En esas 246 investigaciones, se ha señalado a 770 personas como sospechosas de la desaparición de alguien, pero solo 402 fueron vinculadas a proceso debido a que el Ministerio Público aportó datos suficientes sobre su probable participación en el delito, de acuerdo con el informe Fiscalía a la deriva del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Esto, en un contexto en el que Jalisco ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con una cifra oficial de 15 mil 030 personas desaparecidas hasta el cierre de esta publicación.
De entre las investigaciones en las que se ha logrado la intervención judicial, hasta ahora solo 11 han resultado en sentencias condenatorias. De ellas, cinco son por desaparición forzada —en la que intervienen funcionarios, activamente o por autorización, apoyo o aquiescencia— y seis por desaparición cometida por particulares.
En su análisis, el Cepad advierte que medir la carga de trabajo de la FEPD fue una tarea difícil por la opacidad para informar sobre el universo total de investigaciones a su cargo, así como sobre su personal adscrito. A ello se sumó la dificultad para corroborar el número de localizaciones de personas que realmente han sido producto del trabajo de esa instancia.
A pesar de que tanto la normativa que regula su función como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas la obligan a generar informes sobre localización, la dependencia se deslinda argumentando que es competencia de la comisión de búsqueda estatal. El Cepad denuncia, además, que existe una constante negativa al acceso a los expedientes, incluso cuando son las familias quienes los solicitan.
La FEPD es la segunda instancia con la mayor cantidad de recursos públicos de las cuatro responsables en Jalisco de dar seguimiento a la desaparición de personas, con un presupuesto de 104 millones 910 mil 413 pesos en 2022 (11.4% más que en 2021).
De acuerdo con el anexo transversal de personas desaparecidas en el Presupuesto de Egresos 2022 de la entidad, casi el 80% de los recursos de la fiscalía está destinado a la “localización de personas víctimas de desaparición”, mientras el 11.7% está etiquetado para la sistematización de información de contexto y el 8.6% para la atención psicosocial a personas víctimas de desaparición.
Trato a las víctimas
El informe Fiscalía a la deriva presenta también los resultados de una encuesta a 72 familias de personas desaparecidas, “que arrojó como resultado la desconfianza que tienen ante la actitud de indiferencia del personal que las atiende”.
En ese rubro, 44.6% de las personas indicó que el personal insinuó que su familiar desaparecido podría no haber sido víctima de un delito, además de que en el 31% de los casos se solicitó esperar 72 horas antes de poder iniciar una denuncia por la desaparición. El Cepad aclara que no existe un sustento legal para esa mala práctica, además de que las primeras horas son clave para la localización con vida.
“Esta ha sido una de las grandes dificultades a las que se han enfrentado las y los familiares que han acudido a presentar su denuncia… Llama particularmente la atención la recurrencia de esta mala práctica luego de que incluso el gobierno del estado ha recordado mediante un boletín de prensa que ‘el término de 72 horas que se aplicaba como recomendación ante la desaparición de una persona antes de presentar una denuncia está completamente nulo”, señala el informe.
Aunado a ello, esa no ha sido la única razón por la que se ha negado la apertura de un expediente por desaparición: el 8% de las personas encuestadas acusó que personal de la fiscalía negó el servicio por diferentes motivos.
Como parte de un grupo focal, ante la pregunta “¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando piensan en la fiscalía de desaparecidos?”, las principales respuestas que registró el Cepad fueron corrupción, ineficiencia, revictimización y desconfianza por completo.
Entre las razones que expusieron algunas familias estuvieron las actitudes discriminatorias para el avance de la investigación y la búsqueda por factores económicos y sociales. “Hay celeridad cuando son casos de personas reconocidas o de dinero”, detallaron.
Además, el 52% de las personas encuestadas dijo que en algún momento solicitó que se realizaran operativos de búsqueda por su caso, pero de entre ellas, en el 68% de los casos no se llevaron a cabo los operativos solicitados a la FEPD o las familias desconocían si esto había sucedido.
