La poca eficacia de la Fiscalía Anticorrupción está relacionada con recortes presupuestales, subejercicio de recursos públicos, escasez de personal y falta de capacitación de los ministerios públicos. La desproporción entre la carga de trabajo y los recursos disponibles es tal que un agente adscrito a esta fiscalía tiene en promedio 50 carpetas de investigación a su cargo.
De acuerdo con dos distintas solicitudes de información pública, cuyos datos fueron sintetizados para esta nota, la FECC ha iniciado 3 mil 036 carpetas de investigación entre marzo de 2019 —fecha de su creación constitucional— y octubre de 2022.
Los expedientes fueron iniciados por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, intimidación, encubrimiento y fraude.
De esas carpetas, la fiscalía ha judicializado 111, lo que representa el 3.6% del total, conforme a las cifras revisadas. Y, de este total, solo ha obtenido siete sentencias condenatorias contra funcionarios federales: dos en juicios orales y cinco en juicios abreviados.
Animal Político solicitó un posicionamiento a la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, pero no hubo respuesta.
Personal insuficiente
La FECC nació en marzo de 2019, como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en FGR, con la que se le dotó de autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo.
Pero la naciente fiscalía no contó con presupuesto etiquetado para su primer año de operación, de modo que otras áreas de la FGR tuvieron que transferirle recursos humanos y financieros.
“En este contexto, si bien se recibieron denuncias competencia de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción desde el primer día, no se tuvieron las condiciones para abrir una carpeta de investigación sino hasta el mes de mayo (de 2019), fecha en la cual se comisionaron a tres ministerios públicos. Pero fue hasta el mes de julio cuando se estuvo en posibilidad de comenzar a realizar las investigaciones conducentes en virtud de que, a partir de ese momento, se contó con el personal mínimo necesario para realizar todos los pasos que las diligencias ministeriales requieren”, expuso la fiscal Mijangos en su informe de labores de 2019 remitido al Congreso.
Allí, la funcionaria explicó que el arranque de la nueva FECC también se vio frenado por la falta de capacitación de los ministerios públicos en el nuevo sistema penal oral.
“El sistema penal acusatorio sigue constituyendo un reto (…) A pesar de que desde el 2016 se abandonó el sistema penal mixto, hay inercias que se conservan. Los ministerios públicos comisionados a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en su mayoría no habían participado en juicios orales, no habían integrado carpetas de investigación de acuerdo con el sistema penal acusatorio, ni están capacitados aún en las destrezas del litigio. Esto ha complicado la determinación de las carpetas de investigación en los casos en los que debe vincularse a proceso a una persona denunciada”, señaló Mijangos.
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Anticorrupción pasó de tener 23 agentes del Ministerio Público a 61 en la actualidad.
Pero, aunque la cantidad de funcionarios especializados ha ido paulatinamente en aumento, es aún mayor el número de expedientes que deben integrar.
Conforme a las cifras obtenidas por transparencia, se iniciaron 773 carpetas de investigación en 2019, 794 en 2020, 854 en 2021 y 615 a octubre de 2022.
Esto significa que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo, en promedio, 50 carpetas al mismo tiempo.
Recortes y subejercicio presupuestal
El 2020 fue el primer año en el que la Fiscalía Anticorrupción gozó de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
No obstante, desde su creación, ha sufrido recortes a su presupuesto asignado, o bien, este no se ha ejercido.
Por ejemplo, para 2020, la Cámara de Diputados le asignó mil 100 millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio fiscal se le recortaron 31.3 millones, según información de la Cuenta Pública.
Del presupuesto que le quedó, de 78.6 millones de pesos, la FECC ejerció 61 millones 941 mil 686. Es decir, a pesar de la falta de personal capacitado, se quedaron sin gastar 16 millones 668 mil 845 pesos.
