Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, reenvió la misiva a los titulares de la secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal como asunto “urgente”, solicitando una respuesta del Estado mexicano a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre la compatibilidad convencional y constitucional de un posible acuerdo como el que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia matutina del día 8 de ese mismo mes.
La CIDH alertó en el documento que una decisión de esa naturaleza contravendría los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
La respuesta del gobierno mexicano, que también forma parte de los millones de documentos filtrados, no se hizo esperar. El 16 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó en el oficio 114/CFEJ/CACCC/CDL/227795/2022 que no era posible emitir un pronunciamiento porque el “tema sobre el que versa la solicitud (se) fundamenta en meras especulaciones”. Sin embargo, mintió.
No sólo el presidente había hecho el anuncio público de que preparaba un acuerdo presidencial “para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, sino que, un mes antes, la Sedena presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo con documentos hackeados a la Sedena, como publicó Proceso en su sitio web la semana pasada, la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la Sedena tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El artículo 71 de la Constitución señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos que junten un número de firmas equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores. Mientras que el artículo noveno dice que sólo los ciudadanos pueden reunirse para tomar parte de asuntos políticos y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Además, el Artículo 17 de la ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, de manera directa o indirecta, salvo quienes gocen de licencia.
Los proyectos de la Sedena
El enlace entre los militares y la Presidencia para la redacción de las reformas fue el general brigadier de Justicia Militar Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, según los documentos filtrados.
Bonilla Muñoz envió el 1 de julio de 2022 a la maestra Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, un oficio en el que le dio a conocer que el 29 de junio anterior, en una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Sedena informó que tenía dos proyectos de reforma en materia de la Guardia Nacional.
El primer proyecto, llamado plan A, consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
También incluía que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la Sedena.
Además, proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
“En concordancia con el reconocimiento de la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas permanentes del Estado mexicano”, dice la iniciativa.
Mientras que el plan B era saltarse la Carta Magna, ignorar el artículo 21 constitucional que establece que la GN es una institución policial de carácter civil y que su adscripción es a la SSPC, y reformar sólo leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Lo anterior con el fin de que se modificaran varios artículos, entre ellos el 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que a la Sedena le correspondiera “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.
En este contexto, en junio pasado, la hoy moribunda alianza Va Por México, entre PAN, PRI y PRD, bajo el auspicio del magnate Claudio X. González, advirtió una moratoria constitucional para paralizar las pretensiones de López Obrador de reformar la Constitución, sobre todo en materia electoral y de Guardia Nacional. Morena y sus aliados requieren de los votos de algunos opositores para poder hacer reformas constitucionales, pues se requiere de mayoría calificada, esto es dos terceras partes de los votos de los presentes en la sesión.
Así, en momentos en los que el partido en el poder no tenía los votos suficientes para echar a andar el plan A del Ejército, en tanto el acuerdo presidencial había sido descartado porque no podía estar por encima de la ley, se puso en marcha el plan B. Para ello sí tenían los votos, pues se necesita de mayoría simple en el Legislativo.
Entonces, el plan B pasó de ser un power point a un proyecto de iniciativa en forma. Durante julio y agosto, la Sedena trabajó en la iniciativa de manera consensuada con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, como consta en varios oficios y correos hackeados. Antes, durante junio, también según documentos oficiales, se habían instalado mesas entre la Secretaría de Gobernación, la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa final
El 25 de agosto, ya se tenía la reforma que se discutió en el Congreso en septiembre. Ese día, el general brigadier Pedro Bonilla Muñoz envió a la consejera Lenia Batres un correo electrónico con la iniciativa final.
“En cumplimiento a la instrucción del C. Presidente de la República para impulsar una reforma a las Leyes Secundarias en Materia de Guardia Nacional y en relación con la reunión de trabajo llevada a cabo el día 19 de agosto del 2022, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, adjunto se remite a usted, en archivo electrónico, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones secundarias en materia de Guardia Nacional en la cual se incluyeron las adecuaciones realizadas por esa Consejería”, escribió el general.
Y añadió: “Por lo anterior se solicita a usted que previa revisión y consenso del citado proyecto, permanezca en el mismo la expresión ‘Mando Operativo y Administrativo’ y se continúe con el trámite correspondiente”.
En este documento adjunto se determinó que la redacción del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedara de la siguiente forma: corresponde a la Sedena “ejercer el control operativo y administrativo de la GN”. Mientras que en el artículo 30 de dicha ley, le dejaron a la SSPC la “adscripción” del cuerpo policial-militar.
Mientras que en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional establecieron que el titular de la Sedena estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando. En el 13 bis dieron al titular de la dependencia la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica y autorizar sus planes y programas. En el 14 le dieron la facultad para ser quien propone al titular de la comandancia al presidente de la República.
El espíritu de los cambios que proponían en materia presupuestal en la reforma constitucional quedó plasmado en los transitorios, en los que se dispone que la SSPC transferirá a la Sedena en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.
En el artículo 57 se indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”. Todo lo anterior fue aprobado en septiembre en el Congreso.
El 31 de agosto, tras recibir el visto bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el impacto presupuestario del proyecto, continuó el trámite para hacer llegar la iniciativa al Legislativo.
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de los militares a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el 3 de septiembre, avalada en el Senado el día 8 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9.
Mientras todo esto ocurría, otra iniciativa surgió por el cabildeo de los priistas y el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, según dijeron fuentes del PRI a este semanario (reportaje El PRI se parte... y la coalición opositora se resquebraja, edición 2393 de la revista Proceso).
El 2 de septiembre la diputada Yolanda de la Torre del PRI presentó la polémica iniciativa para ampliar la intervención militar en tareas de seguridad hasta 2028, que provocó que la Coalición Va por México cayera en su peor crisis.
Seis días después el general Sandoval González recibió en las instalaciones de la Sedena a los diputados del PRI. En la mañanera del día siguiente, el mando militar contó que les expuso la necesidad de la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública más allá de 2024, así como la adscripción de la Guardia Nacional a su institución. Sandoval también reprochó que las administraciones anteriores nunca les dieron el marco legal para actuar en tareas de seguridad.
“¿Y qué situación llevaba?, pues precisamente que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja, hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión”, dijo el general secretario el 9 de septiembre.
Aunque Sandoval González aseguró que no les exigió nada a los priistas, ahora está documentada su intromisión en el Legislativo gracias a la mayor filtración en la historia de la institución.
Reportaje publicado el 9 de octubre en la edición 2397 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
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