Lab, la agrupación de referencia en el mundo sobre el seguimiento a Pegasus.
Durante la conferencia matutina del pasado 5 de octubre, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la conferencia matutina del presidente, Ana Elizabeth García Vilchis, sostuvo que el gobierno actual ya no espía a la oposición política, ni a periodistas ni a activistas, y que “no hay elementos” que comprueben la denuncia de “tres personas” de que es el gobierno federal quien los espía.
La tarde de ese mismo día, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, minimizó las revelaciones del trabajo, pues sostuvo que “lo único que informa realmente es que la Sedena contrató un servicio de monitoreo remoto de información a una empresa particular”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.
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