jueves, 13 de octubre de 2022

Kuarichas en Michoacán: los cuerpos de seguridad que simbolizan la lucha de los pueblos originarios por tener autogobierno

Estos cuerpos de seguridad fueron reconocidos por el Congreso del estado mediante una reforma aprobada en julio. Aún falta que su reglamento entre en vigor, mientras las y los integrantes de pueblos originarios exigen que se respete su derecho a decidir el rumbo de sus comunidades.

“Kuaricha” es un vocablo purépecha que significa “aquel que cuida, resguarda, protege o que cubre”, y en el presente es usado por algunos pueblos originarios de Michoacán para denominar a los cuerpos de seguridad creados por la propia ciudadanía en las 24 comunidades que se rigen bajo el sistema de autogobierno.

El pasado 7 de julio, a 17 años de que fuera creado el primer autogobierno indígena en Michoacán, estos cuerpos de seguridad finalmente fueron reconocidos por el Congreso local, mediante una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. María Guadalupe Jiménez Galván, integrante del primer consejo indígena que gobernó el poblado de Arantepacua, de 2017 a 2019, señala que ese reconocimiento “es algo fundamental”, pues significa que las kuarichas “ya no son clandestinas, nuestra seguridad comunal ya no es ilegal”.

El primero de estos cuerpos de seguridad surgió en abril de 2017, luego de un operativo en el que la Policía Estatal disparó contra la población de Arantepacua. Ese día, “el cielo ya no era azul. Era gris, gris, gris, gris, gris, era como humo —recuerda María Guadalupe, en referencia al gas lacrimógeno lanzado por la policía—. ‘Ya nos van a matar, nos están tirando, no encuentro a mi papá, a mi hermano, mi mamá, no los encuentro, estoy sola, nos están matando’”.

Tras la agresión policial, que provocó la muerte de cuatro personas y lesiones a 750 más, la comunidad de Arantepacua expulsó de su territorio a los cuerpos de seguridad oficiales y formó su Comisión de Kuaricha, el cuerpo encargado de resguardar las entradas de la comunidad.

Este cuerpo funcionaba con lo que cada persona podía aportar, recuerda María Guadalupe. “Íbamos con lo que teníamos para poder defendernos: las señoras con los rebozos en la cintura, algunos cargando niños, yo me fui con las manos vacías, mi mamá también”.

A partir de ese momento, Arantepacua inició su lucha por el autogobierno, que no solo significa gestionar de forma colectiva las decisiones relacionadas con la vida de la comunidad, sino, además, tener acceso a los recursos públicos destinados al pueblo para su ejercicio directo.

Hasta antes del reconocimiento de las rondas comunitarias o kuarichas, estos cuerpos de seguridad operaban fuera de la ley, sin acceso a capacitación, portación legal de armas o equipo de protección necesario para cuidar a sus comunidades y territorios, acosados por grupos del crimen organizado, tanto narcotraficantes como talamontes.

Los 24 pueblos con autogobierno indígena en Michoacán siguieron el mismo ejemplo, y en la actualidad, todos tienen su propia kuaricha o ronda comunitaria.

“Nuestra lucha”

“Los pueblos originarios ya no confiamos en la policía de Michoacán, es por eso que estamos aquí, para exigir el reconocimiento”, explica un comunero de Arantepacua, micrófono en mano, en Morelia, la capital del estado, hasta donde han llegado los representantes de 12 comunidades indígenas que integran el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, para estar pendientes del debate sobre la legalización de las rondas comunitarias o kuarichas que ellos mismos han empujado.

Es la mañana del 7 de julio de 2022. La manifestación ha transcurrido con un solo contratiempo: un breve retraso en espera de la banda de viento que traería la comunidad de San Ángel Zurumucapio, ubicada a 88 kilómetros de Morelia, y que, tan pronto llega y empieza a tocar, pone a los contingentes en movimiento.

Los manifestantes avanzan hacia el Congreso y, aunque al inicio no hay acuerdo sobre las consignas a entonar, una de ellas se va generalizando: “¡Juchari Uinapekua!”, “¡Nuestra fuerza!”. La marcha va encabezada por las mujeres de Janitzio, que con la música hacen volar sus faldas y la bandera purépecha con sus colores morado, azul, amarillo y verde.

Los contingentes no solo marchan al sonido de la tuba, las trompetas y los clarinetes, sino que también bailan hasta llegar a la sede del Poder Legislativo y rodearla, pendientes de una bocina que reproduce la discusión de los diputados, mientras los integrantes de la kuaricha de cada pueblo cierran las calles aledañas.

Emancipación

La lucha de las comunidades indígenas por el autogobierno en Michoacán no solo ha implicado que asuman la administración pública en sus localidades, sino también pelear por la vía jurídica para que estas estructuras de organización sean reconocidas y reciban recursos para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

“De manera histórica, los pueblos originarios han estado relegados del apoyo del gobierno —explica Alejandra González, integrante del Colectivo Emancipaciones, que ha acompañado este proceso de lucha legal—. Una de las principales razones para buscar la autonomía es la necesidad de que el presupuesto llegue a cada una de las comunidades, ante la desigualdad, el abandono, la discriminación y el reparto inequitativo que decidían los gobiernos municipales. Esto hacía que las comunidades tuvieran un rezago que se notaba en su infraestructura. Era cuestión de ir a las comunidades y ver el abandono que tenían, la falta de obra, de servicios”.

