Las organizaciones y víctimas denunciaron que el Ejército mantuvo actividades de espionaje durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, esto a pesar de que el Presidente había reiterado que no realizaría estas acciones ilegales durante su Gobierno. Debido a esto, los actores de la sociedad cuestionaron el poder de las Fuerzas Armadas.
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Las filtraciones que han dado a conocer en los últimos días la prensa dan cuenta, por un lado, del poder que tienen los militares sobre la vida civil en el país, en labores de construcción y de cuidado del Presidente, y, por el otro, cómo dentro de la Sedena se contravino una de las principales promesas de López Obrador al emplear el malware Pegasus para espiar a por lo menos dos periodistas —a Ricardo Raphael y a un reportero del sitio Animal Político—, así como al activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
“Es evidente el poder que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas. Esta es sola una demostración de poder; el hecho de que usen Pegasus para espiar a personas civiles, particularmente defensores de derechos humanos y periodistas; lo pueden hacer contra políticos, lo pueden hacer contra empresarios, cuando deberían estar enfocados en actos de seguridad nacional y terrorismo. Hay otras demostraciones de poder en el actual Gobierno, como son su participación creciente en tareas de seguridad pública o en tareas que les corresponden civiles: administrar puentes, construir carreteras, construir bancos, construir escuelas, vigilar las casetas de peaje, etc. Toda esa presencia militar en las calles o presencia naval en los puertos evidencia su permanencia, su poder“, comentó Ramos en entrevista con SinEmbargo luego de haber asistido a la conferencia “Ejército Espía”, convocada por las organizaciones de defensa de derechos humanos como el Centro Prodh, Artículo 19 y la R3D.
No se trata de los únicos objetivos, como se ha reportado a través de la filtración de la información del Ejército. Por ejemplo, el diario El País indicó que la Sedena también ha vigilado a los indígenas zapatistas en las montañas de Chiapas, mientras que el diario El Sur de Acapulco detalló que la Secretaría de la Defensa monitorea las actividades de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra. A esto se suma el espionaje de múltiples colectivas feministas, entre ellas Coordinadora 8M, Colectiva Aquelarre Feminista, Brujas del Mar y Colectivo Más Mujeres.
Debido a esto, las organizaciones y víctimas exigieron al Gobierno federal que un mecanismo independiente e internacional investigue el espionaje ilegal a manos de esta administración y anteriores, y que la Fiscalía General de la República (FGR) conduzca una investigación exhaustiva e imparcial para identificar a los autores materiales e intelectuales de dichas acciones, aunque admitieron tener poca confianza en la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Estas revelaciones se dan en un momento en el que el desempeño de las Fuerzas Armadas es cuestionado por lo opositores del Gobierno de López Obrador, quienes buscan impedir en el Congreso que se extienda hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en las tareas de Seguridad Pública que desempeñan en respaldo de la Guardia Nacional.
También coinciden con los informes que han publicado el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) sobre cómo el Ejército dio seguimiento en tiempo real a la desaparición de los 43 normalistas durante la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014, así como la presunta participación de elementos castrenses en la desaparición de los jóvenes, respectivamente.
“Si bien es cierto que este ataque involucra directamente al Ejército, también la inteligencia naval está muy metida en el espionaje telefónico. También hay que tener en cuenta que no solamente se espía a través de aparatos telefónicos, se espía a través de redes sociales, a cuentas de correos electrónicos, en ocasiones de manera personal y finalmente es un atentado de libertades, las libertades que como ciudadanos tenemos”, comentó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
“USAN SU PODER PARA SUS INTERESES”
Directores de las organizaciones Artículo 19 y R3D, quienes acompañaron a las víctimas, indicaron que existe la posibilidad de que la dependencia, a cargo del General Luis Cresencio Sandoval, haya ocultado la contratación de estos servicios de espionaje al mismo Presidente López Obrador, quien ha negado en reiteradas ocasiones que en su Gobierno se realicen estas acciones contra defensores de derechos humanos y periodistas.
“Lo ha dicho decenas de veces, y me sorprendería mucho que el Presidente, a sabiendas de que era falso, lo dijera tantas veces”, apuntó Luis Fernando García, quien encabeza R3D. “El Presidente tiene que tomar una decisión: o arropa a las Fuerzas Armadas, o enfrenta la realidad y la evidencia y se da cuenta que ha estado cometiendo un grave error depositando tanta confianza en las Fuerzas Armadas para todo tipo de tareas que no le corresponden, y que están aumentando su poder, generando mayor riesgos de abuso como los que hemos estado denunciando”.
Por esta razón, el abogado remarcó que el Ejército se ha hecho de un poder que utiliza para su propia agenda política. “El Ejército tiene tanto poder, y está usándolo de manera política para sus propios intereses, independientemente de lo que su supuesto comandante supremo [el Presidente] les diga. Es un poder autónomo, prácticamente; en muchos casos superior al del propio Presidente y eso es algo que en una democracia no se puede permitir”.
En este sentido, García también hizo un llamado a que el Congreso de la Unión reflexione sobre las reformas que pretenden que el Ejército permanezca en las calles durante otros seis años, pues apuntó que los legisladores han dado “cheques en blanco” a las Fuerzas Armadas a pesar de que han cometido violaciones a derechos humanos.
“No es cierto que el Ejército sea distinto al que existía antes; la tesis que decían antes es que ellos violaban derechos humanos porque se les ordenaba violar derechos humanos. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Se les ordenó espiar o desobedecieron las órdenes presidenciales? Si desobedecieron las órdenes presidenciales, esa tesis se destruye, y es una deslealtad del Ejército mexicano al Presidente”.
A partir de las denuncias de la intervención de comunicaciones por parte de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización de derechos digitales R3D solicitó en diversas ocasiones a la dependencia y otras instituciones gubernamentales, por medio de solicitudes de información, dar a conocer si existían contratos con empresas ya detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e investigaciones periodísticas, por comercializar programas de monitoreo como Pegasus, incluyendo Comercializadora Antsua.
En la solicitud de información 0000700340519 con fecha del 16 de diciembre de 2019, la organización requirió a la Sedena informar para el periodo del 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud los contratos, facturas y cualquier otro documento relacionado “con la adquisición o contratación de cualquier producto o servicio prestado, diseñado, producido o comercializado” por las empresas Blitz Corp., Antsua SA de CV, Comercializadora Antsua, UPSEC o Nemecisco.
La Secretaría indicó que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, “no se encontró evidencia documental que permita atender su requerimiento”.
“En el caso de la Sedena, preguntamos específicamente sobre Antsua, y nos negaron la información”, reclamó Luis Fernando García, director de R3D. “Nos contestaron que no tenían contratos con esta empresa, a pesar de que ahora, a partir de la información que conocemos derivada de las filtraciones que se han generado por la Guacamaya, conocemos que esos contratos existían, tenían número y están en la investigación de Ejército Espía. Hay la necesidad de esclarecer por qué nos mintieron, y no nada más a nosotros, también le mintieron la Auditoría Superior de la Federación que les requirió información sobre estos contratos, y que no han contestado, e insisto, también en la carpeta de investigación de la Fiscalía de la República”.
“No son coincidencias, ni fue un error. De manera sistemática, [la Sedena] ha negado la existencia de contratos que existieron”, concluyó.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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