En 2021, los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción en el PEF aumentaron a 123 millones 531 mil 300 pesos. Sin embargo, una vez más, la institución sufrió un recorte, ahora de 56.9 millones de pesos (casi la mitad de lo que se le otorgó originalmente).
Ese año, la fiscalía gastó los 66 millones 597 mil 835 pesos que le quedaron, es decir, no hubo subejercicio.
Para 2022, la FECC obtuvo recursos del PEF por 174 millones 792 mil 336 pesos. Si bien esta vez no se le aplicaron reducciones, durante la primera mitad del año ejerció solo 31 millones 867 mil 101 pesos, de acuerdo con datos más actuales de la Cuenta Pública, es decir, solo el 18% del total de su presupuesto anual.
En el proyecto del PEF 2023, a la Fiscalía Anticorrupción se le destinan 223 millones 363 mil 087 pesos, el gasto más elevado desde su creación. Sin embargo, es probable que durante el ejercicio fiscal del próximo año nuevamente se le apliquen recortes o que la institución incurra otra vez en subejercicios.
Las investigaciones
La FECC nació con la encomienda de combatir la “gran corrupción” en el gobierno, pero también los casos aislados, tomando en cuenta que en los casos participan no solo servidores públicos, sino también, muchas veces, empresarios.
Según los informes de labores de la Fiscalía Anticorrupción correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 —los únicos disponibles—, la mayoría de los funcionarios contra los cuales se han iniciado carpetas de investigación pertenecen a Pemex, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, la extinta Policía Federal y la Sedatu.
De las 3 mil 036 carpetas abiertas por la FECC, en 305 casos se determinó la incompetencia de la fiscalía para investigar, en cuyo caso, a veces, los expedientes se turnan a otras áreas de la FGR. En otros 114 casos, se determinó la abstención de investigar, y en otros 277 se determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por transparencia.
Solo 111 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez federal.
Uno de los asuntos donde la FECC logró la vinculación a proceso de funcionarios públicos —al considerar el juez que existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de que se les acusó— fue por un caso de corrupción al interior del INE, en relación con un contrato adjudicado de manera irregular a una empresa de eventos.
Otro caso judicializado está relacionado con una pugna entre el IMSS y la Secretaría de Hacienda por la centralización de los recursos en la Oficialía Mayor, que habría causado una parálisis presupuestal y desabasto de medicamentos, tal como documentó Animal Político.
Conforme a los datos obtenidos mediante solicitudes de información, solo en siete casos de las 111 carpetas judicializadas se logró una sentencia condenatoria en contra de funcionarios federales.
Dos de esas sentencias se obtuvieron en juicios orales. En un caso, por el delito de cohecho, el juez impuso a un funcionario una pena de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por 292 días para desempeñar cargos públicos. En el segundo asunto, por el delito de peculado, se impuso una pena de un año y cuatro meses de cárcel, multa de 5 mil 660 pesos, inhabilitación por seis años y ocho meses para ejercer cargos públicos, y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.
Ha habido otros grandes casos de corrupción que, sin embargo, no son investigados desde la FECC, sino desde la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por Juan Ramos López, mano derecha del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Un ejemplo de esta situación ocurrió en el caso de la investigación contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, y otros funcionarios por presuntamente favorecer desde su cargo público a la empresa Aleática, antes OHL. De acuerdo con autoridades de la FGR, ese expediente se armó en la Fiscalía de Asuntos Internos y de ahí se derivó a la fiscalía de Ramos, sin pasar por las manos de la fiscal Mijangos.
Otro caso es el de la corrupción millonaria en Segalmex, cuyo daño al erario asciende a 9 mil 500 millones de pesos. El primer expediente se integró en la Fiscalía Anticorrupción, pero después pasó a manos del fiscal Ramos, desde donde se conducen las indagatorias actualmente. Incluso, una nueva carpeta de investigación por el caso Segalmex se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dejando fuera de la investigación a la fiscalía de Mijangos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario