Los diez comuneros fueron imputados luego de que retiraron una torre de fierro construida de manera ilegal en las tierras comunitarias invadidas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, que usurpó 20 hectáreas del territorio coca de Mezcala por más de 20 años.
Las organizaciones y habitantes de la comunidad señalaron que la denuncia contra los diez comuneros fue presentada en 2011 por Moreno Ibarra, y que desde entonces los defensores han enfrentado un proceso sin que se les reconozca como habitantes de una comunidad indígena ni los derechos que como indígenas tienen.
En los próximos días, los magistrados de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Especializada en Justicia para Adolescentes, deberá emitir una resolución sobre el Procedimiento Especial de Reconocimiento de Inocencia que emprendieron la comunidad de Mezcala y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), por lo que los activistas exigieron que la sentencia sea a favor de los comuneros criminalizados.
De acuerdo con los pobladores, se debe reconocer que la actuación de las diez personas comuneras que retiraron la torre de fierro instalada en la tierra invadida constituye el ejercicio de sus derechos humanos y, por tanto, no cometieron delito alguno.
AUTOR: REDACCIÓN.
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