El exgobernador, además de contar una orden de aprehensión girada en su contra, también tiene una alerta migratoria para evitar su fuga del país; se le acusa de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso de amparo quedó registrado con el número 2477/2022 y fue promovido por el Juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado del Octavo Distrito de Tamaulipas.
El mismo Juez que le otorgó, además, una suspensión provisional solicitada para el único efecto en que, en caso de que se requiriera prisión preventiva oficiosa de acuerdo a los delitos que se le imputaran, quede a disposición del juzgado de Distrito en el lugar en que llegue a ser recluido la libertad personal de Cabeza de Vaca.
El Juez de amparo programó la audiencia incidental para el próximo 20 de octubre para resolver si se otorgará la suspensión definitiva contra los actos reclamados.
Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.
El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.
La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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