La deuda, reportada por Proceso (No. 2381), derivó del incumplimiento de un contrato firmado en el año 1999 por la SSP-DF, encabezada entonces por Gertz Manero, para la compra de ocho mil 995 chalecos antibalas con la empresa A. P. American Protective, S. A. de C. V.
Desde un inicio, el gobierno de la Ciudad de México fue condenado a cumplir con el pago de 2 millones 17 mil 128.75 dólares americanos pactados con la empresa y en los mismos términos del contrato de 1999 que estableció la entrega de una carta de crédito expedida por el banco Bital.
Hasta la fecha el gobierno capitalino ha tramitado toda clase de recursos para evitar el cumplimiento de las resoluciones en las que se le ordena pagar los chalecos. En el camino, la administración capitalina ha pagado, desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, más de 100 mil pesos en multas.
En julio pasado Sheinbaum perdió un amparo que tramitó contra la condena de pago en la que se estableció que, para cumplir, se deben ajustar las condiciones a la realidad actual, es decir, pagar la deuda conforme al tipo de cambio actual, para lo cual el gobierno de la Ciudad de México recibiría la cantidad de chalecos correspondientes a los más de 2 millones de dólares al precio actualizado, mismo que en este tiempo se multiplicó.
Además, se ordenó al gobierno capitalino que la carta de crédito no sea expedida por el banco Bital, debido a que este dejó de existir hace más de dos décadas, sino por HSBC, institución bancaria que absorbió la cartera de Bital.
Sin embargo, el 4 de agosto pasado, Sheinbaum presentó un escrito ante el juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México, con el que inició un Incidente de Imposibilidad de Incumplimiento de la Sentencia.
Sin embargo, la aspirante a la Presidencia de la República afirmó al juez que desde marzo pasado la Secretaría de Seguridad Ciudadana le solicitó realizar los trámites necesarios para cumplir con la condena.
Por lo que la Secretaría, encabezada por Omar García Harfuch, solicitó al Congreso de la Unión la autorización de la expedición de la carta de crédito, es decir, que le entreguen los recursos para pagar a la empresa.
Sin embargo, la Cámara de Diputados consideró inviable la petición de la SSC-CDMX.
“Resulta Inviable jurídicamente que esta Soberanía autorice la emisión de una carta de crédito al Gobierno de la Ciudad de México, en los términos resueltos con fecha 20 de agosto de 2019 por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca número 1940/2000/28, toda vez que como se advierte en el procedimiento descrito con anterioridad, esta es una facultad que comparte con la Cámara de Senadores, que conjuntamente integran al Congreso de la Unión y como quedó dicho anteriormente, esta facultad constitucional es ejercida anualmente al momento de la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, no así cuando se desprenda de un mandato judicial sobre una relación entre un particular con un Gobierno local”, señaló.
“La forma idónea de gestionar la expedición de la Carta de Crédito planteada en el documento en estudio, derivado de la resolución judicial firme de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de lo Ciudad de México, en el Toca número 1940/2000/28 de fecha 20 de agosto de 2019, debe ser por medio de una solicitud de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dirigida a la Secretaría de Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que ésta última incluya dicha figura de endeudamiento público dentro de las propuesta de montos de endeudamiento anual que deberán incluirse a la Ley de Ingresos, mismos que serán sometidos a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para que, en su caso, ésta los envié dentro de su propuesta de deuda pública que hará llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, misma que a su vez deberá ser incluida dentro de la propuesta de paquete económico pero el Ejercicio Fiscal 2023 que deberá presentar el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a más tardar el día 8 de septiembre del presente año.
La SSC-CDMX también preguntó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) qué necesitaba para que se autorice la entrega de recursos como parte de la figura de endeudamiento público de la CDMX, pero esta autoridad respondió que el dinero para cumplir con la sentencia debe salir del presupuesto que la dependencia capitalina reciba el próximo año.
“La obligación de pago materia de la sentencia de referencia se debe cubrir con cargo al presupuesto de la unidad ejecutora de gasto y no así con financiamiento, por lo cual al ‘existir’ el recurso en dicho presupuesto no se requiere financiamiento alguno, por lo que la carta de crédito deberá ser tramitada por el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la modalidad sin financiamiento; por la cual no resulta necesaria ni procedente la participación de este Secretaría para su suscripción pues no es materia de deuda pública, y consecuencia no es necesario ni procedente que esta Secretaría modifique o establezca directrices de contratación de créditos por este caso, ya que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones en el presente oficio, la carta de crédito no conlleva financiamiento”, precisó la SHCP.
“Por otra parte, en caso de que la unidad ejecutora de gasto, no cuente con suficiencia presupuestal para hacer frente al pago de la obligación, este será un trámite interno presupuestal del propio Gobierno de la Ciudad de México, en lo cual no participa esta Secretaría”.
En consecuencia, el pasado 13 de septiembre, el juez de la CDMX declaró que el gobierno capitalino está imposibilitado jurídicamente para cumplir con el contrato firmado desde la década de los 90 con American Protective.
“De lo antes transcrito en los oficios se desprende que del resultado obtenido a las gestiones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para dar cumplimiento a la sentencia concluye que no se encuentra facultado para obligar a dichas instituciones a dar cumplimiento a la condena impuesta en los términos establecidos en la resolución de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, por lo que se encuentra ‘imposibilitado tanto material como jurídicamente’”, determinó el juzgador.
De acuerdo con los documentos a los que Proceso tuvo acceso, la empresa ya tramitó un recurso de apelación contra la sentencia que busca librar a Sheinbaum del pago de más de 2 millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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