En 2015, a través de un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la localidad de Cherán obtuvo su autonomía y, luego, a través de juicios similares o de amparos, siguieron su ejemplo Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y Santa Fe de la Laguna.

Finalmente, el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas promovió una reforma a la Ley Orgánica Municipal, aprobada en 2021, que reconoció sus gobiernos autónomos y su derecho al ejercicio directo del presupuesto, pero aún existía la incertidumbre en un aspecto fundamental: la seguridad en sus comunidades.

“Si las comunidades con autogobierno no tenían un mecanismo jurídico que las protegiera, pareciera que las kuarichas estuvieran actuando sin ese reconocimiento; por eso, las comunidades no solo lucharon por el autogobierno y el presupuesto directo, sino también por el reconocimiento de sus cuerpos de seguridad”, dice Alejandra González.

Pero el 18 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la controversia constitucional 56/2021, determinó como inválidos los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica Municipal, que garantizaban el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas y el acceso a su presupuesto directo, para las comunidades pertenecientes al municipio de Tangamandapio.

La resolución se dio luego de que el ayuntamiento de Santiago Tangamandapio interpusiera una controversia en contra de la ley mencionada, con el fin de evitar que los pueblos de La Cantera y Tarecuato pudieran ejercer su autogobierno. 

Este fallo preocupa a las comunidades que ejercen el autogobierno pertenecientes a los municipios de Zitácuaro (Crecencio Morales y Donaciano Ojeda), Erongarícuaro (Jarácuaro) y Nahuatzen (Arantepacua), pues sus cabeceras municipales están trabajando con el mismo grupo de abogados que interpuso la controversia.

Victoria incompleta

“¡Pongan atención, compañeros, los diputados que voten en contra son traidores de las comunidades originarias!”, grita un comunero de Arantepacua a la multitud reunida afuera del Congreso. El silencio se hace presente y toda la gente queda atenta de lo que dirán los 29 diputados que se preparan para votar.

Dentro del Congreso se encuentra una comisión del frente integrada por comuneros que fueron elegidos por cada una de las comunidades presentes para presenciar la votación.

“A favor…”, se escucha decir a los legisladores, uno a uno. La votación termina adentro. Afuera, la tensión se mantiene, pues no ha quedado claro el resultado de la votación, hasta que desde la bocina se escucha que la segunda secretaria del recinto anuncia: “29 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, una reserva”.

Dentro del Congreso, los diputados aplauden, solo para ser interrumpidos por el grito de la comisión del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas —“¡Juchari Uinapekua!”—, mientras se levantan y mantienen el puño izquierdo en alto.

Entonces se desatan los aplausos, gritos y abrazos afuera del Congreso, toca la banda y el baile inicia nuevamente, mientras Lulú, una comunera de Cheranatzicurin, enarbola su bandera purépecha y con una sonrisa da vueltas con ella.

Sin embargo, la euforia se pausa por un instante cuando la diputada Gabriela Cázares Blanco, del PT, advierte en tribuna que la reforma aprobada no podrá entrar en vigor sino hasta que se apruebe su reglamento. Aunque la legisladora pide al resto de los diputados que enmienden esta situación, no obtiene apoyo.

“Todavía consideramos que es insuficiente la reforma —explica la diputada en entrevista posterior—. A pesar de que se aprobó el reconocimiento de las kuarichas, un artículo transitorio pone como condición que primero se realice y apruebe un reglamento donde se establezca cómo es que funcionarán las guardias comunitarias. La resistencia en el Congreso se debió al prejuicio, es como decirle a las comunidades que pueden tener sus propias policías, pero solo de juego, como decirles ‘sí puedes, pero no tanto; sí te toca hacerte cargo, pero nada más hasta aquí’. Siento que es una forma paternalista de ver a las comunidades indígenas. Y esto no es adecuado, porque es violatorio de sus derechos”.

Un comunero de Arantepacua añade: “Se logró su aprobación, pero nos pusieron un candado, esta no es una victoria completa, pero es un paso hacia la victoria”.

Con el reconocimiento legal obtenido, una vez que sea discutido y analizado su reglamento, las kuarichas podrán trabajar y recibir el equipo necesario para su labor. Además, podrán coordinarse con cuerpos policiacos de otros niveles de gobierno.

Las comunidades indígenas ahora se encuentran a la espera de que el reglamento abarque las particularidades y el respeto a usos y costumbres de los pueblos, sin transgredir su forma de organización. A esto se suma la preocupación de las comunidades que ahora se enfrentan al nuevo fallo de la SCJN contra su autogobierno. 

Tras la votación, las puertas del Congreso se abren para dejar salir a la comisión del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas invitada al pleno. Con los puños en alto, sus integrantes son recibidos por la multitud al grito de “¡Juchari Uinapekua!”, una nube de confeti, dulces y agua. La banda comienza a escucharse más fuerte, las lágrimas corren por los rostros de los y las comuneras, que bailan y se abrazan.

“Los kuaris son ídolos, son superhéroes —subraya María Guadalupe—. Si vas y le preguntas a un niño qué son los kuaris, te van a platicar qué función hacen, y hay niñas que sueñan con ser policía comunal, hay niñas que dicen ‘yo quiero ser kuari’”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NATALIA RUIZ, JACQUELINE SILVA.

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