En un informe fechado en julio de 2021 la Sedena celebra que el presidente “depositó su confianza en las Fuerzas Armadas para materializar algunos de los proyectos que definirán el rumbo de la nación”, y enumeraba sus facultades para los años siguientes.
En este documento se destaca el control de carreteras y de las aduanas terrestres del país, el despliegue territorial para la seguridad pública –aún no había absorbido la Guardia Nacional–, la mano sobre los sistemas de inteligencia del Estado, la administración de empresas y megaproyectos, la iniciativa en la política migratoria y hasta el cuidado de árboles para el programa Sembrando Vida.
Los documentos y el trabajo periodístico derivado de la filtración han exhibido el papel cada vez más protagónico de la Sedena en la vida pública nacional, y mostrado que la institución sigue con sus problemas históricos de falta de rendición de cuentas, como el espionaje ilegal perpetrado con Pegasus.
El nuevo impulso de la Sedena se refleja en la intensa actividad política de su titular, Luis Cresencio Sandoval, un militar muy atento a la imagen que proyecta en redes sociales y en medios, quien ha aprovechado los cuatro años del sexenio para tejer lazos con los poderes políticos, judiciales y empresariales del país.
Sus agendas personales muestran que suele reunirse frecuentemente con senadores, diputados, presidentes de partidos, miembros de gabinete o empresarios en privado, y suele enviarles regalos, los cuales van desde libros o botellas de mezcal hasta lentes, relojes o artículos de moda.
Un reporte del 10 de septiembre de 2020 detalla el “seguimiento a los asuntos importantes del Alto Mando”, revelador de las diversas prioridades de la Sedena y su titular; entre los siete asuntos de ese día destacaban una respuesta a una “publicación de la revista Proceso”, un asunto titulado “que la Guardia Nacional dependa de la Sedena”, y otro sobre la “venta del avión presidencial”.
La filtración permitió ver que, en paralelo a su rol en la lucha contra la delincuencia organizada, la Sedena vigila a los diversos movimientos sociales –que considera como amenazas–, da seguimiento a políticos y diplomáticos, incluyendo el embajador estadunidense Ken Salazar, vigila a los exmilitares que encabezan las secretarías estatales de seguridad, y elabora leyes que le otorgan un poder aún mayor.
Así, la periodista Neldy San Martín reveló en Proceso que la Sedena –y no el presidente López Obrador–, diseñó las reformas a las leyes secundarias que le permitieron absorber la Guardia Nacional, incluyendo sus más de 60 mil soldados y su presupuesto, que se elevará en 2023 a 68 mil millones de pesos, según el proyecto de egresos de la Secretaría de Hacienda.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2397 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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