No hay un documento en los correos obtenidos por Guacamaya sobre los temas tratados en el cónclave militar del 7 de julio. La única pregunta que los tres generales enviaron a Cresencio Sandoval fue sobre qué vestimenta deberían usar en el desayuno.
De acuerdo con la información obtenida por el grupo de hackers Guacamaya, a la que SinEmbargo tuvo acceso, el General Secretario recibió de su ayudantía una tarjeta informativa en la que le anunciaban que los generales de división Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Zepeda aceptaban reunirse con él en el octavo piso de la Secretaría.
Sería una reunión de los altos mandos —como se les identifica a los titulares de la Sedena— de cuatro Presidentes: Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó la iniciativa para darle un marco de acción al Ejército para que fuera el encargado de las tareas de seguridad pública hasta 2028.
Esta reunión se daría en un contexto de complejidades para la Sedena y para los generales en particular.
Un mes antes, el 22 de junio, se anunció la apertura casi total del Campo Militar Número 1 para la Comisión de la Verdad sobre los hechos cometidos durante la Guerra Sucia. Ese mismo día, en el mismo evento, Cresencio Sandoval anunció que habría también un reconocimiento para los elementos que “cayeron” en cumplimiento de órdenes, lo que desató protestas de los familiares de víctimas de tortura y desaparición forzada.
Uno de los invitados al desayuno, Cervantes Aguirre, está directamente relacionado con la violencia en contra del Partido de los Pobres, el grupo guerrillero de Lucio Cabañas. Hoy su familia es de las que encabeza la búsqueda de verdad y justicia.
Cervantes Aguirre fue Jefe de Estado Mayor Presidencial en Chilpancingo en el momento de mayor ataque a la guerrilla de Lucio y que culminó con su asesinato el 2 de diciembre de 1974.
Un texto de Carlos Fazio, periodista e investigador, publicado en La Jornada con motivo de la apertura del Campo Militar, aborda la participación de Cervantes Aguirre en la operación de los “vuelos de la muerte”:
“La ruta de la muerte, como se llamó al traslado de prisioneros políticos en camiones refrigerados a la Base Aérea Militar 7, en Pie de la Cuesta, Acapulco (adscrita a la 27 Zona Militar, cuya comandancia ocuparon durante la guerra sucia los generales Enrique Cervantes Aguirre y Eliseo Jiménez Ruiz), de donde partieron los vuelos de la muerte con 143 presuntos guerrilleros […] que fueron ejecutados y arrojados al mar desde un avión Arava IAI-201 en las costas de Oaxaca”.
Otro de los factores que le da importancia a Cervantes Aguirre en la actualidad es que es considerado de los pocos militares de alto rango que participaron en ese periodo y que aún vive.
Además de ese tema en su historial, Cervantes Aguirre quedó en la lista de autores intelectuales de la matanza de indígenas tzotziles en Chiapas, en la conocida masacre de Acteal. De acuerdo con el decreto de disculpa, Cervantes Aguirre, como titular de la Sedena, ayudó en la implementación de la estrategia de contrainsurgencia en esa zona y permitió la consumación de la masacre.
Otro de los invitados fue Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena con Felipe Calderón. Una de las piezas clave durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por el panista, en la cual determinó que el Ejército dejara los cuarteles para atender problemas de seguridad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que durante de 2006 a 2012, recibió cerca de 7 mil 500 quejas por distintas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tres de cada cuatro recomendaciones que emitió la dependencias relacionadas con el derecho a la vida en ese periodo estuvieron dirigidas a las fuerzas armadas.
La organización ha documentado que la Sedena incurrió en ese periodo —de 2006 a 2012— en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, delito que tuvo un incremento notorio, ya que la CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2 mil 020 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 quejas recibidas antes de 2007.
A pesar de que esos conteos se hicieron tras la salida de Calderón, durante esos años esa violencia fue palpable y desató críticas que fueron contrarrestadas con dichos del propio Galván quien en abril de 2010, en el auge de la guerra, dijo que el Ejército se debería mantener entre 5 y 10 años más en las calles y propuso se legislara para que las Fuerzas Armadas tuvieran más facultades para combatir al narcotráfico como el permitir a los soldados entrar a domicilios por delitos en flagrancia o sospecha; interrogar a detenidos antes de entregarlos a las autoridades civiles e intervenir comunicaciones.
El tercer invitado fue Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena con Peña Nieto y quien protagoniza uno de los episodios más polémicos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En octubre del 2020, Cienfuegos Zepeda fue detenido en Estados Unidos por acusaciones de nexos con el crimen organizado cuando fue Secretario de Estado y salió a la luz que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lo investigaba desde 2017.
Días después, el Gobierno de México se movilizó para traerlo al país; la Fiscalía General de la República (FGR) tomó el caso y casi tres meses después anunció que no ejercería acción penal en su contra porque no había elementos suficientes.
Cienfuegos calificó esa detención como arbitraria, injusta y humillante. López Obrador dijo que la DEA fabricó delitos en contra del General y cargó con las críticas de la exoneración.
La cita que pidió Luis Cresencio Sandoval fue para el 7 de julio, fecha en la que ya estaba el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que tiene entre sus principales conclusiones la participación directa de militares en la desaparición de los 43 estudiantes.
El General Cienfuegos siempre deslindó a los militares y evitó que fueran llamados a declarar por este caso. Sostuvo que el Ejército no tuvo ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. El informe dice lo contrario: el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Hasta el momento no ha ocurrido.
No hay un documento en los correos obtenidos por Guacamaya sobre los temas tratados en el cónclave militar del 7 de julio. La única pregunta que los tres generales enviaron a Cresencio Sandoval fue sobre qué vestimenta deberían usar en el desayuno.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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