Únicamente el 32% aseguró que se hicieron, pero, de ellas, menos de la mitad recibió información de los resultados.
Una larga historia de críticas y cuestionamientos
De acuerdo con el Cepad, la creación de la FEPD en 2017 constituyó “una muestra histórica del reconocimiento de la desaparición de personas en Jalisco como un fenómeno criminal generalizado, destacando además por ser la primera institución de esta naturaleza a nivel nacional que atendería recomendaciones internacionales, contaría con una unidad de análisis y contexto, y que fue creada con la participación activa de familiares de personas desaparecidas”.
La dependencia fue el resultado de más de 30 reuniones de trabajo entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles y autoridades estatales. “Fue un esfuerzo de colaboración inédito y que generó las expectativas de que este avance acercaría a miles de familiares a localizar a sus seres queridos, y acceder a la verdad y la justicia”, afirma el documento.
En aquel entonces, al 31 de julio de 2017 —antes de que la Comisión Nacional de Búsqueda pusiera en marcha la actualización de las estadísticas como se conocen ahora—, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contabilizaba a 2 mil 804 en Jalisco. Actualmente, son más de 15 mil.
Sin embargo, debido a la ausencia de indicadores y mecanismos de evaluación públicos y eficaces, no existe forma de medir y evaluar de qué manera se ha atendido la problemática y si la institución realmente responde a las necesidades de familiares de personas desaparecidas, así como a lo establecido en los marcos normativos locales, nacionales e internacionales, evalúa el Cepad.
Además, la historia de la fiscalía no ha estado exenta de cuestionamientos y críticas. Desde su informe de abril de 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) observó que la estructura y atribuciones de la FEPD no corresponden a lo previsto en la Ley General en materia de desaparición tras su cambio de estatus a Fiscalía Especial, que le ha restado autonomía.
Aunado a esto, su primera titular, Teresa Medina, renunció al cargo a solo dos meses de la creación de la fiscalía en 2017. Desde 2019, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas encabeza la dependencia; antes, la funcionaria había sido mencionada en la recomendación 16/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por haber negado acceso al expediente de investigación a un familiar de una víctima de homicidio cuando era agente del MP.
Ese mismo año, cuando ocurrió una reclasificación del estatus de personas desaparecidas, derivado de la diferencia que la Ley General en la materia hace entre personas desaparecidas —cuando se presume la comisión de un delito— y no localizadas, Trujillo Cuevas justificó que más de 5 mil casos —contra mil 752 desaparecidos— fueran catalogados como personas no localizadas pese a que ya habían superado las 72 horas que la normativa establece para considerarlas desaparecidas.
Durante 2022, colectivos de familiares se han manifestado para exigir su renuncia, debido a que no hay resultados y la atención del personal no es adecuada. Además, en la recomendación 32/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, emitida el 20 de julio pasado, que se deriva de 16 quejas acumuladas, a la FEPD se le recomienda que en los expedientes se identifiquen diferentes líneas de investigación y se logre esclarecer el grado de participación de servidores públicos. La CEDHJ documenta que existe personal ministerial que tiene asignadas de 500 a 800 carpetas de investigación.
“A pesar de que han transcurrido más de cinco años de labor de la FEPD, no se han logrado atender ni erradicar las causas que han abonado a la permanencia de las mismas deficiencias y omisiones que han generado irregularidades en los procesos de atención y seguimiento de los casos. Algunas de las causas han sido la sobrecarga y escasez de recursos humanos, pero también la insuficiente capacitación y desconocimiento de los marcos normativos correspondientes”, describe el informe.
Lo anterior se ha reflejado en la falta de conocimiento del modelo integral de atención a víctimas y de los procesos de búsqueda e investigación específica y diferenciada, en la no aplicación de protocolos y la inexperiencia en la realización de procesos, en el desconocimiento de aspectos técnicos para realizar diligencias o actualizar información, así como en negligencia, falta de ética e insensibilidad, concluye.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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