Esa es la apreciación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa, al fijar su posicionamiento ante la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y su equipo, ante una intervención desaseada que prendió focos rojos en el organismo regional, que el día del aniversario de la desaparición de los estudiantes manifestó su “preocupación por el desplazamiento” de la UEILCA “en sus funciones ministeriales”.
En el informe, los expertos independientes alertaron que la descomposición en la UEILCA coincidió con la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), el 18 de agosto pasado, desconocido hasta ese momento por el GIEI. Dicho documento incluye como novedad más de 400 capturas de pantalla de supuestas conversaciones por WhatsApp de presuntos perpetradores de la ejecución y desaparición de los estudiantes.
“La renuncia (de Gómez Trejo y su equipo) se ha producido por las intromisiones (…) en este intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos, que impidieron, por ejemplo con respecto a la consignación entre los cuales están los militares, que se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo. Esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República”, apuntó Francisco Cox, abogado chileno que forma parte el GIEI desde 2015.
La intromisión ordenada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, reflejada en la aceleración de la consignación del exprocurador Jesús Murillo Karam, y con mayor contundencia en la solicitud de cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión, formulada por personal ajeno al órgano especializado –la cual reveló Proceso en su edición 2395–, es parte central del documento dado a conocer por integrantes del GIEI en la víspera de la finalización de su mandato, mismo que se prolongó un mes más para confirmar la veracidad de supuestas conversaciones de responsables de la desaparición de los estudiantes, obtenidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas, presidente de la Covaj.
La intención de mantener activo el GIEI por lo menos un mes más, busca también vigilar que no haya represalias contra Gómez Trejo y su equipo, sometidos a una auditoría iniciada el 5 de septiembre pasado, previo a la solicitud de la cancelación de órdenes de aprehensión, e instrumentada por Adriana Campos López, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, quien se encuentra enquistada en la institución desde el sexenio pasado.
En octubre de 2016, durante la gestión de Arely Gómez al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Campos López fue nombrada por Enrique Peña Nieto como relevo del entonces titular de la Visitaduría General de la dependencia, César Alejandro Chávez Flores, quien en una auditoría sobre la “verdad histórica” había identificado anomalías que ameritaban sanciones administrativas y penales contra funcionarios de la PGR, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien renunció a su cargo el 16 de septiembre de 2016 para ser nombrado por Peña Nieto secretario de la entonces Comisión Nacional de Seguridad.
A Chávez Flores y su equipo se le atribuye un amplio documento de más de mil fojas revelado por este semanario en noviembre de 2016 (Proceso 2091) en el que se alertaba de las fallas estructurales de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los jóvenes, abierta por secuestro agravado y no por desaparición forzada, que confirmaba las torturas cometidas por funcionarios de la PGR y las omisiones de militares que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2396 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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